El PP abraza tras el giro de la UE la intervención del mercado eléctrico que criticó a Sánchez
“Estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico”. La frase no es de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz ni de ningún defensor del decrecimiento como respuesta a la emergencia climática. No es una consigna de quienes apuestan por la nacionalización de los sectores productivos fundamentales, como puede ser el energético. Son las palabras con las que la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, anunció una reunión urgente en la que los países de la UE van a jubilar uno de los axiomas neoliberales que campan por Bruselas. La idea ha sido recibida con vítores en el Gobierno de coalición. Y también en el PP, que abraza ahora una tesis que criticó duramente cuando Sánchez propuso y negoció el tope al gas en la capital comunitaria.
Las arremetidas del PP contra la mera posibilidad de una intervención del mercado eléctrico se remontan al otoño de 2021, con Pablo Casado al frente del partido y cuando la tensión entre Rusia y Ucrania acumulada durante años comenzó a incidir en el precio del gas, una de las principales fuentes de generación de luz en Europa. Rusia era por entonces, y hasta hace poco, el principal exportador de esta materia prima a la UE.
“Dejen de amenazar a las empresas y de intervenir los mercados para no conseguir absolutamente nada”, dijo la por entonces portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, quien hoy suma a este cargo el de secretaria general. “Son un riesgo a la inversión en nuestro país, señorías”, ratificó el diputado Mario Garcés, hoy portavoz adjunto en el Congreso.
Ese mismo mes, el Gobierno de coalición aprobó un real decreto ley “de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad”, y que recortaba los beneficios de las empresas energéticas por la producción de energía que no emita CO2. El movimiento del Ejecutivo se produjo después de que ese mismo verano diferentes grandes empresas energéticas exprimieran los pantanos para vender la electricidad generada por los saltos de agua “a precio de gas”.
El eurodiputado del PP Esteban González Pons, hoy vicesecretario de Política Institucional y mano derecha de Feijóo en la dirección nacional del partido, presentó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para saber si el Ejecutivo comunitario consideraba una “intervención en el mercado” que contravenía las reglas de la UE. También preguntaba a la Comisión sobre posibles sanciones contra España.
La invasión rusa de Ucrania disparó el coste de la energía en toda Europa, y España no fue una excepción. El Gobierno planteó a Europa una “excepcionalidad ibérica” que permitiera a España y Portugal poner un tope al precio del gas, una fuente de generación de energía secundaria en ambos países ante la falta de conexiones gasistas de la Península Ibérica con Europa, pero cuyo precio mayorista influía directamente en el de ambos países.
El tope al gas ha sido duramente criticado por el PP, ya liderado por Feijóo. Antes y después de su implantación. “No ha funcionado”, dijo el líder de la oposición a mediados de junio, apenas una semana después de la puesta en marcha del sistema. Su partido, de hecho, se abstuvo en el Congreso, junto a Vox. Las derechas tildaron de “fracaso” el plan antes de su puesta en marcha, pero en agosto, con datos ya consolidados, se pudo comprobar que el precio medio de la luz se redujo en España en comparación con lo que pagan otros países, como Francia.
Con todo, el precio de la luz sigue en máximos. Más en Europa que en España. Con todo, desde el PP aseguran que los consumidores españoles “subvencionan” a Francia. En total, según los cálculos de Génova, la cantidad suma ya 400 millones de euros. Preguntados por elDiario.es, desde el PP no han querido explicar de dónde sale el dato.
Las críticas a las medidas de choque planteadas por el Gobierno en el mercado eléctrico se sumaron a las de ahorro energético convalidadas la semana pasada por el Ejecutivo. Unas restricciones duramente criticadas por el PP, con Isabel Díaz Ayuso marcando el paso a un Feijóo que había coqueteado unos días antes con la idea de apagar alumbrado público nocturno. Pero, de nuevo, Von der Leyen defendió la gestión del Gobierno de coalición. La presidenta de la Comisión es una de las principales dirigentes del PP europeo y ya en el pasado ha echado por tierra los intentos del partido en España de poner en duda la gestión de los fondos, entre otros asuntos.
La número dos del PP, Cuca Gamarra, dijo entonces que lo de Von der Leyen eran “valoraciones” personales. Ahora, después de que tras la presidenta de la Comisión hayan salido jefes de Estado y de Gobierno poco sospechosos de intervencionistas, como el austriaco, a clamar por una regulación del mercado ante el duro otoño e invierno que se avecina, el PP ha optado por no criticar a su compañera de partido, sino por arrogarse un plan del que han renegado no solo ahora, sino histórica e ideológicamente.
El viceconsejero económico del PP, Juan Bravo, planteó este martes en una entrevista que su partido ya pidió “hace meses” la intervención del mercado eléctrico, pese a que en el extenso plan económico que redactó en abril y que Feijóo remitió a Pedro Sánchez solo planteaba la bajada de impuestos y la inversión en energía nuclear como soluciones para influir en el precio del recibo de la luz. Ni una palabra sobre una supuesta intervención del mercado que, de hecho, es anatema en las líneas maestras económicas neoliberales del PP.
Sobre la situación del mercado energético, del plan de ahorro y de sus consecuencias “económicas y sociales” debatirán Sánchez y Feijóo, así como el resto de grupos, el próximo martes en el Senado. El viernes, 9 de septiembre, la UE se reunirá de urgencia para abordar la intervención del mercado eléctrico. En el medio plazo, la interconexión de España con Europa (vía Francia y/o Italia) está también sobre la mesa, después de que Francia se haya abierto al plan español, que respalda Alemania. Un escenario poco propicio para una oposición que, pese al cambio de liderazgo, se mantiene en el “no a todo”.
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