El plan fiscal previo a los presupuestos atrapa al PSOE en una negociación a izquierda y derecha entre sus socios

La negociación para el paquete fiscal mantiene estrábico al PSOE, atrapado entre su acuerdo con PNV y Junts y las exigencias de sus socios de izquierda. El principal punto de conflicto es el impuesto especial a las empresas energéticas que caduca a final de año y que el Ministerio de Hacienda había pactado tumbar con las fuerzas nacionalistas y conservadoras. Pero es precisamente ese gravamen el que quieren mantener a toda costa Sumar y sobre todo ERC, EH Bildu y Podemos, que han amenazado con no apoyar ninguna reforma que no lo incluya. Una tensión que divide al bloque de investidura en un eje izquierda-derecha y que puede dinamitar no solo la reforma legal, también las próximas cuentas, esenciales para la continuidad del Gobierno.

Toda la negociación se da alrededor de una proposición de ley que busca establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales. La iniciativa es en realidad una transposición de una directiva europea que España está obligada a aprobar. Pero el Gobierno se propuso hace varias semanas aprovechar esa tramitación para incorporar una serie de medidas fiscales pensando en allanar al mismo tiempo parte de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Así, hace quince días, al filo de que venciera el plazo, el PSOE pactó con Junts y PNV algunas medidas concretas. Por ejemplo, prolongar tres años el impuesto a la banca y aplicar subidas fiscales al tabaco, a los hidrocarburos y a las rentas del capital. Pero ese pacto dejaba fuera al mismo tiempo el gravamen especial para las energéticas que el anterior Gobierno aprobó de forma temporal y que los socios de izquierda piden que se establezca de forma permanente. La vigencia de ese tributo caduca este 31 de diciembre.

Desde la parte socialista del Gobierno ponen en valor que las medidas ya acordadas y que sí tienen el respaldo de la mayoría de la Cámara suponen una “reforma profundamente progresista” que no ha resultado nada fácil de cerrar. “Llevamos mucho tiempo trabajando con el PNV y con Junts, que son fuerzas claramente conservadoras en lo económico y que hemos conseguido que apoyen estas medidas. Van a apoyar mantener el impuesto especial a la banca y subir los tipos a las rentas del capital, que no es poca cosa”, ensalzan desde Hacienda, donde recuerdan a los grupos de izquierdas que la configuración del Congreso “es la que es”.

Este lunes estaba prevista una reunión de la Comisión de Hacienda para cerrar el dictamen sobre la proposición de ley y aprobarla así este jueves en el Pleno. Pero el PSOE se encontró sin mayoría antes de entrar y pidió aplazar la reunión hasta el jueves: si aceptaba retirar el impuesto tanto ERC como EH Bildu votarían en contra. Pero si se movía a la izquierda perdía el apoyo de Junts y el PNV. La decisión fue alargar la negociación tres días más, hasta el próximo jueves.

“Esto es el chicken game”, el juego de la gallina, describe un diputado de uno de los socios del Gobierno al corriente de las negociaciones. Dos automóviles corren hacia un precipicio y el primero que frena pierde. También está el riesgo de que nadie frene y se produzca un choque. Entre la tarde del lunes y la mañana de este martes, todas las partes han esgrimido argumentos para defender su posición. “Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar”, dijo la diputada de ERC Pilar Vallugera a las puertas de la comisión.

Poco antes de que comenzase la reunión, Sumar había anunciado un acuerdo con el PSOE para un paquete fiscal que contemplaba convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, establecer un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros, entre otras medidas. Este martes, el portavoz suplente de Sumar, Txema Guijarro, precisó no obstante que a pesar de que el tributo a las energéticas no figuraba en su acuerdo no renuncian “a nada” y seguirán negociando hasta el final para incluirlo. 

El grupo parlamentario, de hecho, pretende dejar viva la enmienda sobre este punto. Pero haga lo que haga Sumar, la medida no tendrá los votos de Podemos si no queda incluido ese impuesto. Los socialistas mantuvieron este martes una reunión con ellos para sondear su posición negociadora, en la que Podemos reiteró su “total desacuerdo con la eliminación del impuesto a las grandes energéticas pactada por el PSOE y Junts”, según fuentes de la formación. 

