La pregunta registrada por Bildarratz pregunta textualmente cómo piensa el Gobierno “promover la reinserción de presos y presas en desarrollo del artículo 24.2” de la Carta Magna, sin citar a la organización terrorista.
El citado artículo constitucional prevé la reinserción social y reeducación de los presos, su derecho a un trabajo remunerado con Seguridad Social y acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Esta pregunta se produce después de que el Colectivo de Presos de ETA haya anunciado una nueva campaña para solicitar su acercamiento al País Vasco. En concreto aspiran a ser agrupados en la prisión alavesa de Zaballa, precisamente la misma en la que actualmente se encuentran aquellos presos disidentes de la organización que fueron acercados tras romper con la banda.
Tras haber recibido el rechazo de la Administración a sus pretensiones, los internos etarras recurrirán ahora a la vía judicial a través de escritos de queja en contra de la dispersión.
UN NUEVO INTENTO
Supone el último intento de este colectivo tras numerosas campañas anteriores que siempre acabaron en fracaso, especialmente en los últimos años en los que ha tratado incluso de modular su discurso y adaptarlo a la nueva estrategia. Ni siquiera es nueva la idea de sortear a la Administración acudiendo a los tribunales, como ya intentaron en 1996 sin conseguir su objetivo.
Serán 50 presos los primeros que remitan ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional estos escritos. Como en ocasiones anteriores, empezarán por los considerados enfermos, los mayores de setenta años, quienes llevan más de dos décadas en prisión y los portavoces del colectivo. En este grupo se hallan etarras como Javier Arizcurren Ruiz, 'Kantauri', Olarra Guridi, Ainhoa Mujika o Ana Belén Egües, entre otros. Tras ellos les seguirán el resto de los cerca de 360 presos con los que cuenta ETA en cárceles españolas.