La Comisaría General de Información, estructura antiterrorista de la Policía, ha detenido a ocho individuos de nacionalidad española en varias comunidades autónomas por “diversos delitos” relacionados con sus presuntos viajes a la región ucraniana de Donbass para combatir junto a las milicias prorrusas.
La operación está coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los arrestos se han practicado en las ciudades antes mencionadas y en Cartagena, Barcelona, Pamplona, Alcorcón y Madrid (dos arrestados en esta última) y han concluido alrededor de las 6.30 horas. Todos ellos se desplazaron a lo largo de 2014 y regresaron recientemente. Los agentes antiterroristas tienen constancia de que todavía hay españoles combatiendo en Ucrania que no han regresado.
Según el Ministerio del Interior, los detenidos están acusados de delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y “actos que atentan contra la los intereses del Reino de España en el exterior”. “En el conflicto en el que participaron los detenidos hay cientos de civiles muertos, la mayoría de nacionalidad ucraniana. Algunos de estos actos han sido calificados de acciones terroristas por las autoridades de aquel país”, señala Interior en una nota.
Fuentes jurídicas han explicado a eldiario.es que la acusación de haber cometido presuntos asesinatos es genérica y está relacionada con la participación armada de los detenidos en actos que han producido víctimas mortales. Al respecto, el Ministerio afirma que durante la estancia de los detenidos en Ucrania, “además de la presunta comisión de delitos de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios llevados a cabo por los grupos y batallones a los que se unieron, hay que añadir la tenencia y depósito de armas y explosivos, hechos que se han difundido también a través de las redes sociales y con repercusión en la captación y reclutamiento de futuros combatientes”.
Según Interior, estos actos pueden ser constitutivos de “delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que España ha de mantener en relación con la Comunidad Internacional”. La Policía ha decidido bautizar la operación como 'Danko'.
El artículo 591 del Código Penal castiga con penas de 4 a 8 años a quien, “durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla”. En este artículo se habla de “guerra”, pero el Ministerio del Interior señala en su nota la participación en “acciones terroristas”.
Batallón 'Fantasma'
Entre los detenidos se encuentran Rafael Muñoz Pérez, de 27 años, y Ángel Davilla-Rivas, de 22, quienes habían anunciado públicamente en internet el verano pasado que se marchaban a combatir a Ucrania. La mayor parte de los arrestados habrían estado encuadrados en la 'Brigada Internacional Carlos Palomino', llamada así en homenaje al joven antifascista asesinado por un neonazi en el metro de Madrid. Esta brigada estaba integrada, a su vez, en el Batallón Vostok.
El Diario de Noticias de Navarra publicó el pasado mes de octubre una entrevista con un pamplonés de 24 años que combatía entonces en Ucrania. Según fuentes de la investigación, se trata del arrestado este viernes en la capital navarra. En la entrevista aseguraba que había pasado del Batallón Vostok (Oriental) al Prizrak (Fantasma), las fuerzas de élite de las milicias.
En la entrevista, que se realiza a través de mensajes de teléfono, dice –bajo nombre falso– que entró por Rusia para “no tener que atravesar las líneas enemigas sin correr peligro” y que hay “unos cuantos” combatientes procedentes de España. “Más allá de mis ideales o convicciones políticas afines a algún partido, no vengo en representación ni enviado por nadie. Estoy aquí por decisión personal”, decía.
Investigación por las redes sociales
Al parecer, las redes sociales han sido fundamentales en la investigación policial. Interior señala que los arrestados “compartieron y difundieron” su entrenamiento a través de ellas y que también exhibieron uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos, “manifestándose a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos”.
La Audiencia Nacional es competente para la investigación de los hechos cuando hay indicios de que “se trata de delitos cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos”.