Policías infiltrados: una actividad sin control judicial en el escenario post-ETA
La preocupación que existe en la estructura antiterrorista de la Policía por el descubrimiento de la infiltración de dos de sus miembros en movimientos sociales y políticos de Barcelona y Valencia no se traduce en comentario alguno del Ministerio del Interior, que ni siquiera reconoce los hechos. Las Fuerzas de Seguridad apenas lograron introducir agentes en la organización terrorista ETA, el mayor desafío a la seguridad en el país durante cuatro décadas. Y ahora, 12 años después del fin de la banda, el medio La Directa revela que dos policías dedicaron sus vidas durante más de dos años a infiltrarse en ambientes de los que Interior no aclara el nivel de amenaza que representan.
La Directa ha facilitado identidades auténticas e impostadas de los policías, sus características personales, intereses y cómo se introdujeron en los movimientos sociales y vecinales de acuerdo al testimonio de las personas que les trataron. Entre las pocas certezas que existen sobre a qué se dedicaron realmente está que pertenecen a la Comisaría General de Información de la Policía, dedicada principalmente a combatir el terrorismo. También que su trabajo no era parte de una causa judicial, por lo que escapa al control de un magistrado. Los infiltrados descubiertos no actuaban como policía judicial investigando la comisión de un delito sino que se dedicaban a recolectar información de forma preventiva. Y la ley no contempla controles para ese trabajo.
En tiempos de incesante actividad terrorista la infiltración era una aspiración de los servicios de Información difícil de materializar. Están a punto de cumplirse 23 años de que la revista Ardi Beltza publicara en portada la foto de una mujer policía que hacía llamarse Aranzazu Berradre Marín y que había alojado durante un año en su piso a dos activos miembros del comando Gipuzkoa. Tres semanas antes de aquella portada, Sergio Polo y Kepa Etxebarrieta habían sido detenidos mientras acudían a una cita orgánica con la dirección de ETA. La falsa Aranzazu conducía el coche.
Descontando agentes del Cesid –después CNI– y de topos o colaboradores, el caso de la policía en el comando Gipuzkoa y el del guardia civil José Antonio Anido (nombre real), quien llegó a convertirse en ayudante personal del jefe de ETA Mikel Antza, son los únicos de auténtica infiltración de miembros de las Fuerzas de Seguridad en la historia de ETA, la banda terrorista responsable de un millar de muertos.
La organización estaba obsesionada con la seguridad y su modo de “lucha” eran los asesinatos, los secuestros y la extorsión. Ni una característica ni otra tienen mucho que ver con los movimientos políticos y sociales donde se infiltraron los policías descubiertos. Esos movimientos defienden que su actividad es abierta y pública. En ellos cunde ahora la preocupación por que la práctica policial se haya extendido por centros sociales okupados y otras organizaciones asamblearias hasta llegar a lo que algunos de sus miembros califican como “una paranoia”. “¿Vamos a tener que hacer filtros para participar en una asamblea”, se preguntan en esos círculos mientras repasan mentalmente a aquellos antiguos compañeros que desaparecieron de un día para otro.
El carácter reservado de las actuaciones de la Comisaría General de Información solo permite acceder a que desde esta estructura se traslade una defensa cerrada de la relevancia de la información que captaban los agentes descubiertos y de la gravedad de los delitos que combatían. Fuentes policiales conocedoras de las misiones de los policías descubiertos en Barcelona y Valencia precisan a elDiario.es: “Esos colectivos no eran el objetivo. No estamos interesados en los movimientos sociales. Ellos son un estadio intermedio para llegar donde queremos”.
Policías infiltrados, no “agentes encubiertos”
En el escenario policial post-ETA, la principal ocupación fue el terrorismo de corte islamista, una preocupación que irrumpió en primer plano con los atentados de los trenes en Madrid en 2004. Bandas juveniles, en su origen latinas, o ultras del fútbol, la mayoría con adscripción en la extrema derecha, son otros objetivos, por detrás del yihadismo, de los servicios de Información.
Es imposible conocer cuántos policías, guardias civiles y agentes del CNI están infiltrados, pero elDiario.es reveló en octubre de 2018 una cifra que podría dar una pista: los casi 900 carnets de identidad falsos, al servicio de los agentes de los servicios de Información, que estaban vigentes en ese momento. ¿Equivale eso a que haya cerca de un millar de agentes infiltrados? La respuesta de fuentes conocedoras de su uso es rotunda: no. Los carnet falsos pueden ser utilizados puntualmente –el comisario Villarejo llegó a disponer de tres– o de forma continua, durante un periodo concreto, si se trata de agentes infiltrados en una organización criminal. Es precisamente la del agente encubierto, distinta del policía infiltrado, la única figura regulada por ley.
El artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que un juez puede “autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de investigación, a actuar bajo identidad supuesta (…)”. El mismo artículo precisa que la “identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por periodos de igual duración”.
Fuentes jurídicas explican que el objetivo principal de este artículo de la ley es proteger al agente encubierto de una actuación judicial contra él por participar en algún delito en el marco de la investigación que tiene asignada. Se trata de que, por ejemplo, un policía pueda participar en un traslado concreto de droga mientras está infiltrado en una investigación contra el narcotráfico.
Este no es el caso de los policías descubiertos en Barcelona y Valencia. Ninguno de los dos era un “agente encubierto” porque no participaban en operaciones judicializadas. Su labor, como el resto de los agentes de la Comisaría General, era obtener información sobre ambientes susceptibles de generar actividades delictivas. Y esto es lo que hace cuestionar la misión de los policías desde los colectivos espiados y ha provocado una denuncia en los juzgados por parte de personas con las que trataron.
