El PP va a necesitar el apoyo de Vox para formar gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del 28M. Y no es la primera vez que los populares van a tener que negociar con la extrema derecha. Ya lo hicieron en 2019, en el primer mandato de dos años de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y también en el mismo año con Juanma Moreno, cuando precisó del apoyo de Vox para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. También en 2022, en Castilla y León, PP y Vox tuvieron que llegar a un acuerdo para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera ser presidente de la comunidad.
En los tres casos, la formación ultraderechista puso unas condiciones sobre la mesa para que los populares recibieran su apoyo. Siempre se repitió en la defensa de la familia tradicional, la implantación del pin parental o la sustitución de las leyes de violencia de género por otras de violencia intrafamiliar. Y, ahora, estas medidas pueden extenderse por el resto del país después de los resultados del 28M.
Aragón: derogar la ley de lenguas e impulsar la caza
El pasado domingo los populares obtuvieron la victoria en Aragón pero, como en otros territorios, van a necesitar de la ultraderecha para gobernar tanto la comunidad autónoma como algunos municipios, por ejemplo Huesca y Zaragoza. Pese a que el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que no quiere pactar con Vox, van a tener que hacerlo porque la formación azul no ha conseguido la mayoría absoluta, se ha quedado con 28 escaños.
De nuevo, Vox propone una serie de exigencias de cara a la formación del nuevo gobierno aragonés, ya que puede ser que exija algunas consejerías para dar su apoyo a Azcón. Entre las medidas, destaca la derogación de “la ley de lenguas y los correspondientes institutos del catalán y del aragonés que enfrentan y dividen a los españoles”, pese a que el aragonés esté considerada por el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo como una lengua en peligro de desaparición.
Respecto a la lucha contra la despoblación, el partido extremista propone incentivos fiscales para aquellas familias que quieran instalarse en zonas rurales. No obstante, en estas zonas se impulsará la caza y la tauromaquia frente al “ecologismo radical”.
Otra polémica que ha suscitado Vox en Aragón ha sido la referente al trasvase del Ebro. Alejandro Nolasco, el candidato de Vox de Aragón, aseguró en una entrevista que la propuesta de su partido pasa por “una gran obra de ingeniería para interconectar las cuencas hídricas, de forma que tanto Aragón como el resto de España podrían multiplicar sus cosechas por tres”. Este año, los embalses de la cuenca del Ebro están a menos del 50% y, preguntado por la sequía, respondió que “la mejor forma de combatir la sequía es construir embalses y redistribuir bien el agua, no volar pantanos y embalses”.
En materia económica, Vox exige una “rebaja radical” de impuestos y una reducción “drástica del gasto político ineficaz”, refiriéndose sobre todo al Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer. Esta institución, entre otras funciones, se encarga de promocionar la igualdad entre ambos sexos y dar ayudas económicas a las víctimas de violencia.
Comunitat Valenciana: derogar las leyes trans y de vivienda
Después de dos legislaturas del pacte del Botànic, la derecha volverá a gobernar la Comunitat Valenciana, pero esta vez tendrá que hacerlo con el apoyo de Vox, liderado por Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia de género contra su exmujer. Con 13 escaños en les Corts, la ultraderecha propone a los de Mazón una serie de exigencias para formar gobierno.
La primera de ellas pasa por eliminar el requisito lingüístico para acceder a las plazas de profesorado y de la administración pública. Además, en su programa se leen propuestas como “Desalojaremos a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas y reforzaremos la inspección educativa”.
En materia de derechos sociales, Vox exigirá de nuevo la derogación de “todas las leyes de género y de memoria histórica” impulsadas por el Botànic, incluyendo la ley trans. Hará lo mismo con la ley de la vivienda, que prevé medidas contra el acoso inmobiliario, o la de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Además, la ultraderecha pondrá como prioridad a la familia “en el centro de todas las políticas públicas” en contraposición a la supuesta “falta de apoyo institucional y de los ataques progres”.
Respecto a temas culturales, Vox se limita a la defensa de las “tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos países catalanes”. La “defensa sin complejos” de la caza y la tauromaquia están también en el programa de Vox.
Pese a que el programa electoral no hace mención a la televisión autonómica valenciana, À Punt, en plena precampaña la formación ultra escribió un tuit amenazando al medio público con su cierre. Vox consideraba que la cadena supone un “desperdicio de dinero de todos” además de una “máquina de adoctrinamiento separatista”.
Illes Balears: un crecimiento urbanístico sin límites
Hacía más de diez años que las derechas no arrasaban como lo han hecho el 28M en les Illes Balears. Ahora, las cuatro islas se han teñido de azul. Sin embargo, en Palma (Mallorca), en los consells de Menorca y Mallorca y en el mismo Parlament los populares requerirán el apoyo de Vox. La candidata del PP, Marga Prohens, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y necesitará los ocho de la extrema derecha.
