La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de agentes dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Este grupo de policías usurpa las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y no está identificado en el organigrama del Cuerpo.
El Ministerio del Interior niega su existencia, aunque sus integrantes se reparten en dos estructuras conocidas: la Unidad de Asuntos Internos, que debería ceñirse a investigar conductas delictivas de otros policías, y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, creada por Ignacio Cosidó al comienzo de la legislatura y de la que se desconocen el número de integrantes o sus funciones, más allá de una confusa definición genérica.
Esta suerte de Policía política ha provocado durante meses rumores en el seno del Cuerpo, que no pasaban de ahí por el secretismo con el que se maneja el grupo. Algunas informaciones en medios de comunicación se han referido a él, pero han sido desmentidas oficialmente desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Ahora, eldiario.es ha tenido acceso a una oferta interna de la Dirección de la Policía para cubrir una de las vacantes. Formalmente, se trata de una oferta para inspectores que quieran incorporarse a la Unidad de Asuntos Internos, pero las características que se reclaman en ella tienen que ver muy poco con las requeridas tradicionalmente para un agente de policía que investiga a policías.
Según recoge el documento, se valorará “positivamente” en los inspectores aspirantes “tener conocimientos y/o experiencia” en la investigación de delitos relacionados con el “crimen organizado, delincuencia económica y fiscal, blanqueo de capitales, etc.”. A pesar de la lógica discreción con la que trabaja la Unidad de Asuntos Internos para no ser descubierta por los policías investigados, su participación en casos de entidad termina saliendo a la luz. Sucedió en el ‘caso Faisán’, en la investigación de un grupo de policías en la operación Emperador o, más recientemente, en el crimen de Cala Cortina, por el que seis agentes han sido detenidos en Cartagena, acusados de matar a golpes a un hombre. En ninguno de estos casos se investigó un blanqueo de capitales, ni los hechos se aproximan siquiera a la delincuencia económica, según se define esta judicialmente.
La segunda condición que puntúa para la obtención de la plaza es haber trabajado en grupos de investigación, ya sea Judicial o de Información, es decir, contra la delincuencia especializada o el terrorismo. Y la tercera, el conocimiento de idiomas, con una mención expresa a las “lenguas cooficiales de España”. Llama la atención esta última, ya que dos de las tres comunidades autónomas con lengua cooficial, Euskadi y Catalunya, tienen un escaso número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) destinados en ellas, puesto que las competencias en materia de seguridad están transferidas a la Ertzaintza y los Mossos, respectivamente. Por tanto, es un caladero escaso para una unidad que investiga a policías.
Solo un reducido número de cargos de Interior conocen al detalle el trabajo y el número de policías destinados en el grupo ‘contra-separatista’, pero fuentes policiales apuntan a una treintena de agentes destinados en la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. A estos se suma un grupo integrado en Asuntos Internos dedicado a cuestiones operativas o, lo que es lo mismo, a trabajar en la calle.
Este segundo grupo de agentes habría sido creado en el seno de Asuntos Internos en 2012 y trabajaría desde entonces al margen de las dos brigadas que siempre han compuesto la unidad. La Dirección de la Policía dejó de facilitar a los sindicatos el número de agentes destinados en Asuntos Internos justo ese año. Hasta ese momento, eran 160 policías. Desde entonces, se desconoce la cifra.
Ambas unidades, que prestan agentes al grupo secreto, pertenecen a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), al frente de la cual está el comisario Eugenio Pino, el hombre fuerte de la Policía con el Partido Popular. Las fuentes policiales conocedoras del grupo 'antiseparatismo' atribuyen la idea y su dirección al comisario. Sobre Pino, de la total confianza de Fernández Díaz, en el Cuerpo y el Ministerio del Interior son sobradamente conocidas dos de sus fijaciones: la Guardia Civil –con la que mantiene un enfrentamiento soterrado por cuestiones competenciales– y la cuestión catalana. Eugenio Pino es también el responsable de la “militarización” de la Policía, con medidas como el cambio de insignas en los uniformes, la imposición de un cántico castrense de homenaje a los caídos en los actos oficiales o la regularización del saludo a los mandos.
Debate en Anticorrupción
A pesar del secretismo con el que trabaja el grupo ‘anti-independentista’, su labor ha dejado rastro. Ocurrió con el informe que la Policía entregó el pasado 22 de mayo a la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas actividades irregulares de Oleguer Pujol, el menor de la familia Pujol Ferrusola. Según ha podido saber esta redacción, el hecho de que el documento estuviera firmado por Asuntos Internos provocó extrañeza y forzó un debate en el seno de la Fiscalía especial, que se resolvió a favor de utilizar la información, siempre después de que sus técnicos en materia tributaria consideraran que podía conducir a hechos delictivos. Quién firmara el documento, zanjó Anticorrupción, era una cuestión interna de la Policía.
