Bruselas, 15 oct (EFE).- Polonia y Hungría están en el punto de mira de las instituciones europeas por las controvertidas reformas introducidas en sus sistemas judiciales, y que podrían ser objeto de sanciones, incluida la pérdida de voto en el Consejo Europeo.
Estos dos países del Este de Europa están siendo especialmente vigilados en un momento en que se está discutiendo el cumplimiento del estado de Derecho como posible condición para el reparto de fondos de recuperación tras la pandemia.
Entretanto, los dos partidos que componen el Gobierno de España, PSOE y Podemos, han presentado una propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que desde la oposición se ha considerado un “atropello constitucional” y se ha llegado comparar con los casos polaco y húngaro, un extremo que desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se ha negado tajantemente.
En el caso de Polonia, fue la Comisión Europea la que inició el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, -que puede llevar a que un Estado miembro pierda su voto en el Consejo si falta a los valores de la UE-, mientras que el expediente contra Hungría lo abrió por primera ver la Eurocámara.
Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países.
Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los Estados miembros sin contar el país afectado, es decir, 22 de 27 socios.
Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.
PREOCUPACIÓN POR LAS REFORMAS JUDICIALES EN POLONIA
Según el primer informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, desde 2015, las reformas judiciales en Polonia han sido “una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten”.
Las reformas, que afectan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, han aumentado la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.
En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.
HUNGRÍA, OTRA FUENTE DE PREOCUPACIÓN EN BRUSELAS
Según el citado informe sobre el estado de Derecho en la UE, la independencia judicial en Hungría en los últimos años también ha sido fuente de “preocupación” para las instituciones europeas.
Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho.
La preocupación por la independencia judicial fue solo una de las razones esgrimidas entonces por la Eurocámara para pedir la puesta en marcha de sanciones.
A eso se sumaba, la negativa del Gobierno húngaro a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, y la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.
En lo tocante a la independencia judicial, el informe sobre el estado de derecho en Hungría destaca que el Consejo Nacional del Poder Judicial independiente afronta dificultades a la hora de actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial a cargo de la gestión de los órganos jurisdiccionales.
Los hechos relacionados con el Tribunal Supremo (Kúria) también suscitan preocupación en Bruselas, especialmente su decisión de declarar ilícita una petición de decisión prejudicial presentada al Tribunal de Justicia Europeo.
Las nuevas normas permiten la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento, fuera del procedimiento normal, y rebajan los requisitos de admisibilidad para el presidente del Tribunal Supremo.