La acusación popular ejercida por Podemos en el 'caso mascarillas' ha registrado este lunes un escrito en el que pide al juez la imputación de Alberto Luceño por un posible delito de alzamiento de bienes y otro de delito fiscal, respecto a la tributación de las excesivas comisiones que cobró por hacer de intermediario en la compra de material sanitario, de mala calidad y por encima de su precio de mercado, para el Ayuntamiento de Madrid. Además, solicita también que se amplíe la investigación a la sociedad Takamaka Invest S.L., la empresa del comisionista, por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Podemos considera que Luceño podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes al realizar “actos de disposición patrimonial sobre bienes que eran objeto de la presente investigación”. En concreto, se refiere en su escrito a tres vehículos de alta gama, que habría comprado con la comisión de cinco millones de euros que cobró por contratos de 11,9 millones y que habría vendido “con posterioridad a tener conocimiento formal de la iniciación de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal” por este caso y pese a la “advertencia” de que “dichos bienes podrían ser susceptibles de embargo”.
De hecho, la semana pasada, el juez no pudo embargar a Luceño la cantidad de 5,5 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en concepto de posible responsabilidad civil. Entre todas sus cuentas, tan solo encontraron 128.000 euros. Por eso, Podemos pide ahora también que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria aporte información sobre los bienes de los que el investigado y Takamaka Invest S.L. pudieran disponer en el extranjero para practicar los correspondientes embargos que, reclaman, deben alcanzar “como mínimo la tercera parte más de todo el importe de las ganancias obtenidas del delito”.
Como las operaciones de compra y transmisión de los vehículos, que se obtuvieron con las ganancias obtenidas del delito que se investiga, se habrían llevado a cabo a través de Takamaka Invest S.L, Podemos pide al juez que impute también a la empresa por un posible delito de alzamiento de bienes.
Además, esta acusación popular ejercida por Podemos reclama la imputación de la empresa de Luceño por un posible delito fiscal. Las comisiones millonarias obtenido por él en el 'caso mascarillas' habrían tributado a través de Takamaka Invest S.L. por el impuesto de sociedades, en lugar de hacerlo en sede de la persona física por el correspondiente IRPF. No es una diferencia menor. En el primer caso, se tributa al 15%, mientras en el segundo debería haberse hecho en su tramo máximo, que es a partir de 60.000 euros, al 43,5%. Pero es que, según indica el escrito, “esa sociedad ni siquiera existía al momento de realizarse las operaciones investigadas, ya que se constituyó en fecha 20 de mayo de 2020, prácticamente dos meses después de abonarse las citadas comisiones”.
Y continúa: “Consta que la gestión de la operación no se llevó a cabo por una sociedad (inexistente en ese momento), sino por él mismo como persona física, tal y como se deduce de la abundante documentación obrante al expediente, sin que fueran necesarios los medios materiales y humanos que después dispuso Takamaka Invest S.L. para el desarrollo de otras actividades”. Así, Podemos considera “indiciariamente acreditado”, que Luceño evitó declarar las comisiones en su impuesto de la renta y las traspasó a una sociedad de nueva creación “emitiendo facturas presuntamente falsas” para pagar menos. Por eso, piden al juez la ampliación del objeto de investigación a un presunto delito fiscal cometido por Alberto Luceño.
Esta petición se produce el mismo día que los comisionistas Luceño y Luis Medina declaran en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de imputados por hasta cuatro delitos: estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del hijo del Duque de Feria, alzamiento de Bienes.
Nuestros lectores fueron los primeros en conocer este nuevo caso de corrupción porque fueron los periodistas de elDiario.es quienes destaparon esta exclusiva, una semana antes de que todos los demás medios se hicieran eco. No es la primera vez que ocurre: ya pasó con el contrato de mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión. También entonces elDiario.es fue el primer medio que lo contó.
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