El 17 de julio de 2018, Pedro Sánchez compareció en el Congreso para explicar el programa de gobierno que iba a desplegar tras la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy. En un momento de su extenso discurso, se refirió a la norma que limitaba las investigaciones de causas judiciales: anunció su derogación porque era “especialmente nociva” para los sumarios más complejos.
Este lunes, Sánchez defendió la postura contraria: “Hay instrucciones que se prolongan y eso es algo que los propios fiscales han puesto en cuestión”, dijo en una entrevista en La Sexta en la que abogó por limitar los plazos de instrucción. Es la salida que tantea el Gobierno para alcanzar un pacto con Junts sin tocar la ley de amnistía, como exigen los de Carles Puigdemont, aunque ahora fuentes del Ejecutivo enfrían esa reforma.
Más allá de si Junts acepta una modificación que tendrá un impacto muy limitado en las investigaciones contra el procés, la propuesta de Sánchez supone una enmienda total al discurso de los socialistas durante la última década y cuestiona su propia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pero la reforma también atrapa al PP en sus propias contradicciones. Los populares, que ahora critican la posibilidad de recuperar esos plazos, impusieron un límite a los tiempos de investigación de las causas penales con el rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, y que supuso que algunos de los sumarios de corrupción que afectaban al partido se cerraran sin consecuencias.
Un balón de oxígeno del PP para el PP
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobó en verano de 2015. El PP impulsó una norma que suponía un traje a medida para aliviar al partido en medio de una sangría de sumarios por corrupción. El texto sustituía la figura de “imputado” por “investigado” para tratar de rebajar la presión de los titulares de la prensa cada vez que se citaba a un dirigente del partido, se obligaba a trocear las macrocausas y se introdujo un artículo para proteger el honor de los investigados durante las detenciones y evitar la “pena de telediario”. Solo unos meses antes, todas las cámaras habían captado cómo un agente de la Agencia Tributaria introducía a Rodrigo Rato en un coche policial. El PP pactó esa enmienda con CiU.
Pero la modificación más importante fue la de los plazos de instrucción: el Gobierno impuso un máximo de seis meses para las causas sencillas; si se declaraban complejas, se ampliaba a 18 meses, prorrogable durante otros 18. Un total de 36 meses para investigar, sin importar la dificultad de la causa. Además, se dejó en manos de los fiscales y las acusaciones la potestad de prorrogar las investigaciones, impidiendo que lo hicieran los jueces, que son quienes dirigen las instrucciones.
Tres años como máximo para investigar. La pieza principal de la trama Gürtel, que en 2018 haría caer al Gobierno de Mariano Rajoy, se instruyó durante siete años.
La reforma consiguió que se unieran en su contra todas las asociaciones de jueces y fiscales, que alertaron de que imponer plazos sin mayores recursos amenazaba con dejar sin castigo a presuntos culpables. Uno de los más beligerantes contra la norma fue el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entonces secretario general de la UPF: dijo que el plazo de investigación era “anormal y sospechosamente exiguo” y advirtió de “perniciosas consecuencias procesales”.
Los vaticinios de García Ortiz y de tantos otros jueces y fiscales se cumplieron. Durante los años en los que estuvo vigente la norma se cerraron muchas investigaciones. Algunas afectaban directamente al PP, como las causas contra sus expresidentes en Murcia o la trama de la mafia rusa ligada a cargos del partido en Alicante.
El PSOE dijo que limitar los plazos “favorecía la impunidad”
El PSOE encabezó la oposición a la norma en las Cortes con ayuda de Unidas Podemos y frente a la feroz resistencia del PP, que hizo todo lo posible por impedir la derogación. Sánchez prometió el final de esos plazos tras la moción de censura, después de que el PSOE hubiera dicho que la norma “favorecía la impunidad”. Con ayuda de Ciudadanos, el PP bloqueó hasta en 58 ocasiones la reforma de los plazos.
Tras las elecciones de 2019 y gracias a la nueva mayoría del Congreso, PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante la modificación, aunque rebajaron sus objetivos iniciales: en lugar de eliminar los plazos, establecieron un sistema de prórrogas sin límite, que ahora podía acordar el juez de instrucción. Es el sistema vigente ahora, que ha permitido, por ejemplo, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón alargue la investigación de Tsunami Democràtic.
Es esa causa, que amenaza la negociación de la amnistía, la que ha llevado a Sánchez a plantear un giro total en el discurso de los últimos años. Algunas asociaciones judiciales, como ya pasó entonces, han alertado del riesgo que supone imponer otra vez una limitación a las investigaciones.
Sumar, inicialmente proclive a la propuesta de Sánchez, se ha desmarcado este miércoles. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dicho que “parece que no va en la dirección correcta”. Esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal planteada públicamente por Sánchez también genera dudas en el seno del propio Gobierno, informa José Enrique Monrosi. Fuentes del Ejecutivo consultadas por elDiario.es ya enfriaban este miércoles ese escenario, que además tampoco garantizaría la validación de Junts a la ley de amnistía en sus términos actuales.
El PP, por su parte, ha criticado la propuesta porque afirman que supone “un blindaje judicial” para los independentistas. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado este jueves que “es un apaño para limitar el margen de actuación del juez García-Castellón. No es que ya legislen a favor de delincuentes concretos, es que legislan contra jueces concretos”. Cuando se eliminaron los plazos, el PP dijo que era “un ataque a los poderes del Estado”.