La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado sobrecostes de entre el 4,85 y el 94,53 por ciento en 18 de las 23 adjudicaciones que ha analizado de todas las que se concedieron a la Constructora Hispánica desde la Administración General del Estado (AGE) durante el segundo Gobierno de José María Aznar, según consta en un informe enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa sobre las llamadas comisiones finalistas.
En el informe policial, al que ha tenido acceso Europa Press, se analizan 23 expedientes de contratos públicos adjudicados bien a la Constructora Hispánica en solitario bien a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que formaba parte, entre los años 2000 y 2004 por parte de la AGE y de sus organismos o entidades públicas dependientes como AENA, RENFE O TURESPAÑA. Las 18 adjudicaciones con sobrecostes suponen un 78,2 de los 23 contratos analizados.
La UDEF ha puesto el foco en las obras concedidas a dicha constructora porque su presidente y consejero entre 1992 y 2009, Alfonso García Pozuelo, así como algunos miembros del consejo de administración de las otras empresas que integraban las UTEs ganadoras, constan como donantes de la presunta 'caja b' del Partido Popular.
Tras analizar todo el proceso, desde las ofertas de las distintas mercantiles hasta la finalización de las obras, los investigadores han concluido que, de los 23 expedientes estudiados, 18 tuvieron “un coste superior al precio original” que osciló entre el 4,85% de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el 94,53% de TURESPAÑA.
Y ello, explica la UDEF, debido a “cambios en las circunstancias de ejecución del contrato, ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final y obras complementarias”.
Este informe, fechado el 20 de julio, se ha conocido después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decidiera no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales caducaba el 29 de julio.
Pedraz ha estado investigando si los donantes de la presunta 'caja b' del PP daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas. La causa la inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero la cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de enero que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del pasado 16 de julio ante Pedraz, el ex tesorero implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.