La policía política remitió al Gobierno de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio

El ministro Jorge Fernández Díaz determinó en una reunión el 12 de septiembre de 2012, al día siguiente de la Diada multitudinaria, que combatir al nacionalismo catalán pasaría a ser la prioridad de Interior y en los años siguientes la Policía se convirtió en una factoría de dosieres sobre políticos catalanes que bucearon no solo en sus cuentas e inversiones, también en las de sus familias. Todo sin control judicial, al margen de la ley y sin necesidad de partir de indicios delictivos.

Entre noviembre de 2014 y junio de 2016, en los registros de la Dirección Adjunta Operativa que lideraba Eugenio Pino, hombre de la máxima confianza de Fernández Díaz, imputado como él por destruir pruebas contra el PP en el caso Kitchen, figuran 34 investigaciones contra dirigentes catalanes en las que se analizaron sus finanzas e incluso las relaciones familiares. Entre los políticos investigados en ese año y medio estaban los expresidentes Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont –por su gestión como alcalde de Girona–, el entonces responsable de los mossos, Josep Lluís Trapero; cuadros de segunda fila en el Govern y hasta concejales de ayuntamiento.

El documento parte de los ficheros policiales y es una prueba más de la persecución del Gobierno de Rajoy a los políticos catalanes recabada en una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Los documentos completos de esas unidades policiales pueden consultarse al final de este artículo.

Era Eugenio Pino, mano derecha del ministro, quien canalizaba el flujo de dosieres que elaboraban distintas unidades policiales: el departamento de Asuntos Internos, la UDEF (especializada en delincuencia económica y fiscal), la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de Barcelona y también el hiperactivo comisario Villarejo. Todo ese material desembocaba en el despacho del ministro y la información más sensible, según fuentes involucradas en el caso, se reenviaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en sobres cerrados, sin remitente ni destinatario, a través del servicio de escoltas.

Todo figura en el fichero GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información de la Policía), una base de datos a la que se bautizó con el nombre del grupo que la gestiona y que se utiliza para evitar investigaciones duplicadas en el seno del Cuerpo. Las distintas unidades introducen identidades, matrículas o teléfonos que están vigilando y si antes lo han hecho otros policías el sistema avisa de la coincidencia para no investigar lo mismo dos veces.

En ese flujo de dosieres, algunos de ellos publicados en medios de comunicación afines, las unidades policiales alertaban sobre todo tipo de movimientos de cargos nacionalistas y de sus familias.

El primero lleva por título “ampliación de la investigación sobre tenencia de bienes en Suiza de Xavier Trias” y tiene fecha de 27 de noviembre de 2014, cuando ya se sabía que la información publicada por El Mundo que atribuía al exalcalde de Barcelona una cuenta en Suiza, basándose en informes policiales, era falsa. El 19 de mayo de 2015 se data un nuevo atestado en la misma línea contra Trias: “Sobre corrupción urbanística relacionada con Trias”.

El alcalde de Barcelona siempre ha negado la existencia de patrimonio fuera de España y la supuesta cuenta que salía de un pantallazo de una unidad policial ni siquiera tenía la numeración del banco que citaba. Todo era falso. De la hipotética corrupción urbanística no hubo más noticia.

En el listado cabe de todo: desde una “posible trama de corrupción relacionada con la Sagrada Familia” a un supuesto “sistema de financiación irregular de ERC a través del exmagistrado del Tribunal Superior de Catalunya Eduard Bajet Royo”, y se incluye también una investigación al entonces jefe de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, a quien la policía acusa de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”. El último informe policial que figura en el registro alude a una presunta información de la exmujer de uno de los hijos de Jordi Pujol, “advirtiendo de su posible huida a Nueva Zelanda, país con el que no existe tratado de extradición”.

Rumores parecidos figuran en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopila en un documento que manejó en su despacho Fernández Díaz.

Un ejemplo concreto de cómo se fabricaban. El 17 de marzo de 2015, y al margen de cualquier procedimiento, dos inspectores jefes de policía –que firman con su número de placa– redactan un atestado y lo remiten al Ministerio. En él apuntan a una supuesta comisión de 90 millones de euros que la empresa Acciona habría pagado a Artur Mas a cambio de un contrato de la Generalitat para la concesión del servicio de Aguas de Barcelona durante 50 años.

