Gürtel, Cuíña, Hormigón, Nevenka, Pongesur, Caballo de Troya, Minería… Son sólo algunos de los nombres de los casos que durante las últimas dos décadas han manchado y ensombrecido Ponferrada. Casos como el que este fin de semana abrió una crisis de órdago en el PSOE a nivel nacional, tras el pacto de 8 concejales con el partido del ex alcalde condenado por acoso sexual Ismael Álvarez y su abandono del partido en un pulso al mismísimo Alfredo Pérez Rubalcaba.
Al calor de la boyante construcción, la minería, la agroalimentación y la industria energética –es la cuna de Endesa y la industria eléctrica española- Ponferrada es desde los años 50 origen de imperios empresariales, como el de Teconsa o Begar, ligados desde siempre a todas las operaciones con sombra de sospecha en la ciudad y a presuntas o demostradas corruptelas.
En Ponferrada se gestaron y crecieron dos de los empresarios con mayor presunta implicación en el caso Gürtel: José Luis Martínez Parra y José Luis Ulibarri. Este último fundó un grupo constructor, de servicios y de la comunicación, el Grupo Begar, desde Ponferrada y León. Sectores políticos y sociales locales le acusan en las últimas semanas de presionar para adjudicaciones de contratos en Ponferrada de hasta cerca de 60 millones de euros. El alcalde depuesto, el popular Carlos López Riesco, trató de cerrar a favor de una de sus empresas la contratación de los servicios de jardines por entorno al millón de euros cuando ya estaba en el registro la moción de censura del escándalo de los últimos días. Esa que ha llevado a Samuel Folgueral a abandonar el PSOE en vez de una alcaldía ganada gracias al voto de un edil, exalcalde condenado por acoso sexual en el Caso Nevenka hace una década.
A lo largo de este año hay por adjudicar la recogida de basuras (50 millones aproximadamente), ahora en manos de FCC y por el que pugnaría Urbaser y también Seralia, de nuevo, de Ulibarri. Este empresario imputado en la trama Gürtel gestiona además el transporte urbano de Ponferrada (1,5 millones anuales más) y estaría interesado en concursar por servicios como el de mantenimiento y otros de menor cuantía que han de ser contratados por el Ayuntamiento en próximos meses.
El Grupo Begar fue además al que el Supremo retiró la adjudicación de 42 televisiones locales y regionales en la Comunidad Valenciana por el Gobierno de Francsico Camps y se ha beneficiado también de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, presuntamente de forma irregular. Posee el 20% de Punto Radio. En Castilla y León es socio al 50% de Televisión Castilla y León, el canal autonómico existente gracias a una concesión de la Junta, y en el que es socio con Antonio Migue Méndez Pozo –condenado hace años por el Caso de la Construcción en Burgos-. Además posee varios periódicos, como Diario de Soria, Correo de Burgos o Diario de León, que ha virado de línea editorial desde la defensa del depuesto López Riesco hacia el nuevo regidor, Samuel Folgueral. Tanto TVCyL como Diario de León han sufrido varios ERE para sus trabajadores en los últimos meses. El Grupo Begar está inmerso en un concurso de acreedores que ha se ha superado con una importante quita.
El emporio de Ulibarri ya se vio inmerso en 2002 en otro caso sonado en Ponferrada, Pongesur, en el que siendo alcalde del PP Ismael Álvarez y López Riesco, su número dos entonces. Adjudicó 185.000 metros cuadrados de un enorme polígono urbanístico, La Rosaleda. Parte de ese proceso fue declarado ilegal por los tribunales, pero no acabó ocurriendo nada.
De aquella época es el sonado enfrentamiento con el que fue su jefe, José Martínez Núñez, propietario de Tecons. En el Consejo del grupo empresarial que lleva los apellidos del hoy anciano, retirado en Canarias, se sentó un tiempo otro importante imputado en Gürtel, José Blanco Balín, otro berciano de cuna que luego pasó por la dirección de Repsol.
Ulibarri fue empleado de Martínez, de cuyo grupo salió para fundar su propio imperio. Además de enfrentarse por el suelo de la Rosaleda, en el Caso Pongesur, era notoria su animadversión por la competencia en obra pública y civil. Ulibarri llegó a denunciar a su antaño jefe por ser el presunto instigador del arrojo de cócteles molotov contra sus oficinas. Coincide en el tiempo con el Caso Cuiña, en el que el fallecido consejero de la Xunta de Galicia de Manuel Fraga acusó a Martínez Núñez de presunto intento de asesinato.
El único caso que acabó en condena al empresario ponferradino, también de aquella época, fue hace pocos meses el de sabotajes a instalaciones de su competidor en el negocio del hormigón en en Ponferrada y León, Sindo Castro. Además de canteras en León y Galicia, negocios de hormigón y transporte y hoteles, también poseen un periódico, La Crónica de León, a cuyos trabajadores adeuda ocho nóminas.
Hoy el imperio Martínez Núñez está en descomposición. Teconsa –implicada en presuntas irregularidades en adjudicaciones por la visita del Papa a Valencia- está en manos de otro que fue su antiguo empleado en Ponferrada, Ángel de Cabo, en la cárcel por el caso Marsans y Rumasa. Sus hijos han sido detenidos y han tenido que depositar una fianza de cuatro millones de euros en propiedades, en el marco de la Operación Caballo de Troya. Con ellos, el hijo de un gran amigo de su padre, el fallecido expresidente de la patronal CEOE, José María Cuevas. Dejó imágenes de la hija del antaño intocable empresario esposada y entre policías durante el registro de bancos y oficinas en Ponferrada.
En el caso de Pongesur -empresa pública de suelo del Ayuntamiento de Ponferrada en la época de gobierno de los populares Ismael Álvarez y Carlos López Riesco- también se vio implicado otro gran empresario que ha hecho su fortuna con la minería en el Bierzo y Laciana. Se trata del controvertido Victorino Alonso: se declaró irregular la adjudicación que Álvarez le hizo para retirar estériles y urbanizar el suelo para el nuevo barrio de la ciudad.
Recientemente el Gobierno le ha denunciado a través de Hunosa por fraude en la compraventa de carbón con destino a la reserva estratégica nacional. Está condenado además por fraude a la Seguridad Social y en el IVA, así como en la venta de carbón a Fenosa hace una década. Es el mayor empresario minero del país y propietario de la constructora asturiana Ferpi. Fue acusado de caza ilegal en una finca de su propiedad en Extremadura y de fallos e irregularidades en las obras del AVE en Aragón.
No es el primer caso de minería que tiene protagonismo en el Bierzo y Ponferrada. A finales de los 80 el entonces consejero de Economía de la Junta de Castilla y León que presidía José María Aznar, el leonés Miguel Pérez Villar: fue condenado por concesión irregular de ayudas a empresas carboneras.