El plan del Gobierno español sobre la desinformación: ni rechazo de Europa ni riesgo para los fondos anticrisis

¿El Gobierno estaba obligado a redactar esa orden ministerial sobre una Comisión Permanente para la Desinformación y de esa manera? Pues seguramente podría haberse hecho de otra manera, en tanto que no se trata de una directiva que haya que trasponer, sino de unas líneas generales marcadas por la Comisión Europea en relación con la influencia de agentes externos en campañas electorales –hubo mucha preocupación en las últimas elecciones europeas–, así como en la crisis de la pandemia y, además, de la puesta en marcha de un equipo de respuesta rápida que requiere de contrapartes en los Estados miembros para coordinarse mejor. Y, por eso, la iniciativa, que supone la creación de una comisión con competencias para hacer informes pero no censurar, cuenta con el visto bueno del Ejecutivo comunitario, cuya primera reacción fue errónea al vincular la orden ministerial con el marco del estado de alarma. Por lo tanto, mucho menos aún, puede ser una iniciativa que ponga en riesgo un solo euro de los 140.000 millones que tiene adjudicados España, entre subvenciones y préstamos, del plan de recuperación europeo.

Este lunes, un portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, fue meridiano: “Sabemos que el gobierno español ha aprobado una orden ministerial que actualiza el sistema nacional existente para prevenir, detectar y dar respuesta a las campañas de desinformación y establecer estructuras de coordinación”.

“La desinformación a nivel nacional y europeo es un asunto importante, especialmente en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus, que ha venido acompañada de un aumento dramático de información falsa y engañosa”, ha afirmado Bahrke: “Por eso nos tomamos esto muy serio y hemos propuesto acciones concretas. La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) son muy activos en la lucha contra la desinformación y están trabajando para garantizar una mayor coordinación a nivel europeo”.

“Más concretamente sobre la orden en España”, afirmaba el portavoz de la Comisión Europea, “esta orden prevé las herramientas y actores para asegurar la participación de España en los diferentes instrumentos que pusimos en marcha ya en 2018 con el Plan de Acción Europeo contra la desinformación. La orden ministerial refuerza las respuestas coordinadas y conjuntas por parte española”.

En efecto, en diciembre de 2018, el Ejecutivo comunitario lanzó un plan de acción para protegerse ante las fake news y las desinformaciones en la red –nada se decía de las que ejercen las corporaciones económicas y políticas–. Entonces, Bruselas pedía una respuesta europea contundente de los Estados miembros y las instituciones, para lo que considera necesario mayor colaboración y cooperación para comprender y afrontar la amenaza. ¿El argumento? “Proteger los sistemas democráticos y los debates públicos con vistas a las elecciones europeas de 2019 y las numerosas elecciones locales y nacionales que tendrán lugar en 2020”.

Dentro de las medidas anunciadas por la Comisión Europea en su plan de acción, se encontraba el Sistema de Alerta Rápida al que aluden la orden ministerial y el portavoz de comunitario, que se puso en marcha en marzo de 2019: “Una plataforma digital segura donde los Estados miembros puedan compartir información sobre campañas de desinformación y coordinar las respuestas. El Sistema de Alerta Rápida, de código abierto y con información no clasificada, se centrará exclusivamente en los intentos coordinados de actores extranjeros para manipular el debate libre y abierto”. Con el fin de configurar el sistema de alerta rápida para marzo de 2019, la Comisión pedía que “cada Estado miembro designe un punto de contacto de los departamentos de comunicación estratégica”. El Gobierno español anunció entonces que contribuiría a la creación del sistema de alertas rápidas para “garantizar el acceso de los ciudadanos a desmentidos de noticias falsas en un tiempo casi instantáneo” tras su incorporación al programa de acción europeo contra la desinformación, que estudió el Consejo de Ministros.

El plan de acción de Bruselas se centra en cuatro pilares: mejorar las capacidades de las instituciones de la Unión Europea para detectar, analizar y exponer la desinformación; reforzar las respuestas coordinadas y conjuntas; movilizar al sector privado para abordar la desinformación; y la sensibilización sobre la desinformación y mejora de la resiliencia social.

“La orden del Gobierno español”, explican en Bruselas, “incluye la cooperación con el grupo de trabajo para Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el intercambio en el sistema que establecimos, que se llama Sistema de Alerta Rápida. El plan de acción exige que cada Estado miembro establezca un punto de contacto y esto es lo que hace la orden. Así, asegurar la participación de España en el sistema es el objetivo de la orden ministerial: el proceso prevé también el diálogo con representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación”.

¿Y esto atenta contra la libertad de prensa? “Esto no es un comentario sobre la orden española, sino un comentario muy general”, respondía el portavoz comunitario, “está muy claro que cualquier enfoque en el ámbito de la desinformación siempre debe respetar la seguridad jurídica y la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Pero, como he dicho, es un comentario general y no tenemos motivos para creer que este no sea el caso con la iniciativa española”.

