Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personaron ayer viernes en el domicilio De Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior con el Partido Popular, y le requisaron varios mensajes con el que era su jefe inmediato, Jorge Fernández Díaz, acerca de la operación de espionaje al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas, han informado a eldiario.es fuentes de las pesquisas.
Los policías presentaron una orden del juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, para el clonado de dispositivos digitales, tales como teléfonos móviles, de Francisco Martínez. Las fuentes consultadas precisan que el que fuera secretario de Estado de Seguridad colaboró en todo momento con los agentes de Asuntos Internos.
La pieza número 7 del caso Villarejo investiga la operación Kitchen, destinada a robar la información que Bárcenas pudiera retener y que fuera comprometedora para dirigentes del PP y de aquel Gobierno, una vez el extesorero ingresó en prisión y comenzó a tirar de la manta, en el verano de 2013. Para ello, la brigada política pagó un sueldo 48.000 euros en dos años al entonces chófer de la familia Bárcenas y luego facilitó su ingreso en la Policía con 42 años y un destino de los más requeridos por los agentes. La brigada política también allanó un local de la familia. La imputación de Martínez, cuya Secretaría de Estado manejaba los fondos reservados, se produjo a partir de las declaraciones de algunos policías imputados, que lo sitúan al frente del operativo.
Martínez defiende que aquella operación se desarrolló dentro de la legalidad, si bien optó por acogerse a no declarar cuando fue llamado a declarar como investigado. Tras darse a conocer que estaba citado a declarar, el ex secretario de Estado de Seguridad pidió respeto a la presunción de inocencia y aseguró que durante los años que ejerció el cargo trabajó con “lealtad” a sus superiores y dentro de la legalidad. “A pesar de los errores que sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley”, expresó en un comunicado. La operación y sus supuestos resultados nunca fueron puestos en conocimiento del juez del caso de la caja B, Pablo Ruz, ni de los agentes de la UDEF que trabajaban a sus órdenes directas.
La imputación de Martínez supuso un salto cualitativo en la investigación judicial de las actuaciones de la brigada política en tiempos del Partido Popular en el Gobierno. Francisco Martínez es el primer político en ser imputado después de que el juez García-Castellón hiciera lo propio en febrero del año pasado con toda la primera línea policial de la trama, incluido su artífice y jefe operativo, el comisario Eugenio Pino.
Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Cuando arrancó la investigación, los tres estaban aforados, pero esa circunstancia ha cambiado en todos ellos. A aquella policía política se le atribuyen también la Operación Catalunya o el informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos.