Un nutrido número de agentes de la Policía Nacional espiaron los movimientos de al menos 55 diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como acredita la documentación remitida por el propio Cuerpo a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que forma parte ya de la causa que el juez Santiago Pedraz sigue contra la guerra sucia contra el partido político, desplegada durante el último Ejecutivo del Partido Popular.
Este episodio, ocurrido durante el mandato de Rajoy, está documentado a través de ficheros con las consultas que sobre los movimientos de los diputados hicieron funcionarios de la seguridad del Estado. El juez indaga en quién y cómo dio las órdenes o si responde a una acción coordinada sobre las consultas. Algunas de ellas se realizan desde comisarías locales y especialidades ajenas a cualquier tarea de investigación, pero otras intentan averiguar dónde se han desplazado y alojado los diputados y están realizadas por agentes de unidades de las que consta implicación en las maniobras contra Podemos.
En algunos casos el análisis de los datos no deja lugar a dudas sobre a quién buscaban, al realizar la búsqueda con el nombre los dos apellidos y la fecha de nacimiento que coincide con la del diputado. En otros casos, sobre todo de parlamentarios con apellidos más comunes, algunas búsquedas abarcan a otras personas con nombres similares. Información que ahora debe ser filtrada por los investigadores para saber qué búsquedas se corresponden con miembros de Podemos y cuáles no.
En febrero, Pedraz admitió una querella por la que está imputado el número dos del Ministerio del Interior entonces, Francisco Martínez. En uno de los chats de whatsapp que se incautaron al ex secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen, el político da instrucciones a un destacado miembro de la brigada política para que averigüe datos comprometedores de los diputados de la nueva formación.
Entre los espiados a través de las consultas en las bases de datos policiales están el que era líder de la formación, Pablo Iglesias, su antiguo colaborador Iñigo Errejón, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz –entonces diputada de Podemos–, o el que fuera candidato de Compromís a la Generalitat valenciana Joan Baldoví. También aparecen espiadas la actual líder de Podemos, Ione Belarra, o la candidata de la formación a las últimas elecciones europeas, Irene Montero. Según la documentación, que ha adelantado El País, las consultas se hacen desde distintas instancias policiales, desde servicios centrales de la Policía a Jefaturas locales o los policías destinados en el Congreso.
Sirva como ejemplo de la intensidad del espionaje las consultas en las bases de datos a Pablo Iglesias. En la documentación enviada a la Audiencia Nacional aparecen 122 consultas sobre Pablo Iglesias entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Son realizadas desde los servicios centrales de la Policía Judicial, comisarías de barrio, la especialidad de Seguridad Ciudadana o una oficina de denuncias. Pero también desde la Brigada de Información, un grupo dedicado a los extremismos políticos responsable, por ejemplo, de las infiltraciones en movimientos sociales conocidas recientemente. Entre las consultas que Información hizo sobre Pablo Iglesias hay sobre sus hospedajes, acerca de las identificaciones que le hubieran hecho otros agentes en la calle o sobre “joyas”.
Fuentes policiales cualificadas explican a elDiario.es que se trata de discernir en si un funcionario ha cometido un delito de revelación de secretos motivado únicamente por la curiosidad o si estaba realizando una investigación prohibida y prospectiva a un cargo público por orden de sus superiores. Todas las consultas realizadas fuera de un procedimiento judicial y no relacionadas con una investigación están prohibidas. En las consultas también deberían aparecer las motivadas por trámites de los diputados, como puede ser la renovación de un pasaporte.
Una investigación de Asuntos Internos
En un escrito remitido al juez, la actual Unidad de Asuntos Internos explica el campo de investigación de las consultas realizadas Se tratan, dice, de un “informe de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los datos que obren de los mismos en cualquiera de los ficheros informatizados que posee el CNP durante los años 2015 y 2016, con expresión, para cada acceso o intento de acceso, de la identidad del funcionario que lo lleva a efecto, fecha del mismo, persona a la que se refiere la solicitud, motivo expresado de la solicitud, si constara, y concretos datos que solicita y en su caso obtiene, de varios diputados”.
El 30 de enero de 2016, las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno estaban en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular. Ese día, el secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez.
La conversación aparece en los whatsapp intervenidos a Martínez en 2020, en el marco de la investigación por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc…”, escribe el número dos de Interior al policía.
“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres, nada”. El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”.
Iglesias pide que los jefes políticos del espionaje a Podemos vayan a prisión
El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles que “los mandos policiales y sus jefes políticos responsables de esto deberían ir a prisión”, mientras que la actual secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha añadido que el espionaje no fue solo contra su partido: “Era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que “el PP nunca acepta las reglas democráticas” y que el objetivo del espionaje era “evitar que hubiera cambios en España”. “No lo consiguieron”, ha afirmado a través de un mensaje publicado en la red social X. Díaz ha añadido que “una noticia tan grave nos debe empujar a seguir democratizando las instituciones. El PP debe responder ante la sociedad española”.
Sumar también ha pedido “que los responsables lo paguen” a través de un mensaje publicado en X. “Todo el aparato del Estado puesto al servicio de un partido corrupto y mafioso intentando parar la soberanía popular. No lo consiguieron ni lo conseguirán”, han añadido. El dirigente de Compromís, Joan Baldoví, que también se encuentra entre los espiados, se ha dirigido en un mensaje a los responsables del espionaje: “Nos vemos en los tribunales”.