Una de las primeras decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez fue dar vía libre a la tramitación parlamentaria de una serie de iniciativas que habían registrado los grupos (todas de Unidos Podemos y una el PP) dejando pasar el tiempo que tenía para vetarlas bajo el argumento de que suponen un gasto presupuestario no previsto. Entre las medidas a las que el nuevo Ejecutivo ha dado vía libre se encuentran propuestas sobre pobreza energética, prestaciones sociales, pensiones, tasas judiciales o el cierre de centrales nucleares, entre otras, según informan fuentes parlamentarias.
El gesto supone un cambio de la política que impuso Mariano Rajoy, que llegó a vetar unas 60 proposiciones de ley de la oposición. El Gobierno tiene un plazo constitucionalmente fijado de 30 días para expresar su disconformidad a la tramitación parlamentaria de iniciativas parlamentarias que supongan gastos no previsto. La Mesa del Congreso tiene después que validar (o no) ese veto. Hasta ahora PP y Ciudadanos iban de la mano en el órgano que pilota la actividad parlamentaria y admitían los vetos del Gobierno. Toda la oposición se quejaba de esa práctica y el Tribunal Constitucional puso límites a esa actuación de Rajoy.
Ahora Sánchez ha optado por dejar pasar el plazo que concluía el pasado 12 de junio para posicionarse en su contra por lo que el Congreso podrá debatirlas: primero los grupos tendrán que decidir si las admiten a trámite y luego someterlas al proceso legislativo. La mayoría de las iniciativas las registró Unidos Podemos después de que el Constitucional pusiera límites a los vetos con lo que pretendía que el Gobierno y la Mesa del Congreso (PP y Ciudadanos) reconsideraran su decisión.
La revalorización de las pensiones conforme al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad es una de las proposiciones de ley que podrán debatirse en el Congreso. Unidos Podemos también podrá colocar en el Parlamento su propuesta de reforma de las pensiones –con la que plantea que los trabajadores puedan jubilarse a los 61 años– así como la propuesta para rebajar la edad de jubilación para los guardacostas. Igualmente, la propuesta de “fortalecer la negociación colectiva” podrá llevarse al pleno.
Otra de las iniciativas que podrán discutirse es la que registraron Unidos Podemos, ERC, Compromís y Bildu para regular el alquiler y combatir la pobreza energética que proponía la PAH para evitar los desahucios sin alternativa habitacional, que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca. También incluye la dación en pago reatroactiva o medidas para garantizar los suministros básicos y combatir la pobreza energética. También la propuesta de Pablo Iglesias de subir el impuesto de sociedades a las entidades de crédito para “rescatar a la ciudadanía” ha obtenido esta vez vía libre.
Algunas medidas sociales relacionadas con el cuidado y la atención de los menores, la regulación de la cartera de servicios comunes del sistema sanitario o la creación de un fondo estatal para conseguir la accesibilidad universal llegarán a discutirse en el Congreso. En materia judicial, la aprobación de medidas de agilización procesal llevadas al Parlamento por Unidos Podemos así como la ampliación de la asistencia jurídica gratuita para las organizaciones medioambientales.
En materia ambiental, Sánchez ha dado vía libre a la discusión del cierre paulatino de las centrales nucleares –el nuevo Gobierno está de acuerdo con el cierre– y a la Ley de Aguas con la que Unidos Podemos plantea el fin de los trasvases y que Rajoy vetó por suponer un gasto inicial de al menos 126 millones de euros. La proposición de ley del Estatuto Básico de los Bomberos Forestales es otra de las que ha pasado el filtro.
A las iniciativas del grupo que dirige Iglesias –que también podrá llevar al debate parlamentario una regulación del proceso de intergración voluntario de algunos centros privados en la red pública y la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9, que por ahora queda fuera del plan de Fomento de eliminar peajes– se suma una iniciativa del PP, ahora principal grupo de la oposición, para establecer modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica.
La mayoría de iniciativas que Rajoy vetó cuando estaba en Moncloa han decaído ya por el rechazo del Ejecutivo a su tramitación y la aceptación por parte de la Mesa de esa decisión por lo que los grupos tienen que registrarlas de nuevo si quieren que se discutan en la nueva etapa. La idea del Gobierno de Sánchez es no impedir su tramitación. En el caso del Grupo Socialista, se abren otras dos posibilidades: que el Gobierno las lleve en forma de Proyecto de ley o a través de un decreto.