La fuente de esa información es el entonces director de la Agencia Antifraude, Daniel de Alfonso, quien unos meses antes había sido grabado conspirando con Fernández Díaz para preconstituir pruebas contra el independentismo que pudieran llevarse a la Fiscalía para hacer ruido en los periódicos, según adelantó el diario Público. Los agentes transcriben así las pistas que les dio De Alfonso a lo largo de tres horas de reunión sobre las supuestas comisiones cobradas por Mas: “El informante nos dice que por esta operación y contratación, Artur Mas recibe una cantidad de dinero (a él le dicen que 90 millones de euros, lo que, curiosamente, supondría el 3% de la operación) que estaría siendo manejada por este fondo de inversión que opera en Guernsey, Belice y Barbados, dinero que sería entregado al fondo por el Banco PACTUAL de Brasil”.

Las insinuaciones sobre supuestas mordidas cobradas por Mas ya habían estado sobre la mesa del ministro unos años antes. El 14 de noviembre de 2012 fue la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) la que dio credibilidad a una denuncia anónima de un supuesto arrepentido, un empresario que dijo haber pagado comisiones a la trama del Palau en estos términos: “Pregúntale al sr. Artur Mas, seguro que sabe más que yo, especialmente después de vender la gestión del agua potable de Barcelona para los próximos 50 años, por 1.000 millones de euros. Yo creo que el responsable de Acciona fuera solo por tierras brasileñas en busca de financiación, quizás también le vino bien dejar por allí alguna cuenta con una elevadísima comisión, a nombre de un grande de Cataluña”.

Semejantes especulaciones se recogían sin pruebas ni indicios en esos atestados policiales que le daban credibilidad. De la comisión de 30 millones al expresidente catalán nunca más se supo.

La de Mas no fue la única especulación aportada por De Alfonso a los agentes de policía. El dirigente de Antifraude en Catalunya, quien se había puesto “a las órdenes” de Fernández Díaz para atacar el independentismo en la reunión que alguien grabó sin avisarle, aporta a la misma nota informativa del 17 de marzo de 2015 otras supuestas pistas sobre corrupción de Carles Puigdemont en su etapa como alcalde de Girona.

De Alfonso relató a los inspectores que, cuando estaba al frente del Ayuntamiento, Puigdemont compró una colección de arte por 3,7 millones de euros con 1.240 obras de Picasso, Dalí, Miró, Lorca, Tàpies o Maruja Mallo a través de la empresa de aguas municipal. Se trataba de un hecho que conocía la opinión pública. “De poder probarlo, sería delictivo”, transcribe en cualquier caso el informe policial las palabras de De Alfonso, quien además se comprometió a enviar cualquier documentación relevante a Madrid, para que lo trabajasen los policías de allí, “sustraídos de la presión nacionalista”.

El caso se judicializó y llegó al Supremo, el tribunal competente para juzgar a Puigdemont, y la investigación se archivó descartando cualquier delito de corrupción. El Supremo rebajó el caso a una irregularidad administrativa.

De Alfonso se hizo famoso en el resto del Estado meses después cuando trascendieron las grabaciones de esa reunión en el despacho del Ministerio donde él y Fernández Díaz buscaban trapos sucios de políticos de CiU pero también de Esquerra y en las que el responsable de Interior aseguró que el presidente Rajoy estaba al tanto. “Lo sabe”, dijo de Rajoy el ministro sobre estas maniobras contra el mundo independentista. Explicó en aquella cita que el presidente “es un hombre discreto donde los haya” y cuya “mano derecha no sabe lo que hace la izquierda”.

Mientras, De Alfonso desgranaba supuestos indicios que él mismo consideraba endebles contra políticos nacionalistas. Sin saber que alguien grababa la conversación, Fernández Díaz celebró las informaciones proporcionadas por De Alfonso que según él podían hacer “mucho daño” a algunos de esos dirigentes. Advertido por el responsable de Antifraude de que no disponía de demasiadas pruebas, Fernández Díaz restó importancia a la debilidad de las acusaciones con otra frase que resumió para siempre la forma de operar de las cloacas: “La Fiscalía te lo afina”. El ministro explicó después que había dicho “La fiscalía, en fin”. En la misma reunión grabada con De Alfonso el ministro ya advirtió: “Negaré bajo tortura que esta reunión existió”.