El legado de las 'alcaldías del cambio' peligra con los nuevos gobiernos
Se convirtieron en el fenómeno político en las elecciones municipales de 2015. Los acuñados como 'alcaldes y alcaldesas del cambio' acapararon las fotos y portadas la noche electoral. Las principales ciudades del país pasaban a estar gobernadas por candidaturas de unidad popular que prometían regenerar la política municipal y apostar por las medidas más sociales.
Cuatro años después, Manuela Carmena en Madrid, los tres alcaldes de las mareas (Xulio Ferreiro, en A Coruña; Martiño Noriega, en Santiago, y Jorge Suárez, en Ferrol) y Pedro Santisteve, en Zaragoza, no han logrado revalidar mandato y tuvieron que traspasar los bastones de mando el pasado 15 de junio. En Madrid y Zaragoza, a gobiernos de PP y Ciudadanos apoyados por la extrema derecha.
Solo Joan Ribó, en Valencia, y José María González Kichi, en Cádiz, han revalidado el cargo con una posición aún más fuerte con la que llegaron en el 2015. Ada Colau ha logrado quedarse como alcaldesa de Barcelona pero no suma la mayoría absoluta con el PSC, por lo que se queda con las manos atadas para aprobar alguno de los proyectos que había prometido para el nuevo mandato.
Los nuevos ejecutivos formados en las que fueran las ciudades “del cambio” en 2015 ya prometen revertir sus medidas y numerosos proyectos están en el aire para la nueva legislatura que terminará en 2023.
Madrid Central o impuestos a los cajeros
Apenas 48 horas después de tomar posesión del cargo, José Luis Martínez-Almeida (PP) apoyado por Ciudadanos y Vox tomó la primera decisión de su mandato: suspender las multas en Madrid Central a partir del 1 julio, lo que dejará sin efecto práctico la medida. Acabar con la zona de bajas emisiones, la medida estrella del mandato de Carmena para hacer frente a la contaminación y mejorar el tráfico de paso de la ciudad, era una promesa electoral de Almeida. Pero las presiones tanto de Bruselas como de los propios madrileños están haciendo recular al nuevo Ejecutivo.
La moratoria de multas ahora durará dos meses, tiempo que se da el Gobierno de coalición para avanzar una decisión de qué hacer con la medida. Pero aunque Madrid Central ha acaparado todos los titulares, hay otras medidas del Ejecutivo municipal que se encuentran en el aire.
El Gobierno municipal va a terminar con el impuesto a los cajeros, que recauda anualmente en torno a medio millón de euros. También ha anunciado el fin de la tasa de residuos, esta sí con más incidencia en las arcas municipales ya que supone anualmente al consistorio un ingreso de alrededor de 45 millones de euros. El nuevo Ejecutivo desconoce por el momento cómo va a contrarrestar esta merma en los ingresos.
Según se desprende de los acuerdos que el PP ha firmado con Ciudadanos y Vox, el nuevo Gobierno va a terminar el Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE) que ha consistido en un ensayo del Gobierno de Carmena para determinar cómo influyen los criterios raciales en los controles preventivos que utiliza la Policía Municipal, que ha durado cinco meses y se ha circunscrito al distrito de Ciudad Lineal de la capital.
En esta misma materia, otra de las medidas que Almeida prometió en campaña fue la de recuperar las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) de la Policía Municipal, los antidisturbios. El ya alcalde de Madrid establecerá su sede en una zona del antiguo mercado de Legazpi, según manifestó. El anterior gobierno veía innecesaria la existencia de antidisturbios en una policía local dadas sus competencias y con la mayor plantilla de la Policía Nacional de esa especialidad destinada en Madrid.
Colau revalida en Barcelona, pero con el apoyo de Valls
Ada Colau ha logrado conservar la alcaldía y sitúa ahora Barcelona como la principal de las 'alcaldías del cambio' que lograron Podemos y sus confluencias en 2015. Los 'comuns' han priorizado seguir al frente del gobierno municipal, aunque sea con los votos de Manuel Valls, para concluir una obra de gobierno que consideraban que con ERC, pese a ser una fuerza considerada progresista, no estaban garantizada.
En Barcelona en Comú, sin embargo, son conscientes de que al menos al inicio del mandato les será muy complicado pasar por el pleno medidas como la reserva de un 50% de pisos sociales en nuevas promociones, la unificación del tranvía por la Diagonal, la municipalización de servicios como el agua o la creación de una funeraria pública. ERC sería la única formación que podría darles la mayoría y saben que se lo pondrá muy difícil, mientras que Manuel Valls o JxCat descartan de entrada todas estas propuestas.
A favor de los 'comuns' juega que los pilares de su obra de gobierno, como el plan de vivienda o el de turismo, así como la eléctrica pública o el dentista municipal, ya están en marcha. Sí podrían sufrir algunas modificaciones algas políticas que dependan ahora de carteras que quiere asumir el PSC. Los de Jaume Collboni aspiran a controlar carteras como la de Seguridad, con lo que si se atiende a su programa electoral podrían endurecer la persecución de los manteros.
