El debate está encima de la mesa. ¿Podría acortarse la campaña electoral y reducir con ello los gastos que ésta genera si finalmente hay nuevas elecciones generales el 26 de junio? La mayoría de los partidos políticos creen que es difícil cambiar ahora una norma que está recogida como un derecho en la Constitución. Otra cosa sería, dicen, que se alcanzara un acuerdo político para rebajar ciertos gastos, como el de la colocación de vallas y banderolas, o reducir el número de mítines.
Las campañas electorales duran quince días y son un derecho constitucional regulado por la Ley Electoral (LOREG). Los partidos recuperan buena parte del dinero invertido en las campañas con los ingresos que reciben del Estado en función de la representación que obtenga cada uno en las dos Cámaras. Entre ellos, el que origina el buzoneo de la propaganda electoral, que es lo que genera un mayor gasto.
Al tratarse de una ley orgánica, para cualquier cambio se necesita mayoría absoluta y un amplio consenso político, algo que en estos momentos es difícil imaginar. Como el tiempo apremia, en el caso de que haya que repetir en junio los comicios, los partidos a lo más que parecen dispuestos a llegar es a estudiar fórmulas para rebajar gastos.
La idea de acortar e incluso de suprimir la campaña fue lanzada hace unos días por el dirigente vasco del PP, Borja Sémper. “Me gustaría no hacer campaña porque no creo que vayamos a proponer nada nuevo, ya lo hemos contado todo”, opinó en un programa de ETB-2, la televisión vasca.
La cuestión fue abordada el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que reconoció que ese debate se suscita a veces cuando se repiten los comicios. Sin embargo, la número dos de Rajoy manifestó que el Gobierno tiene que ser “prudente” sobre el asunto y le toca ser “neutral”.
“Nosotros no somos dudosos de la voluntad de ahorrar todo lo posible, pero es una cuestión delicada”, respondió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría afirmó que el tema requiere de un acuerdo político.
A su reflexión se sumó este lunes el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, que también admitió que quizá sea un asunto que se “debería revisar” si se produce una reforma de la Constitución.
Pero mientras llega esa reforma, el ministro cree que los partidos podrían buscar fórmulas para ser “más ágiles y ejecutivos” y “no dar tanto la lata a los ciudadanos” en el caso de que tengan que celebrarse nuevas elecciones. Por ejemplo, acortar los quince días de campaña. Aquí Catalá repitió la idea generalizada de que esas formulas deben de ser abordadas con “puntos de consenso”.
Según los datos ofrecidos por los propios partidos, durante las pasadas elecciones del 20D, el PSOE se gastó en su campaña en unos 9 millones de euros; Ciudadanos en 4 millones; Podemos e IU, alrededor de 2,5 millones. El único partido que se negó a desvelar lo gastado fue precisamente el PP, la formación de Sémper que ahora pide que desaparezca la campaña del 26J.
En las elecciones generales de 2011, el Tribunal de Cuentas advirtió de un exceso de gastos de publicidad en prensa y radio por un importe de 54.142,43 euros, lo que llevó a reducir la subvención del Ministerio del Interior en 4.349,05 euros, según el informe de la institución fiscalizadora recogido por Europa Press.
Reacción de los partidos
Reacción de los partidosLa respuesta que han dado los partidos al envite de Sémper y Catalá ha sido variopinta. El propio vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, al ser preguntado al respecto, no ha dicho ni que sí ni que no a la idea. Simplemente, cree que si hay voluntad política los partidos podrían ponerse de acuerdo en asuntos como reducir el número de debates y de mítines.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha rechazado la posibilidad de acortar los quince días de campaña electoral pero se ha mostrado abierto a reducir los gastos electorales con medidas como “que no se pague el buzoneo electoral” porque considera que es muy costoso.
El socialista ha pedido al ministro de Justicia que no haga propuestas que “se saltan la ley y la Constitución” y ha recordado que ya no hay margen para cambiar la LOREG.
Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos, se ha limitado a afirmar que “si esa es la decisión que se quiere tomar, a nosotros nos parece bien”. Sin embargo, después ha recordado que la duración de las campañas está recogida en la Constitución y en la Ley Electoral por lo que ha puesto en duda que dé tiempo a cambiarlo si las elecciones generales se repiten en junio. A su juicio, lo que hay que intentar es evitar que haya nuevas elecciones para no volver “a incurrir en un gasto de más de 170 millones euros que cuesta un proceso electoral”.
En Podemos tampoco ven lógico acortar los días de campaña. Pero no se opone a reducir gastos porque, según fuentes de la formación morada, ellos son los más “austeros”: no colocan banderolas ni vallas publicitarias. La formación de Pablo Iglesias no pide créditos bancarios para sufragar sus campañas, se nutre de microcréditos, aportaciones de sus simpatizantes de entre 100 y 10.000 euros que después se compromete a devolver una vez que reciben la correspondiente subvención del Estado.
Desde IU, la secretaria de Comunicación, Clara Alonso, apunta que a la coalición no le parece mal la propuesta de recortar ciertos gastos de campaña y rebajar su intensidad “porque entendemos que la ciudadanía ya conoce las propuestas de la anterior campaña”. “Vivimos en tiempo de austeridad y no tienen sentido un gasto excesivo de ese tipo”, añade Alonso.