El policía que mejor conoce el caso Gürtel y de la caja B desmontó ante el juez, en apenas veinte minutos, la tesis de que el espionaje a Luis Bárcenas solo pretendía contribuir a las pesquisas sobre la financiación irregular del Partido Popular. El inspector jefe Manuel Morocho aseguró a los fiscales Anticorrupción y al magistrado Manuel García-Castellón que todo se hizo a espaldas del juez de la caja B, de él mismo y del resto de agentes de la UDEF designados por la Audiencia Nacional como policía judicial del caso.
El plan para hacer pasar por legal el operativo de recuperación de pruebas comprometedoras para dirigentes del PP culminó con una maniobra de Andrés Gómez Gordo, el policía que había dejado formalmente de trabajar con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para regresar al servicio activo y controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Francisco Granados.
Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos” —según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción— obtenidos anteriormente por los policías de los casos Gürtel y caja B.
Esta estrategia de defensa de los investigados, intentando hacer pasar la vigilancia a Rosalía Iglesias como una operación legal, motivó que el juez del caso Villarejo solicitara al Ministerio del Interior la desclasificación y entrega de cualquier documento que pudiera estar relacionado con las maniobras que investigaba.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no encontró nada por el nombre de Kitchen al tratarse ésta de la denominación con la que Villarejo había bautizado informalmente la operación porque decía que Ríos tenía aspecto de cocinero.
Pero sí aparecieron partes de vigilancias, los pagos con fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas que luego explicó al juez uno de los investigados, el comisario Enrique García Castaño, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones, según la versión del mando policial.
El fichero elegido para introducir esos datos fue el perteneciente al GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) de la Policía. Esta base de datos, a la que se alude con el nombre del grupo que la gestiona, se utiliza para evitar investigaciones dobladas en el seno del Cuerpo. Las distintas unidades introducen identidades, matrículas o teléfonos que están vigilando y si antes lo han hecho otros policías, el sistema avisa de la coincidencia.
Dos años después de arrancar el operativo
El grueso de Kitchen se desarrolló entre el verano y el otoño de 2013, si bien hay constancia en la investigación de que la misma que se prolongó hasta 2015. De hecho, el chófer estuvo cobrando durante dos años 2.000 euros mensuales de los fondos reservados. Fue el 13 de mayo de 2015, casi dos años después de que se pusiera en marcha el operativo parapolicial, cuando Andrés Gómez Gordo, con su carnet profesional, elaboró el “Parte Informativo Investiga”, un documento interno para la inclusión de datos de una investigación en la base de datos de Inteligencia Criminal.
Entre esos datos hay informaciones relativas a movimientos y contactos de Bárcenas, personas, vehículos, lugares de reunión, sociedades relacionadas y agendas telefónicas. Aparecen apartados dedicados al propio extesorero, su mujer, sus hijos Guillermo e Ignacio, y de otros como el presunto testaferro Javier Sánchez Lázaro y varios implicados en el caso Gürtel. La alerta de investigaciones dobladas no salta, sin embargo, hasta 2018.
Además, el inspector jefe Morocho, el policía comisionado para investigar los casos Gürtel y caja B concluye sobre esa información que son datos ya conocidos (“en su parte sustancial se encontraban ya en el procedimiento judicial”) y que los que no, procedentes de vigilancias y seguimientos, no pueden ser utilizados en una investigación judicializada porque se desconoce su origen y son “datos inconexos sin valor de inteligencia”. En su informe aclara que aunque quien firma es Gómez Gordo, éste estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa, la estructura de la Policía en la que anidó la brigada política creada por el comisario Eugenio Pino. Una de esas informaciones, que habría obtenido el comisario García Castaño, situaría el dinero oculto de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. La información, cierta o no, nunca llegó al juez del caso.
Por su parte, el magistrado de la caja B, José de la Mata, concluye igualmente que el espionaje a Bárcenas no contribuyó a la investigación de la financiación irregular del PP sino a la protección de los dirigentes del partido que perseguía. En un auto de abril, conocido con el último levantamiento del sumario de la caja B, De la Mata considera que los policías presuntamente corruptos “cumplieron con los objetivos marcados mediante apoderamiento de documentación de los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos Esgueva en unión de Andrés Gómez Gordo”, el policía encargado de materializar el intento de blanqueo del espionaje parapolicial.
Y en el mismo auto, De la Mata condena al fracaso el intento de blanqueo de la operación. “Para ocultar esa realidad —dice el juez— se afloró la investigación en el sistema de inteligencia criminal incorporando elementos que no proceden de las actuaciones realizadas con el fin de justificar la realización de una investigación de naturaleza económica, trasladar las responsabilidades vía cooridnación al grupo de policía judicial y conseguir la salvaguarda de las actuaciones realizadas por los intervinientes de la misma”.