Aceptar la invitación del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, para una reunión sobre las obras de la plaza de toros puede salir caro a seis ciudadanos. El Ayuntamiento convocó un encuentro con miembros de la Asamblea contra la Especulación para tratar el asunto por el que el colectivo estaba llamando a la protesta. La organización decidió enviar a seis miembros que ahora han recibido un expediente sancionador porque la policía les identifica como los “promotores” de esa manifestación no comunicada debido a su presencia en el consistorio.
La Asamblea contra la Especulación convocó una movilización el 21 de octubre para protestar por las obras de la plaza de toros. Unos días antes, el colectivo recibió la invitación de Lacalle para asistir a una reunión en el ayuntamiento sobre su último proyecto estrella, que costará seis millones de euros, y que cuenta con una fuerte oposición en la ciudad. La asamblea decidió enviar a seis representantes a la cita, que se desarrolló el mismo día en que se iba a celebrar la protesta.
Al llegar al consistorio, fueron identificados por un agente que, según relatan los afectados, les dijo que era un trámite necesario para poder acceder a las dependencias municipales. El encuentro no disipó la intención de la asamblea de manifestarse esa tarde. También convocaron una protesta contra la plaza de toros dos días después. Esa convocatoria, a la que acudieron unas 300 personas, acabó frente al edificio Promecal, propiedad del constructor condenado por corrupción en los 90 Miguel Méndez Pozo, que está detrás de la mayoría de los proyectos urbanísticos de la ciudad, incluido el famoso bulevar de Gamonal.
Ahora, las seis personas que acudieron a la reunión con el alcalde han recibido una notificación de un expediente sancionador por una supuesta infracción grave –con multas de 300 hasta 30.050 euros– porque la policía les considera los responsables del “colectivo promotor” de una manifestación “no comunicada a la Autoridad Gubernativa”.
El expediente de infracción, emitido por la Subdelegación del Gobierno de Burgos, identifica como “entidad convocante y promotora” de las movilizaciones a la “Asamblea contra la Especulación” y señala que esa atribución es “conocida, públicamente, por motivo de su amplia difusión a través de varios medios de comunicación”, según el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.
La policía utiliza la asistencia de los seis miembros de la asamblea a la reunión en el ayuntamiento para atribuirles la responsabilidad de la convocatoria. “Los medios de comunicación locales se hacen eco de una reunión mantenida por el equipo de Gobierno Local con seis personas que se erigen como representantes del citado colectivo promotor”, recoge el escrito que inicia el expediente contra ellos.
La Subdelegación del Gobierno provincial se basa en la Ley de Seguridad Ciudadana vigente para justificar la decisión policial de enviar las multas a estos miembros de la asamblea, pese a que algunos de ellos aseguran no haber siquiera asistido a la manifestación.
“Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación también se considerarán organizadores o promotores a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan determinarse que son inspiradores de aquellas”, dice el artículo en el que se escuda la subdelegación para abrir el expediente sancionador contra los asistentes al encuentro con el alcalde.
Los miembros del colectivo, que ha recibido un texto idéntico por la protesta que se desarrolló una semana más tarde, tienen la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas, que van de los 300 a los 600 euros.