El inspector jefe que ha investigado durante más de una década Gürtel y la caja B del PP asegura en un informe entregado al juez de la causa de corrupción que el espionaje a Luis Bárcenas tuvo entre sus finalidades obtener documentos que permitieran al Partido Popular “anticiparse” a la actuación judicial en su “estrategia de defensa”, así como disponer de “un arma a su favor en una negociación” con el extesorero del partido, que había comenzado a confesar la financiación irregular durante al menos veinte años.
En un extenso informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el inspector jefe Manuel Morocho analiza la documentación del espionaje que remitió el Juzgado número 6, el del caso Villarejo y la Operación Kitchen al juez de la caja B. Se trata de conocer la incidencia del espionaje a Bárcenas que tuvo la “operación parapolicial” en la investigación judicial de la caja B.
“Se trata de informacion de inteligencia, en el sentido de conocimiento, que una vez integrada y analizada permite darle un uso operativo para anticiparse a las actuaciones judiciales previniéndose de los riesgos que las mismas pueden entrañar en su estrateiga de defensa”, escribe el agente 81.067 de la UDEF.
Asimismo, el Ministerio del Interior, al que el investigador atribuye directamente la operación de espionaje extrajudicial, buscó “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular.
“Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción sobre la práctica de diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez (...) así como de la unidad policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencia y propuesta de actuaciones”, asegura el agente 81.067 en su informe.
Para el inspector jefe Morocho, los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad del contenido de la cuenta analítica de donativos y la naturaleza de la misma en el sentido de la existencia de dinero negro recibido por le Partido Popular con origen en donantes adjudicatarios de obra pública que se aplicaba en parte al pago de cantidades a cargos públicos de la formación”.
Uno de esos documentos, revelado por El Independiente, muestra que presuntamente se destinaron hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para Rajoy y sus exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos. Según el informe, su contenido guarda “una correlación objetiva, subjetiva y temporal con el contenido de la contabilidad gestionada por Luis Bárcenas”.
Los investigadores también hallaron en casa de Villarejo documentos manuscritos elaborados por parte de Rosalía Iglesias, apuntes relativos a la campaña electoral municipal y autonómica del año 2003 del PP de Madrid e información sobre “facturación diversa” que los mandos policiales de la Operación Kitchen habían sustraído a los Bárcenas.
El informe afirma también que Sergio Ríos, el chófer que participó como topo en la operación, y el comisario Andrés Gómez Gordo sustrajeron a través de un disco duro externo “información de carácter digital” que estaba en poder del extesorero para que estuviera bajo “control” y pudieran conocerla “responsables” del PP. De esa forma, dice el inspector jefe de la UDEF, también se pretendía evitar esa “información sensible” fuera difundida a terceros y que “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación.