Un mando de la brigada política imputado en el caso Villarejo representa a la Policía en el conflicto salarial
El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago ha desarrollado funciones de representación de la Policía después de ser señalado como uno de los máximos responsables de la brigada política y haber sido cesado en su anterior destino. Fuentes Gago participó el pasado febrero en la reunión de la Jefatura Superior de Madrid con Ernst & Young para explicar a la consultora la realidad de la estructura policial en la comunidad autónoma. El Ministerio había encargado a la firma un informe para determinar si la dotación para la subida salarial de las Fuerzas de Seguridad es correcta y el reparto entre funcionarios es el adecuado.
eldiario.es reveló el 21 de febrero pasado que el juez del caso Villarejo había imputado a Fuentes Gago y al resto de miembros de la primera línea de la policía política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Todos ellos son investigados en la pieza secreta que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados en beneficio de dirigentes de la formación, según apunta el instructor.
Una de las primeras medidas del departamento de Grande-Marlaska había sido cesar a Fuentes Gago y otros miembros de la brigada política de los destinos en embajadas, altamente remunerados, y enviarlos a puestos burocráticos, según informó. Tras la imputación, el Ministerio del Interior decidió no suspender por completo a Fuentes Gago -enviarlo a su casa- alegando que jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impedía.
Según esa argumentación, las medidas cautelares dictadas por el juez contra Fuentes Gago no eran de la entidad suficiente para aplicar una medida tan gravosa a uno de los responsables del espionaje a la oposición democrática. Fuentes Gago evitaba perder una parte sustancial del sueldo que sigue percibiendo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Dos días antes de que se conociera su imputación, Fuentes Gago había integrado la comisión policial que se reunió con la auditora, según el informe de 443 páginas presentado a Interior y al que ha tenido acceso esta redacción. Hasta ahora no había trascendido qué hacía exactamente Fuentes Gago en la Jefatura Superior de Madrid. Llama la atención que el documento señala el destino de los otros cuatro mandos policiales que se reúnen con los consultores, pero no el de Fuentes Gago, de quien solo se indica que es inspector jefe.
Tan solo un mes después de la imputación, Fuentes Gago volvió al centro de la polémica. En marzo trascendió que el juez Manuel García Castellón había abierto otra pieza del caso Villarejo para investigar la aparición de una copia del teléfono de una colaboradora de Pablo Iglesias entre la documentación incautada al comisario. Información procedente de ese teléfono había sido publicada por varios medios de comunicación.
Por aquellos días, moncloa.com publicó la grabación de una reunión en Nueva York entre Fuentes Gago y un exministro chavista ofreciéndole residencia y protección en España a él y a su familia si le suministraba información que pudiera evitar que Podemos llegara al Gobierno. Corría el verano de 2016 y Fuentes Gago trasladaba a su interlocutor que actuaba con un “mandato” del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La información que suministró el antiguo cargo chavista fue incorporada a un informe policial, en el que no aparece la firma de Fuentes Gago y que inmediatamente fue filtrado al diario ABC.
El secretario general de Podemos aprovechó aquello para asegurar que la brigada política continuaba activa y criticar al Ministerio del Interior por mantener destinado a Fuentes Gago en servicios centrales de la Policía. En realidad, la brigada política había dejado de actuar entre jubilaciones, peleas internas e imputaciones.
El inspector jefe Fuentes Gago y los otros cuatro mandos policiales explicaron el 19 de febrero, durante dos horas, a tres responsables de la multinacional consultora el número de funcionarios que tiene asignada la Jefatura Superior en Madrid, en qué especialidades se reparten y cuáles son sus principales problemas: la carga de trabajo y la falta de personal.
