Un total de 7.597 personas fueron internadas el año pasado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de las cuales 5.695 procedían directamente de pateras después de llegar de manera irregular a las costas españolas.
El Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJME) recoge estos datos en su informe sobre los CIE titulado “25,66”, que es la “media diaria de repatriaciones forzadas” que se llevó a cabo en este país en 2016.
Del total de las personas internadas en los CIE, solo un 29 por ciento fueron expulsadas, según el coordinador del SJME, Miguel González.
El año pasado, hubo 513 mujeres y se detectó la presencia de 51 menores, lo que, en opinión de la ONG, “habla de la necesidad de mejorar las identificaciones de entrada”.
Además, se presentaron 770 solicitudes de asilo en los CIE, de las que se admitieron a trámite un 20 por ciento.
González ha cuestionado los CIE, que nacieron como dispositivos para asegurar las repatriaciones, pero se utilizan como lugares de acogida y, durante los días de reclusión, presentan “una serie de deficiencias” que han motivado motines y fugas en 2016.
En España, hubo 9.241 repatriaciones forzosas de extranjeros (internados en los CIE o no) -25,66 al día- y 35.882 detenciones por estancia irregular -casi 100 personas al día-.
La ONG indica que existe una gran desproporción entre el número de órdenes de expulsión incoadas y ejecutadas, ya que finalmente se formaliza una por cada cinco abiertas.
El SJME ha llamado la atención sobre el elevado gasto público en seguridad y control en los CIE en comparación con la asistencia social a los internos.
En concreto, se invirtieron más de 300.000 euros en la mejora de instalaciones, 729.000 euros en asistencia sanitaria, 8,25 millones en alimentación, casi 12 millones en los vuelos de repatriación y 853.500 euros en la asistencia social subvencionada por Cruz Roja.
A lo largo de 2016, los equipos de la ONG realizaron 1.741 visitas y acompañaron a 658 personas en los CIE, a pesar de los cierres temporales de las instalaciones de Barcelona y Valencia.
En esas visitas, comprobaron que un 42 por ciento de las personas internadas llevaba residiendo en España más de diez años y un 36 por ciento acababan de llegar al país por mar.
El abogado Santiago Yerga, uno de los coordinadores del informe, ha indicado que se ha creado “una maquinaria administrativa muy engrasada, que tiene una lógica disfuncional”, al tiempo que ha reclamado protección para las víctimas de trata y los menores.
Los numerosos incidentes ocurridos en los CIE españoles durante 2016 ponen de evidencia que las personas internadas se encuentran “ayunas de información, de asistencia jurídica efectiva, de vestuario digno, de actividades de ocio y formación y ahítas de incertidumbre”, de acuerdo con la investigación.
Ante esta situación, el SJME insiste en reclamar el cierre de los CIE, a la vez que insta a los operadores jurídicos a acudir al internamiento solo como último recurso.
Igualmente, invita al Gobierno a explorar nuevas opciones distintas a la reclusión y la expulsión como dispositivos de acogida y residenciales gestionados por ONG, avales personales o fianzas económicas.
También solicita al Ejecutivo una mayor transparencia para facilitar la labor de las organizaciones sociales en la defensa y asesoramiento de las personas internadas, al tiempo que exige a la Administración la publicación de los datos de estancia y ocupación de cada centro con carácter anual.