La coalición de PSOE y Unidas Podemos ya cuenta con una reprimenda del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, de mayoría conservadora, ha tardado solo 24 horas en reprender al vicepresidente Pablo Iglesias por sus palabras sobre la Justicia. En una entrevista en Antena 3 este martes, Iglesias había calificado como “humillación” que “muchos” tribunales europeos hayan “quitado la razón” a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés.
Las declaraciones no gustaron en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo principal órgano de decisión, la comisión permanente, emitió este miércoles un comunicado en el que pidió a Iglesias “moderación, prudencia y mesura” y le instó a abstenerse de hacer una “utilización política de la Justicia o cuestionar su independencia”. La Moncloa reaccionó al toque de atención de la cúpula judicial cerrando filas con Iglesias: a través de un comunicado el Gobierno enmarcó las palabras del vicepresidente en “la libertad de expresión” y llamó a la oposición al diálogo para renovar el CGPJ, de actual mayoría conservadora, y cuyo mandato está agotado desde hace más de un año.
En la misma declaración institucional, el Poder Judicial también había apelado a la “responsabilidad institucional” de los miembros del Gobierno para evitar “el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial”. Recordaba el órgano de gobierno de los jueces que la actuación del Poder Judicial “persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles”.
La declaración institucional llegó solo dos días después de que el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 prometiera su cargo en el Palacio de la Moncloa. Antes de estas consideraciones, realizadas ya como vicepresidente, algunos sectores de la judicatura habían mostrado su malestar con otras declaraciones realizadas en una entrevista publicada por eldiario.es tras la investidura de Pedro Sánchez y cuando ya se sabía que iba a ocupar ese puesto. “Hay algunos togados en nuestro país que algunas veces han puesto su ideología, que es muy respetable, por delante del derecho”, aseguró el pasado 7 de enero en la entrevista.
Otros toques de atención
No es la primera vez que el CGPJ reprende a políticos por sus apreciaciones públicas sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de los jueces. Antes de Iglesias, el último miembro del Poder Ejecutivo criticado por el CGPJ fue el exmimistro de Justicia con el PP Rafael Catalá. En un comunicado muy similar al hecho público este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces aludió a la “moderación, prudencia y mesura”, le pidió “responsabilidad institucional” y que no hiciera una “utilización política” de la Justicia.
El entonces ministro, que llevaba tres años y medio en el cargo, había afirmado que el juez de la Audiencia de Navarra que firmó el voto particular de la sentencia de La Manada tenía “algún problema singular” que debería haber motivado alguna actuación por parte del CGPJ. Ese magistrado había pedido la absolución de los acusados y aseguró que en los vídeos aportados no se apreciaba “violencia” ni “desprecio”, sino un “ambiente de regocijo y jolgorio”. Los cinco autores fueron condenados después por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel.
El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, también fue objeto de los reproches del CGPJ tras haber afirmado durante un acto institucional en febrero de 2018 que en España hay presos políticos. La cúpula judicial catalana, que estaba presente en la sala, la abandonó en señal de protesta. Y el CGPJ reaccionó después sosteniendo que esa afirmación, realizada por un representante institucional, suponía una “ descalificación muy grave de la función judicial”.
Aunque no centrado en políticos concretos como en los casos citados, la cúpula del CGPJ también puso en valor la independencia judicial ante pronunciamientos de varios cargos de gobiernos de PP y PSOE. Por ejemplo, en enero de 2015, calificó de “exceso no justificado” las declaraciones de distintos miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy lamentando la excarcelación de los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola tras la derogación de la doctrina Parot.
En marzo de 2010, en otro mandato del CGPJ, el órgano de gobierno de la judicatura había hecho pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, que fue titular de Justicia, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tras ser inhabilitado por el Supremo por ordenar la intervención de unas comunicaciones de acusados en la trama Gürtel.