Una polémica norma elimina la detención sin flagrancia en Perú

Lima, 12 dic (EFE).- La promulgación de una ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia ha generado gran polémica en Perú, donde las autoridades del Gobierno y el Congreso, que la aprobaron y promulgaron, anunciaron este jueves que evaluarán si plantean su reforma o derogación.

La Ley 32181 fue aprobada por el Congreso y promulgada el miércoles en el diario oficial El Peruano, con las firmas de la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Aunque su intención fue prohibir que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente tras causar una lesión o muerte en cumplimiento de sus funciones, también se incluyó una disposición final complementaria que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.

Tras la polémica y las críticas generada por esa medida, lanzadas principalmente por el Ministerio Público, juristas y medios locales, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Ejecutivo analizará si plantea la modificación de la disposición complementaria.

Arana declaró a la emisora RPP que cuando el proyecto llegó al Ejecutivo su despacho hizo un informe en el que manifestó su preocupación, pero también determinó que se encontraba en el “marco de la Constitución”.

El ministro agregó que el Ministerio Público también “tuvo la oportunidad” de informar su oposición antes de la promulgación y que ahora aún puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir que se derogue la ley.

Anunció, sin embargo, que su despacho no va “a esperar a que la acción de inconstitucionalidad se pueda o no efectuar”, sino que hará un análisis para proponer “las modificaciones que correspondan”.

A su turno, el presidente del Congreso, el conservador Eduardo Salhuana, también manifestó su preocupación por esta norma y consideró que debe ser corregida.

“Tenemos que rectificar, me parece que no permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia va a limitar la acción de justicia”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, recordó que los jueces tienen la potestad de declarar inaplicable cualquier norma que consideren que es contraria a la Constitución peruana.

“Los jueces son la última palabra. Entonces, ellos verán si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución, pues las aplicarán. Y si consideran que no, las inaplicarán”, enfatizó.