PP y Cs agitan el fantasma del fondo europeo

A pesar de que la orden ministerial española se enmarca en un plan europeo contra la desinformación lanzado a finales de 2018, y de que a lo único que habilita es a hacer meros informes, el Partido Popular y Ciudadanos han agitado el fantasma de la pérdida de los 140.000 millones del fondo de recuperación por una supuesta vulneración del Estado de Derecho penalizable.

La tesis de PP y Ciudadanos obvia que la iniciativa del Gobierno cuenta con el visto bueno de quien tiene la llave del dinero, la Comisión Europea. Y, además, no tiene en cuenta que el mecanismo de respeto del Estado de Derecho recién acordado entre la Eurocámara, la presidencia del Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea se limita a “reforzará la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de Derecho den lugar a un mal uso de los fondos”. Es decir, es un mecanismo diseñado para vigilar el uso de los fondos. Por lo que un miembro del PP europeo, como Viktor Orbán, quien ya ha protestado por el mecanismo, podrá seguir persiguiendo migrantes en Hungría sin con eso arriesgar el dinero europeo.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tuiteaba un titular que se hacía eco de la primera respuesta del Ejecutivo comunitario, en la que por error vinculaba la iniciativa del Gobierno con el estado de alarma, y decía: “El portavoz de la UE advierte al Gobierno por su intento de control a los medios y redes sociales. Sánchez pone en riesgo los fondos europeos al atacar la libertad de expresión y prensa. En España hay millones de Winston Smith frente al Gran Hermano de Moncloa. No lo permitiremos”. Casado atribuía a un portavoz de la Comisión Europea el título de “portavoz de la UE”, cosa que no existe, y aseguraba que se estaban poniendo en riesgo “los fondos europeos”.

Por su parte, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, consideró que se trata de un “ministerio de la verdad que constituye una forma de censura y un mazazo a la democracia”.

Así, el pasado viernes, el grupo europeo de Ciudadanos dirigió a la Comisión Europa mediante preguntas por escrito: “¿Considera la Comisión Europea oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos? ¿Considera que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea?” 

“Estamos en una situación de desmantelamiento del Estado. Me parece gravísimo y lo digo de verdad, lo único que nos queda es Europa y espero que Europa haga su trabajo”, afirmó Garicano el viernes en una entrevista en Canal Sur. 

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo recalcó que “están en juego los fondos europeos de recuperación tras la pandemia”.

Iniciativas de la Comisión Europea y la Eurocámara

Además del Sistema de Alertas Rápidas que lanzó el Ejecutivo comunitario en vísperas de las elecciones europeas de 2019, la Comisión Europea dispone del equipo de Comunicaciones Estratégicas, del Servicio Europeo de Acción Exterior (StratCom Task Force), dependiente del Alto Representante y vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Josep Borrell, que se estableció en 2015 para “pronosticar, abordar y responder mejor a las campañas de desinformación de la Federación de Rusia que afectan a la Unión Europea, sus Estados miembros y los países de la vecindad compartida. El objetivo principal de EUvsDisinfo es aumentar la conciencia pública y la comprensión de las operaciones de desinformación del Kremlin, y ayudar a los ciudadanos en Europa y más allá a desarrollar resistencia a la información digital y la manipulación de los medios”.

Como explica en su propia web, “EUvsDisinfo identifica, compila y expone casos de desinformación que se originan en los medios de comunicación pro-Kremlin que se extienden por la UE y los países de la Asociación Oriental. Desde 2019, nuestras capacidades de seguimiento también abarcan la propagación de la desinformación en los Balcanes Occidentales y la vecindad sur de la UE. Estos casos (y sus refutaciones) se recopilan en la base de datos EUvsDisinfo, el único repositorio de código abierto y de búsqueda de este tipo, que actualmente comprende más de 6.500 muestras de desinformación pro-Kremlin. La base de datos se actualiza cada semana, junto con un breve resumen de tendencias”.

El pasado junio de 2020, el Parlamento Europeo aprobó, por su parte, la creación de una comisión sobre “interferencias extranjeras en los procesos democráticos en la UE, incluida la desinformación”, centraba en “evaluar las investigaciones que apuntan a la vulneración de la legislación electoral y a las operaciones auspiciadas desde el extranjero para debilitar la democracia europea”.

“El objetivo es identificar potenciales medidas en el ámbito de las redes sociales, una estrategia coordinada frente a las amenazas híbridas y contrarrestar las campañas de comunicación que desde terceros países buscan socavar la UE”, decía la propuesta, aprobada con 548 votos a favor, 83 en contra y 56 abstenciones.