Curra Ripollés perdió a su hermano en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. Desde entonces ha luchado para que se haga justicia desde la asociación de familiares de las víctimas, donde ejerce de portavoz. Celebra el dictamen del Consejo de Estado, que responsabiliza al Gobierno de José María Aznar del accidente, pero cree que no es suficiente, y aboga por reabrir la vía judicial. En esta entrevista con eldiario.es, lamenta que haya tenido que ser el Consejo de Estado quien haya tendido a las familias la mano que no tendió el Gobierno del PP.
¿Qué le parece el dictamen del Consejo de Estado?
Es una magnífica noticia para todas las familias de las víctimas del Yak-42 por una razón fundamental, porque el Consejo de Estado por unanimidad, todos sus miembros, independientemente del color político, han venido en reconocer que el Yak-42 nunca debió de volar. No sólo eso, reconoce además que la administración, en este caso el Ministerio de Defensa, cometió una negligencia.
¿Qué opina de que sea por unanimidad, en un órgano presidido por un exministro del PP?
Esto es muy importante. Nos encontramos una España con muy distintas diferencias políticas, con distintos colores políticos, con miembros que forman parte de la Justicia, que unánimemente deciden que efectivamente todo lo que las familias llevamos denunciando durante 13 años es verdad. A la verdad de las familias se une la verdad que viene a constatar el Consejo de Estado. Es muy importante en este momento, yo hago una lectura política: es posible, ante las grandes cuestiones de Estado, que haya unanimidad, que se puedan poner de acuerdo.
El informe no dice nada sobre las identificaciones.
El escrito del Ministerio de Defensa no se trataba de este asunto, se trataba de la fase de las contrataciones, en la que la dejación por parte de Defensa es absoluta por varios motivos. No hacen seguimiento del dinero público, hay un dinero destinado a la contratación de aviones que el Ministerio no sigue. Segundo, porque ni siquiera les llama la atención que se contrate un avión que ni siquiera pertenece a OTAN. Y en tercer lugar, porque el Ministerio de Defensa decidió que no hacia falta controlar este tipo de vuelos a pesar de que volaban personas tan importantes como militares que se iban a un misión en nombre de España.
Esta es una parte que contempla el informe. A las familias nos duele mucho todo lo que se refiere a las no identificaciones de los militares que no fueron identificados por los forenses turcos, pero es una parte muy importante para nosotros.
Aquí podemos hablar de una clarísima corrupción. No hubo vigilancia del dinero público, de la seguridad de los militares y hubo una delación de funciones, empezando por el que fuera ministro de Defensa, Federico Trillo.
¿El informe llega tarde?
No creo que esta noticia llegue tarde. Nunca es tarde si la noticia viene a corroborar la lucha que llevamos desde hace muchísimo tiempo. Es decir, de una manera oficial, lo que decían las familias, el Yak-42 nunca debió de volar.
Cuando pierdes a un ser querido, el tiempo deja de tener importancia. Lo que nos importa la verdad, y la justicia, y creo que para eso no hay tiempo. Aunque creo que si me estuviera oyendo mi madre, que murió el año pasado, me diría que no es así, que a ella le hubiera gustado escuchar esta noticia.
¿Sirve para cerrar heridas o van a seguir abiertas?
A mí me gustaría que las heridas del Yak-42 fuese una herida de toda España. Creo que la indignidad que comete el Estado con las víctimas de catástrofes es continua, en el Yak-42, en el accidente de Barajas, en el accidente del Metro, en el del Alvia…La administración no se pone del lado de las víctimas, abandona a las familias.
Creo que necesitamos recuperar la confianza en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por lo que respecta a todas las familias de víctimas de esta catástrofe, la tutoría del Estado ha desaparecido en todos los casos. El Consejo de Estado viene a tender esa mano que en su día los distintos poderes no tendieron.
El informe dice que la responsabilidad patrimonial ya estaría resuelta con las indemnizaciones que habéis recibido, ¿Está de acuerdo?
El dinero es lo de menos, pero sí quiero hacer un matiz. La responsabilidad patrimonial no está resuelta porque el dinero que se adelanta a las familias por el seguro que no tenían contratado, lo coge de fondos de la administración, pero nunca se lo reclaman a la OTAN por no haber vigilado también que los militares llevaran estos seguros.
Adelantaron dinero todos los españoles para indemnizar a todas las familias, pero nunca tuvieron nigua interés por volver a recuperar ese dinero.
¿Creen que el Gobierno puede mantener a Trillo como embajador en Londres?
El Gobierno del PP abandonó absolutamente a las familias, y se ha cebado con nombramientos que tenían que ver mucho con el Yak-42. Por ejemplo, de los tres militares condenados, uno falleció y a los otros dos se les indultó. Al Ministro de Defensa, el señor Trillo, fue premiado con una embajada en Reino Unido, sin ser diplomático. Altos cargos como Javier Jiménez Ugarte, número tres del ministerio por entonces, que fue premiado con una embajada en Suecia.
Todas las personas del Partido Popular que han tenido que ver con la catástrofe del Yak-42 han sido premiadas. Me parece un total escándalo.
Aun así, las familias queremos huir de todo lo que tenga que ver con el color político, porque los militares fallecidos no lo tenían. Hemos pedido audiencia con todos lo ministros de Defensa, y el saliente del PP -Pedro Morenés- nunca nos quiso recibir. Ahora lo intentamos con la señora Cospedal, para que nos recibe y atienda a las familias porque aun tenemos muchas cosas que decir.
¿Espera que ella si os reciba?
No me cabe la menor duda que la señora Cospedal, con la responsabilidad del cargo que tiene, abrirá las puertas del Ministerio de Defensa a las familias de las víctimas del Yak-42.
¿Van a intentar reabrir el caso con este informe? ¿Abre alguna nueva vía?
No nos podemos engañar, los informes que emite el Consejo de Estado no son vinculantes. Aún así, en el proceso en que nos encontramos, el Ministerio de Defensa tiene capacidad de respuesta al informe del Consejo de Estado. En esa respuesta es donde las familia estaremos muy atentas, porque sí que podíamos ir al contencioso-administrativo e intentar abrir una vía judicial que necesitamos para que se haga justicia de verdad, pero en los tribunales.
En los periódicos, en las casas de las familias, sabemos cuál es la verdad, pero necesitamos un juicio, para que se diriman de una vez por todas las responsabilidades políticas, que después de tantos años, no ha habido ninguna, solo premios.