La Fiscalía abrió diligencias y puso los datos en manos de los agentes de la UDEF adscritos a ella. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos, Guanyem Barcelona y otros grupos sociales en la parte referida a Oleguer Pujol. La Dirección de la Policía justifica la participación de Asuntos Internos porque esta unidad habría encontrado los datos sobre Oleguer Pujol por azar durante otra investigación.
Según esta versión, se los entregaron a la Fiscalía y a la UDEF, sin apenas trabajarlos. Sin embargo, hoy por hoy, la detallada información suministrada por Asuntos Internos todavía constituye el tronco de la investigación por blanqueo de capitales y delito fiscal contra Oleguer Pujol.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal pone límites a las investigaciones prospectivas de las Fuerzas de Seguridad. Esto es, que salgan “a pescar”. Su artículo 284 establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”.
Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación, prohibiendo que derechos fundamentales “puedan ser objeto de limitación para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir hechos eventualmente sancionables, o para despejar meras sospechas que pudieran albergar los responsables de una investigación”.
El modus operandi del grupo secreto pasa por entregar el resultado de sus averiguaciones a las unidades policiales que deberían haberse encargado de ellas, y así borrar su intervención antes de que los datos lleguen al juzgado. En otros casos, la ocasión política, o las pocas posibilidades de que un juez utilice esa información, ha provocado que acaben en los medios de comunicación. El artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que sus miembros deben “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”.
Pero la noticia que ha puesto el foco sobre las actividades de Asuntos Internos ha sido la detención del 'pequeño Nicolás'. Como él mismo ha explicado, fueron agentes que se identificaron como miembros de esta unidad los que procedieron a su arresto, sin que en los hechos que se le atribuyen esté mezclado miembro alguno del CNP. Cuando se interrogó al ministro del Interior por esta circunstancia, Jorge Fernández Díaz salió al paso declarando que el hecho de que el muchacho hiciera “atribuciones” sobre sí mismo vinculadas a las “altas instituciones del Estado y la Seguridad del Estado” hacían de Asuntos Internos la unidad “más idónea” para su arresto.
Esta afirmación del ministro causó perplejidad en la propia Policía. Una orden interna dictada el pasado año, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”. El 'pequeño Nicolás' no es policía, ni funcionario adscrito al Cuerpo. Los delitos por los que está imputado –estafa, falsificación y usurpación de funciones públicas– deberían haber sido investigados por la Brigada de Policía Judicial de Madrid, según responsables policiales.
En perjuicio de la UDEF
Las fuentes consultadas para esta información vinculan la creciente actividad del grupo en detrimento de la UDEF a los problemas de Interior para controlar esta última unidad. Los agentes del grupo secreto están todos destinados en la Dirección Adjunta Operativa, ya sean de Asuntos Internos o de la Unidad de Planificación y, por tanto, solo responden ante Pino.
Los problemas para someter a la UDEF han costado el puesto a dos comisarios generales de la Policía Judicial en lo que va de legislatura. Ante la polémica política y mediática que ocasionaron estos cambios, Interior modificó su estrategia y pasó a presionar directamente a los policías encargados de los casos Gürtel y Bárcenas. Fue el caso de los interrogatorios a los que se han visto sometidos los policías que investigan al Partido Popular en las citadas causas.
Después se optó por poner a un comisario de la confianza de la actual cúpula policial como jefe directo de esos policías, pero una información de eldiario.es desbarató la maniobra. La noticia fue publicada cuando el nuevo jefe de la Brigada Anticorrupción ya había acudido en dos jornadas diferentes a su nuevo puesto. Interior aprovechó que había dejado sin firmar la orden para que Fernández Díaz negara en el Congreso que ese relevo se hubiera producido.
La aceleración que ha vivido el proceso soberanista en Catalunya durante los últimos años ha corrido paralela a las noticias sobre presuntos casos de corrupción vinculados a destacados políticos nacionalistas o su entorno. En algunas de ellas existen indicios sólidos que se investigan en la Audiencia Nacional –Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Oleguer– o en un Juzgado de Barcelona, caso del legado sin declarar durante tres décadas que confesó Jordi Pujol i Soley. Otras, sin embargo, no pasaron del medio de comunicación elegido para la filtración: es el caso de las supuestas cuentas en Suiza del padre de Artur Mas o el propio Pujol i Soley, o más recientemente, de otro depósito bancario atribuido al alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Sus publicaciones coincidían con citas electorales en Catalunya o con momentos álgidos del proceso independentista.
