El revés en los tribunales que cosechó el falso informe PISA contra Podemos, las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho asumiendo los métodos de la Operación Catalunya o las últimas revelaciones de la Audiencia Nacional sobre el espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas: ninguno de los escándalos que ha acompañado a la actuación de la policía política ha motivado que alguno de los responsables políticos de aquel Ministerio del Interior dimitiera, fuera cesado o abandonara después de la política.
Varios sumarios acumulan indicios de que durante los últimos años en España operó una policía política que fabricó informes contra sus rivales políticos, que trató de destruir pruebas que pudiesen perjudicar al partido en el Gobierno y que espió a la familia del dirigente que tenía en sus manos el futuro del Partido Popular, Luis Bárcenas, el hombre que manejó las cuentas del partido durante casi veinte años. Todo pagado, presuntamente con fondos públicos, y sin que las revelaciones de los sucesivos escándalos hayan motivado una sola dimisión en aquel Gobierno.
La última investigación de la Audiencia Nacional por la presunta actuación de la brigada política contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se abre ahora al cumplirse siete años de la creación de la estructura que albergó la guerra sucia contra la oposición en el Ministerio del Interior. Aún hoy, su entonces titular, Jorge Fernández, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, son miembros de la Ejecutiva que nombró Pablo Casado cuando se hizo con la presidencia del Partido Popular. Junto con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se trata de los tres máximos responsables políticos de aquella actuación.
La creación del grupo policial, por su parte, corrió a cargo del comisario Eugenio Pino, nombrado director adjunto operativo por ellos y jubilado en junio de 2016 con la máxima distinción que se otorga a un policía en vida. Esa medalla fue el último reconocimiento de Fernández Díaz al que había sido su mano derecha en la Policía. Conlleva una asignación del 15% del sueldo de forma vitalicia. Pino se sentará en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol y figura como investigado en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje a Bárcenas.
Han pasado más de cuatro años desde que eldiario.es desvelara en noviembre de 2014 el funcionamiento de la policía política en el seno de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Pino. Bajo la clasificación de estructura secreta, el comisario ideó la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), un destino anodino para quienes de verdad trabajaban en ella y la excusa perfecta para los que nunca llegaron a pisarla y se dedicaron a los encargos especiales. Se trataba de la fusión de dos estructuras existentes y, con esa excusa, donde antes había 20 funcionarios destinados se pasó a tener 110. Ese disfraz de la brigada política fue uno de los pocos descubrimientos que constató la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en la Policía.
Otra de las patas de la policía política fue la Unidad de Asuntos Internos (UAI). La opacidad que requiere el trabajo de policías que investigan a otros policías fue la coartada perfecta para pervertir las funciones de una parte de sus miembros, enviados a trabajar sobre el terreno en la Operación Catalunya o a integrar una Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que husmeó en la investigación policial del 11M en tiempos del PSOE, pese a la sentencia firme que recae sobre el caso, o en el Faisán, el ariete del PP contra los socialistas cuando estaba en la oposición.
El director de aquella Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, es el único que fue apartado de su destino y no precisamente por las prácticas parapoliciales que dirigió. Su cese fue fruto de la guerra encarnizada que protagonizó con otro de los puntales de la policía política, José Manuel Villarejo. Martín-Blas se acabó jubilando después de ser condecorado con una medalla pensionada. Su nombre aparece en la nómina de altos mandos imputados por la Operación Kitchen.
Villarejo no perdona a Cosidó que fuera el protector político de Martín-Blas. El portavoz del PP en el Senado hasta la última disolución de las Cortes no ha sido incluido por Pablo Casado en las listas a las próximas elecciones generales por su presunta vinculación a la investigación del espionaje a Bárcenas. Sin embargo, Cosidó sigue aforado al ser senador por designación autonómica. Cuando se celebran las autonómicas de mayo, el presidente del PP deberá decidir qué hace con él.
Aforados gracias a la diputación permanente
Inmediatamente por encima de Cosidó estaba el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Considerado ‘sorayista’, diputado hasta el pasado 5 de marzo, su papel en el Grupo parlamentario resultaba irrelevante desde la victoria de Casado. Pero Martínez es vocal suplente de la diputación permanente, sigue aforado ante el Supremo y no puede ser imputado por la Audiencia Nacional. Martínez tenía un trato constante y directo con los dos principales imputados de la Operación Tándem, Villarejo y Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, como acredita el sumario del Pequeño Nicolás.
En la misma situación de aforamiento momentáneo está el máximo responsable del Ministerio, Jorge Fernández Díaz. El ministro condecoró a Villarejo y al resto de mandos de la policía política y cuando se descubrió el millonario patrimonio del principal investigado, dijo de él que había que reconocerle sus destacados servicios contra el terrorismo y el crimen organizado. Hoy guarda silencio.
Fernández Díaz ya había evitado asumir cualquier responsabilidad cuando a cuatro días de las elecciones de junio de 2016, publico.es desveló unas grabaciones en su despacho mientras hablaba con el exjefe de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. Fernández Díaz repasaba todas las prácticas denunciadas de la guerra sucia en Catalunya y llegaba a afirmar sobre ellas: “la Fiscalía te lo afina”.
Apenas la primera línea uniformada de aquella brigada política ha sido relevada de sus funciones, pero mucho después de abandonar los trabajos parapoliciales. Pino se dedicó a premiarlos con destinos ‘diezmileuristas’ en embajadas y el actual equipo de Interior decidió revertir la situación tras la victoria socialista. Ni siquiera en todos los casos la decisión tuvo resultados inmediatos. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago regresó de su puesto en La Haya. El otro jefe de gabinete Bonifacio Díaz Sevillano, imputado como el anterior en la pieza 7 de Tándem, conserva a día de hoy pasporte diplomático mientras se consuma su relevo en México.