La letra pequeña de las medidas de Rajoy para tomar el control de Catalunya

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido aplicar la versión más dura del artículo 155 de la Constitución ante el independentismo de la Generalitat catalana: todo dependerá de los ministros; desde el control de los Mossos hasta los impuestos y los medios de comunicación públicos.

Para evitar que la Generalitat se sirva de organismos privados como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) u Omniùm, muy activos en el proceso independentista el acuerdo aprobado en consejo de ministros dictamina que queda “prohibida la emisión, aprobación o dictado de cualesquiera actos, actuaciones, resoluciones, disposiciones, contratos, convenios, acuerdos o encomiendas a favor de entidades públicas o privadas que contravengan” estas medidas por parte “autoridades, cargos públicos y personal tanto del Parlamento de Cataluña como de cualquier órgano u organismo de la Administración de la Generalitat de Cataluña”.

Aunque fuentes de Moncloa han subrayado que no creen que haya problemas por el incumplimiento de estas medidas por parte de los funcionarios, tanto de la Generalitat como de la Administración del Estado en Catalunya, en el documento se recuerda “el deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación.

Medidas dirigidas a los responsables del Govern

El acuerdo especifica que el Gobierno está autorizado “a proceder al cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña, del Vicepresidente y de los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Las funciones que tenían estos cargos ”les corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno“.

La medida pone de relieve que “la competencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlament de Cataluña o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones autonómicas corresponderá al

Presidente del Gobierno“. Esta última competencia ”deberá ejercitarse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación por el Senado“, es decir, el Gobierno espera que en un plazo máximo de seis meses unos comicios autonómicos hayan solucionado la crisis política catalana.

“En cada departamento”, así, “el acuerdo del Consejo de Ministros da capacidad para nombrar a altos cargos. También hay que tener en cuenta que si el alto cargo incumple la tarea o persiste en una ilegalidad puede ser cesado. Por otro lado, el personal eventual del Gabinete cesa por Ley cuando cesa la autoridad que lo ha nombrado”.

“En caso de que haya una DUI”, afirman fuentes del Gobierno, “todavía hay tiempo hasta el debate en el pleno del Senado para hacer cambios en la ponencia y enmiendas, que vendrían a reforzar la posición del Gobierno o para modificar algunas medidas”.

“El Senado”, según fuentes del Gobierno, “tiene capacidad para adaptar las medidas a nuevas circunstancias. El Ejecutivo, por su parte, dará cuenta al Senado de la aplicación y ejecución de cómo funciona la aplicación del 155 cada dos meses”.

“El acuerdo permite que puedan ser nombrado algún órgano o autoridad ad hoc”. Esto es importante porque es la respuesta a la pregunta de qué puede pasar con el director general de TV3 o el mayor de los mossos.

Medidas en el Parlament

El Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña –que corresponderá al Senado–, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

“Al Parlament”, explica el Ejecutivo, “se le ha dado un tratamiento especifico porque parte de la elección directa de los ciudadanos: la presidenta, Carme Forcadell, es diputada y continúa en el ejercicio de sus funciones. Los cargos del Govern vienen de una elección derivada, no como la presidenta del Parlament. El Gobierno puede sustituir a los miembros del Govern y ejercer sus funciones, pero no del Parlament”.

Fuentes del Gobierno han explicado que “se mantienen las funciones legislativas del Parlament, si quieren pueden aprobar una ley, salvo que vaya en contra del 155 o en contra de la Constitución o del Estatut. Si el Gobierno, a través de la persona que designe, pone de manifiesto su disconformidad con una Ley aprobada por la Cámara catalana, primero lo explicitará en la mesa del Parlament, para que después el Gobierno pueda imponer su veto en un plazo de 30 días, de manera justificada”.

Seguridad y orden público

La autoridad que designe el Gobierno “podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los Mossos d´Esquadra. Estas autoridades podrán “acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en Cataluña y en el caso de que “sea necesario”, los mossos “serán sustituidos por efectivos” de la Policía y La Guardia Civil.

Área de gestión financiera, tributaria y financiera

Aunque el ministerio de Hacienda ya tiene el control de los gastos de la Generalitat bajo su tutela se van a tomar medidas “encaminadas a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

Entre estas medidas están destinadas a “garantizar que tanto los fondos que el Estado” destine a Catalunya y los que que corresponde recaudar“ a la autonomía ”no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista“ o contravengan las medidas del 155.

Telecomunicaciones y TV3

El Gobierno asume “las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”. Fuentes del Ejecutivo han explicado que es normal ya que la actividad de la Administración autonómica se realiza mediante aplicaciones tecnológicas dentro “del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña”.

Respecto a los medios públicos autonómicos el Gobierno apunta que “garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía”, que es lo que recoge el “artículo 26 de la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña.