La Policía propuso dar la residencia al autor de un bulo sobre Pablo Iglesias por su contribución a la seguridad de España

La Dirección de la Policía durante el Gobierno del Partido Popular propuso al ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias para que se le concediera el permiso de residencia España alegando que prestaba una “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”. Según ha revelado la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, Arias está detrás del bulo que atribuía a Pablo Iglesias una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Granadinas, en el Caribe, utilizada supuestamente para ingresar fondos procedentes de Venezuela. 

En uno de los documentos incorporados a la investigación, el comisario general de Extranjería de la época, Emilio Baos, aseguraba que Carlos Alberto Arias había sido propuesto para obtener la residencia de forma extraordinaria por la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa, el órgano que dirigía el comisario Eugenio Pino, imputado en la causa de la guerra sucia contra Podemos y considerado el artífice de la brigada política. 

El comisario Baos elevó al Ministerio del Interior la propuesta, en la que se destacaba “que los actos de colaboración prestados por el Sr. Arias no se han plasmado en ningún tipo de soporte documental al existir indicios fundados de que, en caso de ser conocida por las personas sobre las que se dirigen, adoptarían violentas represalias tanto sobre él como sobre su familia, especialmente sobre aquellos que se hallan en Venezuela”.

El juez Santiago Pedraz citó al ya comisario jubilado Emilio Baos en julio, pero la comparecencia se suspendió después de que su hija trasladara a la dirección del cuerpo que su padre tiene problemas de salud que le impiden trasladarse a la Audiencia Nacional. El próximo miércoles, 18 de diciembre, está previsto que comparezca ante el juez, a petición de Podemos, el propio Carlos Alberto Arias, en calidad de testigo.

Entre las maniobras que el juez accedió a investigar está la publicación en OkDiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

Podemos, tratando de demostrar que Arias estaba detrás el bulo, incorporó a la causa un texto ante notario en el que el ciudadano venezolano declaraba que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que eran “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

El documento fue aportado por la defensa de Eduardo Inda en la demanda civil que Iglesias presentó por intromisión en el derecho al honor contra el director de OkDiario. La justicia resolvió que el periódico había realizado las comprobaciones necesarias y desestimó en dos ocasiones las reclamaciones del antiguo líder de Podemos. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, han descartado que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank. 

La publicación del citado bulo se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad, ya que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE. 

En la investigación de la Audiencia Nacional se investigan una serie de maniobras de la denominada brigada política durante el Ejecutivo del PP para perjudicar a Podemos y evitar que la formación morada alcanzara el Gobierno. Están imputados varios miembros de la brigada política y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior en esa época.