El Portal de Transparencia nace sin información sobre su coste
Un Portal de Transparencia poco transparente. Es una de las conclusiones tras buscar la información sobre el coste económico del desarrollo y lanzamiento de esa web que el Gobierno ha vendido a bombo y platillo. Tampoco es posible encontrar datos sobre quién está detrás de la página, porque no ofrece un contacto al que poder hacer preguntas.
El Ministerio de la Presidencia asegura que el desarrollo de esa herramienta ha supuesto un gasto de 300.000 euros. Sin embargo, no hay rastro de los contratos que permitan saber cómo se han invertido. Fuentes de ese departamento explican que se trata de “contratos menores” -aquellos que cuestan menos de 18.000 euros- para prestar “asistencia técnica puntual”.
Ese tipo de contratos no aparecen aún en el Portal de Transparencia porque se publicarán “trimestralmente” a partir de enero de 2015. Es decir, habrá que esperar al mes que viene para saber cómo se han gastado y a quién se ha pagado por el desarrollo de esa herramienta. Hasta ahora esos contratos inferiores a 18.000 euros eran opacos.
Según fuentes de Presidencia, en enero del próximo año se publicarán los correspondientes al último trimestre de 2014. Por tanto, si los acuerdos con los desarrolladores de la web de transparencia se firmaron en ese periodo, se podrán conocer junto a los demás contratos menores que la Administración General del Estado haya suscrito entre septiembre y diciembre.
¿En qué se gastan 1,4 millones de euros?
La única información que, por el momento, ha ofrecido el Gobierno sobre el coste económico se limita al montante total del desarrollo (300.000 euros) y a asegurar que no se ha realizado mediante empresas, sino con asistencias técnicas puntuales. El Ejecutivo presume de que así ha conseguido que el Portal cueste 10 veces menos de lo que hubiera supuesto que una empresa externa se encargara del desarrollo.
El único contrato existente sobre la página en el momento de su lanzamiento es el relativo al diseño de la campaña publicitaria que aparecerá en los medios a partir de enero. La empresa adjudicataria es la sociedad limitada Adsolut, que realizará ese trabajo por 36.000 euros. La plataforma de contrataciones del Estado permite conocer que, en total, recibió nueve ofertas para ese concurso, pero no da detalles sobre las que se descartaron.
También se desconoce actualmente cuál es la cuantía que el Gobierno destinará a publicitar en los medios esta página web, que hasta ahora ha triunfado por algunos datos estrella como los sueldos de los altos cargos, que dejan al presidente Rajoy en un segundo plano salarial al cobrar menos que muchos sus subalternos.
A partir de enero, el Gobierno venderá el nuevo Portal de Transparencia en distintos medios, pero a día de hoy no se sabe cuáles serán seleccionados para esa campaña de publicidad institucional ni la agencia de planificación seleccionada. También se desconoce cuánto se gastarán las arcas públicas en esa publicidad. Aunque el montante total presupuestado para esta herramienta de transparencia asciende a 1,4 millones de euros, de momento sólo se conoce el destino de 336.000 euros.
Sin contacto
Otro de los rincones opacos del portal es saber quién está detrás de él. Así, no existe un mecanismo de interlocución con los responsables de la web a través del que escribir o contactar para hacer consultas, preguntas o plantear dudas. A este respecto, el único dato que el Gobierno hizo público en una sesión informativa con periodistas fue que cada Ministerio tiene una “unidad de transparencia” que se encarga de tramitar las solicitudes ante los organismos correspondientes.
Los usuarios sólo podrán pedir información a través de una solicitud que algunas organizaciones especializadas en transparencia, como Access Info, han calificado como “obstáculo” al imponer la necesidad de tener DNI electrónico, un certificado digital o la petición de una clave por la vía telemática.
En el caso de que la respuesta no sea convincente, el solicitante tendrá recurrir al Consejo de la Transparencia. Este organismo tendrá que decidir si la Administración ha errado y debe dar los datos o, si por el contrario, no es necesario. Esta segunda opción se dará en aquellos supuestos que están establecidos como “límites” porque afectan a “una persona o el interés público”. Así, no se aportará información que vulnere la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica o monetaria, la propiedad intelectual, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, etc.