El partido de Ione Belarra le ha propuesto al PSOE “prorrogar durante seis meses el actual gravamen extraordinario a las energéticas, de modo que haya más tiempo para negociar un acuerdo definitivo que satisfaga también a los grupos de izquierdas, cuyos votos valen lo mismo que los de PNV y Junts”. “Dicha prórroga puede incluirse en cualquiera de los reales decretos de ayuda a las personas afectadas por la DANA”, sostienen. 

En el equipo de María Jesús Montero no creen, sin embargo, que esa propuesta sirva para desbloquear nada. “No les vas a colar eso a Junts y al PNV por meterlo en otro decreto, ellos no lo van a apoyar nunca. Y lo que no va a hacer el Gobierno es poner en riesgo ninguna medida que tenga que ver con las ayudas a los afectados por la DANA”, explican. 

Lo sucedido en las últimas horas ha puesto nervioso al PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, brindó este martes una rueda de prensa visiblemente enfadado en la que criticó las “actitudes” de algunas formaciones y llamaba a apostar por “acuerdos realizables”. “Este acuerdo tiene un tope”, dijo Esteban en referencia a la posición de Junts, pero al mismo tiempo consideró que las posiciones de ERC y EH Bildu son irrealizables. “Aquí hace falta el acuerdo de todo el mundo. ¿A qué estamos jugando?”, se preguntó.

Precisamente EH Bildu llamó este lunes al Gobierno y al resto de fuerzas a actuar con “responsabilidad” en esta negociación en la que “ni PNV y Junts tienen los apoyos necesarios para acabar con el impuesto a las energéticas y rebajar el de la banca”, “ni el acuerdo anunciado por Sumar tiene la viabilidad asegurada”. 

“Ante los vetos cruzados que existen entre las diferentes fuerzas, y la situación de bloqueo que esta dinámica errónea de negociación ha generado, EH Bildu llama al PSOE a reiniciar la negociación”, exponen, para mantener al mismo tiempo ambos impuestos e incluir las propuestas de Junts y PNV. 

En el PSOE dan por descontado que no habrá acuerdo entre todas las formaciones que componen la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez porque algunos de sus posicionamientos en materia fiscal son directamente contrarios. “Si pretendemos poner de acuerdo en el cien por cien de las medidas a fuerzas como el PNV y Junts con ERC, Bildu y Podemos, pues lógicamente será imposible. Pero es que hemos arrancado medidas de izquierdas a las fuerzas conservadoras, y nos resultaría muy sorprendente que los grupos progresistas las tumbaran”, razonan. 

Aunque algunos de esos grupos de izquierdas han planteado que sin el impuesto a las energéticas no habrá apoyo a ninguna medida, en la parte socialista del Ejecutivo mantienen abierta una puerta a la esperanza. “Las medidas se votan una a una porque son enmiendas. La propuesta de Sumar sobre las energéticas no va a salir porque votarán en contra el PNV y Junts, pero nos cuesta ver que Podemos, ERC o Bildu voten en contra de un impuesto a los bancos, a las rentas del capital o al tabaco”, plantean desde el equipo de María Jesús Montero, donde asumen que, aunque sigan las conversaciones, hay pocas posibilidades de desbloqueo si los grupos de izquierdas no ceden en el impuesto a las energéticas. 

La brecha fiscal de España con la eurozona

“España cuenta con una brecha fiscal de cinco puntos del PIB con respecto a la media de la eurozona que puede y debe cerrar para acometer las políticas de redistribución e impulso de la transición verde y revolución digital”, defiende el documento que recoge el acuerdo entre PSOE y Sumar sobre “el paquete [o reforma] fiscal”.

La contribución fiscal de los países —normalmente denominada presión fiscal para darle un sentido peyorativo — es el peso de los impuestos que se recaudan y las cotizaciones sociales en el PIB (Producto Interior Bruto). En 2023, esta ratio se quedó en España en el 36,8%, mientras que en el conjunto de la eurozona se acercó al 42%.

