El partido opositor nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL) pidió hoy a la Contraloría General de la República (ente fiscalizador) que investigue la fortuna del presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, luego de ser sancionado por EE.UU. por actos de “corrupción significativa”, entre otros.
“La Contraloría General de la República debe empezar a funcionar como un órgano independiente para tomar las sanciones correspondiente”, dijo la presidenta nacional de CxL, Kitty Monterrey, a periodistas.
Según la opositora, el ente fiscalizador debería comenzar con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “porque igual de sinvergüenza es el que roba, como el que deja robar”.
El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua fue sancionado en diciembre pasado por Estados Unidos por actos de “corrupción significativa” y “graves violaciones a los derechos humanos”.
Estados Unidos incluyó a Rivas entre un grupo de funcionarios, empresarios y compañías de todo el mundo, a quienes se les cerró el acceso al sistema financiero de dicho país, a través del congelamiento de “sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos”.
Rivas es acusado por la oposición de Nicaragua de beneficiar al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008 y diversas investigaciones periodísticas le señalan de tener una vida supuestamente opulenta que no corresponde con su salario como presidente del CSE.
“Sabemos nosotros que el Consejo Supremo Electoral lleva tiempo de estar escondiendo cada año cinco millones de dólares en recaudaciones que no son reportadas a ningún lado y ese dinero seguro va a parar a las bolsas de Roberto Rivas y compañía”, denunció Monterrey.
“Pero, ¿quién es responsable?. El que se lo permite, para nosotros es Daniel Ortega”, continuó.
La dirigente de Ciudadanos por la Libertad consideró que se requiere un cambio profundo en los poderes del Estado, pasando por el Poder Electoral, que a su juicio, “ya es una institución colapsada”.
El ente electoral es criticado por diversos sectores por su falta de independencia y responder al oficialismo.
Los cambios, anotó Monterrey, deben buscar que los poderes de Estado tengan “una verdadera independencia”.
Ortega y su esposa, la influyente vicepresidenta Rosario Murillo, manejan los demás poderes del Estado sin contrapeso, incluido el Electoral, según sectores adversos al Ejecutivo.