Así, lo más probable es que una de las carteras que demandará el partido ultra liderado por Jorge Campos sea la Conselleria de Educación, ya que Vox considera que la inmersión lingüística es una muestra de “adoctrinamiento ideológico”. Esto no viene de nuevo, pues durante los últimos cuatro años de Campos como diputado en el Parlament balear ha basado su discurso en denunciar el supuesto “pancatalanismo” de las Islas y los “chiringuitos”.
Respecto a la televisión pública autonómica de les Illes, la IB3, de nuevo Vox se muestra crítico y amenaza con su cierre. Según defienden, lo hacen por “ahorrarse” 40 millones de euros anuales e impulsar, en su lugar, políticas de promoción del sector audiovisual privado.
En cuanto a los problemas derivados de la vivienda, la formación ultraderechista defiende el crecimiento urbanístico sin apenas límites. La propuesta de Campos para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía balear es “simplificar todo lo que tiene que ver con la normativa urbanística que ha impedido la construcción, rehabilitación y reforma”. De esta manera, se construirían alrededor de 30.000 viviendas. “Queremos que se pueda construir en todas partes, menos en los terrenos protegidos por sus valores medioambientales”, aseveró Campos.
Cantabria: cerrar “chiringuitos” y acabar con el “delirio climático”
El PP de María José Sáenz de Buruaga ganó las pasadas elecciones autonómicas cántabras con 15 escaños, desbancando así a Revilla, que solo consiguió ocho. Los populares ahora tendrán que pactar con Vox, que se quedó con cuatro escaños, para llegar a la mayoría absoluta y gobernar en coalición. No obstante, la ultraderecha no ha presentado ningún programa electoral para Cantabria propiamente dicho así que, para saber qué es lo que exige esta formación a los azules para gobernar, hay que bucear en las declaraciones de sus candidatos en campaña.
Leticia Díaz, la candidata de Vox por Cantabria, dio a conocer 12 medidas entre las que destacan “la lucha contra la corrupción y el clientelismo que ha instalado el PRC en la región”, el apoyo al sector primario, bajadas masivas de impuestos, “el fomento de la natalidad para combatir la despoblación” o “la defensa de la familia en las políticas públicas”.
Como en todas las autonomías en las que Vox tiene posibilidades de entrar en el gobierno, el partido propone en Cantabria una rebaja sustancial de impuestos, como por ejemplo el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y bonificar el impuesto de Patrimonio, así como rebajar el tramo autonómico del IRPF en todos sus intervalos. Díaz apuesta, además, por una reestructuración necesaria de la administración regional, así como de sus empresas públicas, lo que dice que “permitiría realizar una reducción drástica de este gasto político superfluo con el cierre de todos los chiringuitos ideológicos y entes duplicados”.
Las menciones a los “chiringuitos ideológicos” son recurrentes en el discurso y en el programa de Vox en todos los ámbitos, y en Cantabria no iba a ser menos. Para la formación, estos “chiringuitos” son sindicatos y otras organizaciones sociales que se cerrarán en el momento en el que Vox entre al gobierno cántabro. Así lo anunció Díaz: “Ese dinero lo destinaremos a aumentar las ayudas de protección social de las familias españolas”. De igual manera, la portavoz dijo que se revisarían todas las subvenciones públicas y eliminarían las destinadas “a los partidos políticos, a los sindicatos, a patronal y a asociaciones que promueven la ideología de género”.
Respecto a la cuestión medioambiental, Díaz hizo campaña criticando lo que denomina el “delirio climático”. Por eso, ha señalado que “cerrará” todo departamento vinculado a la lucha contra el cambio climático.
Extremadura: contra el aborto y el colectivo LGTBI
La lista del PP en Extremadura liderada por María Guardiola quedó segunda fuerza con 28 parlamentarios y Vox, encabezado por Ángel Pelayo, irrumpió por primera vez en la Asamblea autonómica con cinco escaños. Ambos partidos tienen que sentarse a negociar para formar gobierno, pero el problema es que ni el PP conoce las propuestas de Vox para Extremadura. Por eso, hay que tirar otra vez de declaraciones de los candidatos durante la campaña electoral para conocer qué quiere la extrema derecha para la autonomía.
Pelayo quiere instaurar un “orden moral y socioeconómico”. En el debate de Canal Extremadura negó la existencia de la violencia sobre las mujeres y en una entrevista en Onda Cero el pasado abril se mostró “a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte”, por lo que el aborto “no es un derecho, es un error”, y en contra de considerar como “colectivo” a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Respecto a las rebajas fiscales, Vox propone rebajar el impuesto sobre la renta pero bonificar en su totalidad sucesiones, donaciones y patrimonio. En cuanto a la política medioambiental y los derechos sociales, no hay ninguna medida clara que haya expresado Vox.