La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lideró la resistencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado fue rechazada por el Gobierno para un puesto de magistrada en Europa hace menos de un año. Ocurrió a principios de 2019, con Delgado al frente del Ministerio de Justicia y tras un procedimiento de varios meses en el que su departamento era el encargado de recibir las candidaturas en un correo corporativo del Ministerio.
Menos de un año después de haber recibido el portazo del Gobierno para el puesto que pretendía, Nuria Díaz Abad ha encabezado al grupo de vocales conservadores que han intentado cerrar la puerta de la Fiscalía General del Estado para la exministra.
A finales de 2018, el Ejecutivo inició los trámites para cubrir las dos plazas que corresponden a España para jueces del Tribunal General e inició el proceso para la selección de candidatos. En el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018 se aclaraba que los candidatos deberían ser “personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales”.
Nuria Díaz Abad llevaba años trabajando su perfil para un puesto en la justicia europea. Pese a no ser jueza, el CGPJ la impulsó para presidir la Red Europea de Consejos de Justicia, cargo al que llegó en 2016. Según confirman fuentes de su entorno a eldiario.es, a finales de 2018 presentó su candidatura para uno de los dos puestos de magistrado que debía proponer el Consejo de Ministros.
Su nombre figuraba en la propuesta paritaria que barajaba el Gobierno y que incluía el nombre del abogado del Estado Miguel Sampol. Díaz Abad contaba con la complicidad del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece y con el apoyo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos fueron íntimos colaboradores mientras coincidieron en el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los últimos compases del proceso de selección la candidatura de Abad acabaría por venirse abajo. Según fuentes jurídicas, consultadas por eldiario.es, se empezaron a suceder las “llamadas de alarma a Moncloa” para advertir del perfil conservador de la candidata y de su vinculación ideológica con el Opus Dei. Sobre esto último apenas hay referencias publicadas salvo que Díaz Abad fue la persona escogida por el Colegio Mayor Belagua (Navarra), perteneciente esta organización ultracatólica, para pronunciar la conferencia de clausura del curso 2016-2017 que tituló, “Mirando al futuro de la Unión Europea”.
Las llamadas acabarían surtiendo efecto y solo unas horas antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros dejaba caer la candidatura de Díaz Abad para decantarse por otro perfil; el del catedrático José Martín y Pérez de Nanclares. Frente a la idea inicial de presentar una lista paritaria para la renovación del órgano jurisdiccional europeo, el ejecutivo acabaría presentando una lista con dos hombres.
Con la decisión de última hora, el Gobierno se saltó las recomendaciones incluidas en el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese texto, modificado a finales de 2015, se realizaba la siguiente sugerencia a los países miembros: “Es de suma importancia garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General [...]. Procede organizar las renovaciones de modo que los estados miembros empiecen a proponer dos jueces al objeto de escoger una mujer y un hombre”.
En el entorno de Nuria Díaz Abad dicen desconocer si Dolores Delgado impulsó el veto que la descabalgó de la candidatura en la última fase del proceso de selección. A pesar de que la elección de candidatos corresponde al Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia fue el encargado de recibir las candidaturas a través de una dirección de correo electrónica corporativa. Además, el comité de selección que preparó la decisión estaba configurado por cuatro miembros, de los cuales dos correspondían al departamento que dirigía Dolores Delgado.
Poco menos de un año después de aquel portazo del Gobierno a las pretensiones de Díaz Abad, la vocal del CGPJ ha liderado el grupo de resistencia que dentro del Poder Judicial ha eludido su obligación de valorar la candidatura propuesta por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado. Durante el debate celebrado por el poder judicial el pasado jueves, Nuria Díaz Abad anunció la redacción de un voto particular contra la decisión mayoritaria de avalar el nombramiento de Dolores Delgado. El texto de ese voto particular fue presentado en el registro de manera inmediata. Su autora necesitó solo una hora para presentar un documento de cinco folios en el que defendía que el perfil de la exministra no era apropiado para la Fiscalía General.
El voto particular redactado por Díaz Abad fue secundado por otros seis vocales conservadores, una cuota insuficiente para imponerse sobre la mayoría que dio luz verde al nombramiento. En el voto particular, expresa su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque “las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía”.