“Este paquete fiscal avanza precisamente en la dirección de cerrar esa brecha, aumentando los ingresos públicos para acercarnos a los países más avanzados de nuestro entorno”, continúa el texto del pacto PSOE-Sumar que se conoció este lunes. “Los cambios fiscales introducidos persiguen que contribuyan más quienes más tienen, haciendo que las grandes multinacionales y especialmente los bancos, que tantos beneficios obtienen de la sociedad, contribuyan más al sostenimiento del estado del bienestar”, añade.

Sin medidas, las previsiones de Autoridad Indeprendiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no apuntan precisamente en esa dirección, como se puede observar en el gráfico. La institución (pública pero autónoma) proyecta que la contribución fiscal de nuestro país apenas avanzará un punto porcentual de aquí a 2029. Y si se analizan los tres impuestos más importantes del sistema: IRPF, Sociedades y el IVA, se observa que el tributo sobre la renta (el más progresivo de todos) aumentará su contribución un punto, mientras que los otros dos lo harán apenas dos décimas cada uno.

El estudio de la evolución durante los últimos años de estos impuestos es crucial. El peso de la recaudación del IRPF sobre el total de los ingresos está en máximos (con datos hasta 2023), por encima del 37%, tras avanzar desde el 33% de 2015. Mientras, Sociedades sigue muy lejos desde su máximo de 2007, cuando llegó al 19%, y se ha quedado cerca del 12% de toda la recaudación.

El nuevo impuesto a la banca y también el de las de energéticas pretenden tapar algunos de los agujeros del principal impuesto a los beneficios de las compañías. Y, además, tienen la vocación de gravar las ganancias extraordinarias que son capaces de generar estos dos sectores “monopolísiticos” o con “posiciones dominantes”, como apuntan distintos expertos, en momentos como la crisis de inflación que se ha sufrido desde 2021.

Sobre todo, teniendo en cuenta que “el resultado contable positivo [la medida tributaria de las ganacias, similar al ebitda o beneficio bruto de la contabilidad]” del conjunto empresas de España sí que está en máximos históricos, después de dispararse un 110% desde 2012. En el mismo periodo, los ingresos tributarios de Sociedades apenas han crecido algo más de la mitad, un 63%.

El tributo mínimo del 15% para las multinacionales, en su caso, busca tapar las “guaridas fiscales” que encuentran las compañías más grandes. Aunque las visiones más progresistas lamentan que la transposición de la directiva comunitaria no haya ido más allá del 15%, que consideran “muy bajo”, y advierten de las exenciones que contempla el texto actual por ciertas “inversiones”.

Íñigo Macías, economista de Oxfam, lamenta que la reforma fiscal que se está abordando no incluya “una revisión estructural” del Impuesto de Sociedades que acabe con las bonificaciones y exenciones que dañan su eficacia. 

“Antes de tomar decisiones conviene conocer dónde está la diferencia en presión fiscal con la eurozona. La mayor se localiza en el menor pago de cuotas sociales de los trabajadores (2,7 puntos porcentuales PIB, con datos hasta 2022)”, opina Miguel Ángel García, investigador del centro de análisis Fedea. Igualar [esta diferencia] reduciría “el salario neto en 10%”, prosigue el también profesor de la URJC. 

Según la misma óptica, la brecha del Impuesto de Sociedades es de 0,6 puntos del PIB, cerca de 8.000 millones de euros. El documento con los puntos en los que coinciden el PSOE y Sumar incorpora la voluntad de “resolver los problemas generados por la fallida reforma fiscal de Montoro [el ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy] y adelantar la recaudación de grandes empresas y grupos de empresas limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa en el Impuesto de Sociedades”.

Por otra parte, Macías echa en falta un rediseño del Impuesto de Patrimonio, que está en manos de las Comunidades Autónomas y que ha favorecido “la competencia fiscal a la baja” de regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) como Andalucía o Madrid. Esta ‘guerra’ de impuestos obligó al Ejecutivo central a diseñar “un cortafuegos”: el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Un decálogo del Observatorio de la Deuda en la Globalización, compuesta por sindicatos, asociaciones financieras y ecologistas, publicado este martes para una reforma fiscal justa coincide con el pacto PSOE-Sumar en terminar con los privilegios de las SOCIMIs, los impuestos al lujo o la subida del IVA a los pisos turísticos, entre otras propuestas.