La Policía registra la desaladora de Escombreras (Murcia) por orden judicial

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional de Murcia registran a estas horas las instalaciones de la desaladora de Escombreras, en Cartagena, por orden judicial, según ha informado a Efe un portavoz de este cuerpo, que no ha dado más detalles al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

El registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuya titular, María del Mar Azuar, investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.

La desalinizadora está gestionada por las empresas Hydromanagement y Tedagua, del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la comunidad, el gobierno autonómico ha pagado 94 millones de euros por el alquiler y debe 35 millones a las citadas sociedades.

Con el registro comenzaría una investigación judicial que tiene su origen en una denuncia presentada a finales de 2015 por la Fiscalía sobre irregularidades en la explotación de la desalinizadora.

La consejera portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha pedido “máxima celeridad” a la justicia en la investigación que lleva a cabo en torno a la desaladora, y ha insistido en la necesidad de que la justicia actúe con “celeridad y agilidad”.

Arroyo ha recordado también que el Ejecutivo aportó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la documentación que le fue requerida, como también hizo con el Tribunal de Cuentas y la comisión de investigación abierta en la Asamblea Regional.

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha dicho que lo ocurrido hoy muestra que el modelo de gestión de la planta “va en contra del interés público” y que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es “ilegal”.

Urralburu ha declarado a los medios de comunicación que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene que aclara la gestión de la planta, que está arrendada por la Comunidad Autónoma al grupo ACS, y cuya puesta en marcha está siendo investigada por dos juzgados de la Región de Murcia y por una Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Regional.

A juicio del líder regional de Podemos, las pesquisas judiciales demuestran que “no se puede pagar con dinero público un interés privado”.