Las tres ciudades gallegas pasan a manos del PSOE
Las tres 'ciudades del cambio' de Galicia experimentarán un nuevo cambio desde este 15 de junio, pero no se producirá el viraje que el PP de Alberto Núñez Feijóo había buscado durante todo el mandato municipal. Los tres alcaldes de las mareas (Xulio Ferreiro en A Coruña, Martiño Noriega en Santiago y Jorge Suárez en Ferrol) fueron superados en las urnas por el PSOE y el bastón de mando en las tres ciudades pasará a manos socialistas.
Es por ello que en ninguna de las tres urbes se esperan demoliciones inmediatas de medidas en clave social adoptadas por los gobiernos de Marea Atlántica, Compostela Aberta y Ferrol en Común. Las tres formaciones sí estarán atentas, no obstante, a la pervivencia de algunos de sus emblemas, esgrimiendo para ello, entre otras razones, que sus concejales serán clave para los nuevos regidores -desde la investidura en el caso de A Coruña y Ferrol y para aprobar asuntos de calado como los presupuestos, en Santiago-.
En A Coruña, donde Marea Atlántica ya ha acordado dar su voto favorable a la investidura de la socialista Inés Rey, la formación condiciona su eventual entrada en el gobierno del PSOE a la continuidad de varias de sus medidas, como el caso de la renta social municipal aprobada durante el pasado mandato, la implantación de los presupuestos participativos o las políticas de igualdad de género. También existe expectativa en la ciudad en torno al futuro de la fachada litoral de la ciudad, terrenos portuarios que quedarán liberados y sobre los que Marea Atlántica rechaza el plan de privatización que habían acordado PP y PSOE en tiempos del exalcalde Francisco Vázquez.
En Santiago la pervivencia de la renta social municipal es otro de los aspectos que Compostela Aberta mirará con lupa en el regreso a la alcaldía del socialista Xosé Sánchez Bugallo, que ya había ejercido el cargo entre 1998 y 2011. En el legado del gobierno de Martiño Noriega figura también un proyecto ya iniciado para la construcción de un centro para personas sin hogar, la reforma del plan para la nueva depuradora de aguas residuales tras veinte años bloqueada o el proyecto urbanístico para la integración en la ciudad de la nueva estación intermodal, que el PSOE ya ha avanzado que modificará. En el terreno más simbólico está la campaña En negro contra as violencias machistas, una campaña lanzada por el gobierno de Compostela Aberta ligada al 25N que han acabado asumiendo más de un centenar de ayuntamientos de todo color.
Ferrol en Común, por su parte, espera que el nuevo alcalde socialista, Ángel Mato, mantenga algunas de las líneas maestras del anterior mandato. Entre otros aspectos, porque no descarta integrarse en el nuevo gobierno. Los planes para peatonalizar zonas históricas de la ciudad o la intensa programación cultural desarrollada durante el pasado mandato son algunos de los aspectos que intentarán mantener.
Zaragoza: adiós al Plan de vivienda
Zaragoza, al igual que Madrid, ha pasado a estar gobernada por PP, Ciudadanos y Vox que ya han prometido desmantelar numerosas de las políticas puestas en marcha por el anterior gobierno de Zaragoza en Común que encabezaba Pedro Santisteve.
Las remunicipalizaciones fueron una de las principales apuestas del Gobierno de Zaragoza en Común al inicio de la legislatura. Por unas u otras razones, varias se quedaron por el camino, como la del cuidado de Parques y Jardines (contrata que ostenta FCC, que protagonizó sonados encontronazos con el concejal de Servicios Públicos, Albeto Cubero). Sí salió adelante, no exenta de mucha polémica, la remunicipalización de la atención telefónica al ciudadano, la línea 010.
Otra de las medidas que quedan en el aire es el Plan de Vivienda que no pudo salir adelante durante el anterior mandato por el rechazo del PSOE. Los socialistas argumentaron que se lanzaba “cuando languidecía el mandato con el propósito de hipotecar al próximo Gobierno municipal”, una medida que también despertó la oposición de los que ahora gobiernan.
Zaragoza en Común y PSOE trabajaban también por una línea 2 del tranvía, que PP, Ciudadanos y Vox rechazaban. Además, la elevación a cota cero de la calzada en el centro de la ciudad y en varios barrios, es otro proyecto de Zaragoza en Común que recibió airadas críticas y puede tener los días contados con el nuevo gobierno formado por la derecha y la extrema derecha.
Por falta de acuerdo en los presupuestos no se llevarán a cabo varios proyectos de los presupuestos participativos y, por falta de quorum, tampoco se extenderá la red Bizi Zaragoza.