La denuncia ante los juzgados de Barcelona incluye una acusación de abusos sexuales presentada por mujeres que mantuvieron relaciones “sexoafectivas” con el policía destinado en la Ciudad Condal sin saber quién era realmente. En Madrid, por ejemplo, jóvenes consultadas por este medio expresan su temor a haber intimado con supuestos compañeros que fueran policías. “Si ha pasado en Barcelona y en Valencia, aquí tiene que haber ocurrido igual”, reflexionan.
En el caso de que la querella fuera admitida a trámite, el juzgado encargado de la instrucción podrá efectuar diligencias que intenten aclarar la misión del agente policial. El juez o jueza podría encontrarse con el secreto de las actuaciones que rige la Comisaría General de Información, de la que es secreta incluso su estructura interna.
“Especialmente” terrorismo, pero no solo
El Real Decreto 734 del año 2020 desarrolla “la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior”. Al llegar a la Comisaría General de Información se limita a describir su actividad como la de “captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones de la Dirección General, así como su explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”. El carácter genérico de su redacción (“especialmente en materia antiterrorista”) abre la puerta a destinar a sus agentes a múltiples actividades.
Los servicios de Información se mantienen habitualmente ajenos a las polémicas sobre sus comportamientos que se producen en la sociedad o en los medios de comunicación. El 22 de abril de 2021, los diputados que forman parte de la comisión que investigó el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas pudieron asomarse a una habitación que había permanecido cerrada a la opinión pública durante décadas. Aquel día, el comisario jubilado Enrique García Castaño, jefe durante casi treinta años de la unidad más delicada de la Comisaría General de Información, relató sin tapujos episodios que le situaban a él y a sus policías al borde de la ley o incluso más allá de la línea que separa del delito.
García Castaño dijo que si habían traspasado esa línea siempre fue con los criterios de “oportunidad” e “inmediatez” y con el único objetivo de “salvar vidas”. “El 11M lo resolví yo rastreando un teléfono sin orden judicial”, llegó a decir García Castaño a los diputados. No mentía. El comisario se refería a cómo la Unidad Central de Apoyo Operativo -encargada de captación de fuentes, colocación de sistemas de vigilancia y seguimiento, entre otros cometidos– encontró el piso donde se escondían los responsables de 191 muertes, armados hasta los dientes y dispuestos a seguir matando, en Leganés.
El comisario García Castaño, aquejado en la actualidad de las secuelas de un grave accidente vascular, era uno de los principales acusados del caso Villarejo. Y no por actuaciones relacionadas con sus misiones antiterroristas sino por haber cobrado presuntamente por facilitar datos confidenciales al otro comisario para los negocios privados de éste. Su grave enfermedad ha provocado que el procedimiento se deje de dirigir contra él, incapacitado como está para defenderse. Los actuales responsables de las unidades que trabajan en secreto aseguran que todas esas prácticas pertenecen a otra época.
Nadie mejor que García Castaño ejemplifica una tradición de excesos policiales sin control judicial, incluidos los que provocaron actuaciones que salvaron vidas. Pero en este caso se trataba de las organizaciones terroristas ETA o GRAPO, de los terroristas del 11-M, de localizar y detener al violador pederasta de Ciudad Lineal… y no de colectivos vecinales, como defienden sus miembros, con ideologías que el Estado considera que puedan derivar en actividades subversivas.
En Catalunya se produjeron graves enfrentamientos con la Policía por la sentencia del procés en 2019. Los servicios de Información detectaron, entre una masa de “nuevos alborotadores” a militantes de extrema izquierda o anarquistas con antecedentes, algunos extranjeros. La labor de prevención de actuaciones violentas de grupos de este perfil es competencia de la Comisaría General de Información y de los agentes descubiertos en Barcelona y Valencia, pero tanto el Ministerio del Interior de forma oficial como las fuentes aludidas rechazan ofrecer algún detalle sobre el sentido de sus investigaciones para no poner en peligro las que están en marcha, alegan.
Por otra parte, la Guardia Civil investigó en Catalunya a los CDR y al movimiento Tsunami Democràtic por alterar el funcionamiento de estructuras críticas del Estado. La primera de estas investigaciones, contra los Comités de Defensa de la República, está pendiente de juicio un año y medio después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesara a trece personas por organización terrorista. Por otra parte, la ocupación del aeropuerto de El Prat, calificada como una infraestructura crítica del Estado, o los cortes en la AP-7, dentro de la iniciativa Tsunami Democràtic, han derivado en una única condena hasta el momento que no implicó entrada en la cárcel o el archivo en otros casos, mientras se sigue investigando a los supuestos dirigentes, aún sin avances.
Sin noticias del juzgado
La aspiración a que una causa judicial aclare la infiltración de los policías descubiertos en Barcelona o Valencia tiene un precedente nada halagüeño. Un tercer agente fue igualmente destapado en otoño de 2022 tras infiltrarse en movimientos independentistas juveniles de Catalunya. Varias entidades acudieron a la vía de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, pero la Sala rechazó el recurso por no considerarse competente y por afectar a una supuesta decisión de la Administración en el pasado cuya corrección no tendría efectos. “Lo que se pretende es un pronunciamiento judicial a futuro que no es propio de esta jurisdicción”, decía el auto de archivo, según informó la Agencia Catalana de Noticias.
Un antiguo mando policial con tres décadas de experiencia en la lucha antiterrorista habla a elDiario.es de la agente de policía que infiltraron en el comando Gipuzkoa de ETA en los años noventa: “No tuvimos ninguna cobertura jurídica. Teóricamente, en el momento en que tienes conocimiento de un delito tienes que denunciar, pero nosotros no le dijimos a ningún juez lo que estábamos haciendo. Cuando se requirió información desde la Audiencia Nacional, la Policía no contestó. Hubo un acuerdo por arriba”.
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