Precisamente, las primeras informaciones que fuentes policiales vinculan al grupo 'contra-separatista' son las del supuesto borrador de la UDEF sobre las cuentas de Jordi Pujol y el padre de Mas y otros referentes a la corrupción en el seno de Convergència Democràtica de Catalunya. La información sobre el primer borrador fue publicada por el diario El Mundo el 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones autonómicas catalanas. El Ministerio del Interior –como ha asegurado que hace con la filtración sobre Trias– abrió una investigación interna que no llegó a ninguna conclusión. El comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, declaró ante un juez de Barcelona que ese papel no había salido de su unidad.
El viaje a Barcelona
Dos semanas antes, el 29 de octubre, dos comisarios de la Policía fueron a Barcelona para intentar convencer a los fiscales Anticorrupción de Catalunya de que había que registrar lo antes posible la sede de CDC en el marco del caso Palau. Los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled declinaron el ofrecimiento porque consideraron muy endebles los supuestos nuevos indicios que les presentaron los policías sobre la financiación irregular del partido, con fuentes de escasa fiabilidad.
Pero lo que más sorprendió a los fiscales fue qué dos policías habían intentado convencerlos, ya que ninguno de los dos tenía competencias con el caso Palau. José Luis Olivera fue jefe de la UDEF desde su creación, en tiempos del Gobierno socialista, y hasta pocos meses después de que el PP llegara a La Moncloa. En el momento de la reunión, Olivera dirigía –y lo sigue haciendo– el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), sin atribuciones operativas y, por tanto, sin vinculación con la investigación.
Olivera está considerado en la actualidad un policía muy próximo al ministro del Interior y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, y es el máximo candidato a dirigir el macroorganismo que resultará de fusionar el CICO y otro centro similar que analiza el fenómeno terrorista (CNCA).
El otro comisario era Marcelino Martín Blas-Aranda, el “Marcelino” que bajó a saludar al 'pequeño Nicolás' tras su detención, según relata el muchacho. Martín Blas-Aranda es un policía que sonaba para altos cometidos en la nueva Policía que planeaba poner en marcha el PP desde meses antes de ganar las elecciones. Se trata de la auténtica mano derecha de Eugenio Pino. Pero ¿qué hacía el jefe de Asuntos Internos hablando de corrupción con los fiscales de Catalunya?
Según explicó Interior tras la queja del Consejo Fiscal, Olivera conocía a los fiscales de su paso por la UDEF e hizo de introductor de Martín Blas-Aranda. El jefe de Asuntos Internos quería anunciarles un nuevo grupo dentro de la unidad dedicado a recuperar casos perdidos por la Policía por la dejadez de sus agentes. Nunca más hubo noticias de ese grupo, ni fuera ni dentro de la Policía. Olivera y Martín fueron condecorados con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo unos meses después, un reconocimiento pensionado.
Las fuentes consultadas por esta redacción atribuyen igualmente al grupo 'contra-separatista' la información de unos borradores sin membrete que, poco después del atribuido a la UDEF, comenzaron a circular por varios medios de comunicación. En esos borradores se narraban gravísimos hechos vinculados a Jordi Pujol y otros políticos de CDC, como Artur Mas o Felip Puig.
También apuntaban delitos económicos de los responsables de importantes medios de comunicación catalanes y la connivencia de empresarios con los políticos convergentes en temas de corrupción. Incluso se ponía en boca de un confidente la supuesta dependencia que Jordi Pujol tenía de una bruja llamada Adelina. Más de un año y medio después, y con el impulso del caso Pujol Ferrusola, algunas de esas informaciones han sido ampliadas por la UDEF y se encuentran a disposición de la Audiencia Nacional. Otras muchas continúan sin ser judicializadas.
La confidente que provocó la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación a Jordi Pujol Ferrusola, su examante Victoria Álvarez, había recibido previamente una visita de dos policías en Barcelona. Eso ocurrió en diciembre, después de que ella comentara a finales de noviembre a Jorge Moragas, el jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, lo que sabía sobre los negocios turbios del hijo mayor del expresident. Los dos agentes, según declaró Álvarez ante el juez Pablo Ruz, eran policías de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), distinta a la UDEF y que no investiga casos de corrupción. En uno de los SMS que publicó eldiario.es, el jefe de Gabinete de Rajoy dijo a Álvarez: “Si dieses una entrevista, y lo contases todo, salvarías a España”.
Tres días antes de la última Diada, elconfidencial.com publicó “un informe de Inteligencia” en el que se aseguraba que Artur Mas supervisaba personalmente el cobro de comisiones a través de cuatro empresas públicas. Las cifras de las mordidas oscilaban entre el 4 y el 6% de las adjudicaciones concedidas, asegura el documento, del que se decía que estaba en poder del Gobierno.