Desplegar a la Armada española en las costas de África continental y copiar las políticas de Grecia o la Italia de Giorgia Meloni, que deporta a personas migrantes a terceros países solo por el mero hecho de serlo. Es el giro discursivo del PP, que abraza así algunos de los postulados de la extrema derecha, de los que se había mantenido al margen hasta la campaña electoral en Catalunya, cuando su líder, Alberto Núñez Feijóo, relacionó directamente la delincuencia con la entrada irregular de extranjeros. Ahora ese discurso vuelve sin comicios a la vista.
Lo que sí está sobre la mesa es la negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto de los menores migrantes que desbordan los centros de acogida en Canarias y Ceuta. Y los gobiernos del PP no quieren saber nada. Hace una semana, Feijóo ofreció la “solidaridad” de las regiones que lidera su partido, la mayoría, en asistencia además de otras dos administraciones que gobierna o cogobierna.
Pero la “solidaridad” duró un fin de semana. El martes, Feijóo endureció el discurso. Y abrió el juego para que lo hicieran el resto de portavoces del partido. Y este jueves fue Miguel Tellado quien elevó la apuesta al sugerir que el Gobierno debe enviar barcos militares a las costas de África desde las que salen los cayucos o pateras cargas con personas que quieren llegar a Europa a través de España.
La idea no es nueva. Forma parte del programa electoral de Vox y ya en 2021 fue planteada por Pablo Casado, el anterior líder del PP y al que Feijóo sustituyó tras un golpe de mano de los barones territoriales. Pero ni Feijóo ni su antecesor se atrevieron a plantear una idea así en sus programas electorales. El más reciente, el de las generales del año pasado, habla de “incrementar la inspección fronteriza” o “participar en las actividades de Fróntex”, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. También propone “fortalecer las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Y revisar y “mejorar los acuerdos con los países de origen o de tránsito”.
Nada de mandar a la Armada a enfrentarse a los cayucos. Algo que podría contravenir la Ley del Mar, como explicó hace ya cuatro años el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad): “Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral... es rescatarlos. Y eso es lo que se haría”.
Tellado intentó con poco éxito horas después matizar sus propias palabras (“por si alguien no me ha entendido con la claridad con la que suelo expresarme habitualmente”, dijo) y planteó que aludía a “patrulleras” y a “buques de acción marítima”, y que el Gobierno español ya lo ha hecho previamente. Pero el portavoz del PP obvió que esos dispositivos forman parte de los operativos que coordina la UE, bien en el Mediterráneo, bien en el Golfo de Guinea para luchar contra la piratería, no para detener a las personas migrantes.
Más allá de lo atinado de las expresiones del portavoz parlamentario del primer grupo del Congreso, el marco discursivo lo planteó Feijóo el martes en Cascais (Portugal), en un acto del PP europeo y ante la que volverá a ser presidenta de la Comisión en su segundo mandato, Ursula von der Leyen, a la que reclamó ayuda en nombre de España.
“Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar”, dijo. Esos “países” con “resultados exitosos” son Grecia e Italia, a los que Feijóo citó expresamente en su discurso.
Los ejemplos de Italia y Grecia
El acercamiento del PP europeo a la ultra Giorgia Meloni no es nuevo. Ya lo verbalizó de forma expresa la propia Von der Leyen, y Feijóo recogió el guante. “No me parece homologable a otros partidos de extrema derecha en Europa”, dijo en la antesala de las elecciones europeas.
Feijóo y el PP asumen así el discurso habitual de Vox, que pide desde hace años no solo el uso de militares para evitar la llegada de personas migrantes, sino copiar esas medidas que se han implementado en Grecia o Italia. En los últimos días, los de Santiago Abascal han desplegado todo su potencial comunicativo para hacer palanca con las palabras del líder de la oposición y recordar que ellos ya propusieron lo mismo antes. Y, de paso, han criticado la iniciativa legislativa popular para regularizar a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin tener los papeles en regla. Vox llegó a amagar con romper los gobiernos de coalición si las comunidades aceptaban participar en la acogida de menores migrantes.
El envío de buques militares para frenar la llegada de migrantes a España recuerda a una de las medidas más repetidas por la ultraderechista Giorgia Meloni antes de alcanzar el Gobierno italiano. “Bloqueo naval”, insistía la entonces candidata de la extrema derecha en sus mítines de campaña, un significante frecuente en las comunicaciones de Vox.
Meloni prometió impedir que todos los barcos de migrantes desembarcaran en las costas italianas, sin distinguir las razones que les llevaban a arriesgar sus vidas en el Mediterráneo. Pero los obstáculos legales impidieron la medida.
En 2023, ya con Meloni como primera ministra, 157.652 personas entraron en Italia de manera irregular, colocándose como el país con más llegadas de la Unión Europea por esta vía, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Menos de dos años después, la promesa de Meloni ha sido recuperada por el candidato a primer ministro de la extrema derecha francesa en las legislativas cuya segunda vuelta se celebra este domingo, Jordan Bardella.
El “bloqueo naval” no se ha completado, pero Meloni sí ha logrado un acuerdo con Albania para enviarle a migrantes y solicitantes de asilo, como Reino Unido lo hace con Ruanda. Una idea que está en la agenda de muchos países de la UE. Además, la primera ministra italiana quiere duplicar los centros de detención interiores. En Grecias, el otro referente, la Guardia Costera ha llegado a retener a solicitantes de asilo, entre ellos niños de corta edad, llevarlos al mar y abandonarlos en una balsa.
Los menores de Canarias
Las palabras de Feijóo y de Tellado no llegan en un momento de especial pico migratorio. Canarias comenzó el 2024 batiendo récords de llegadas de migrantes. En los primeros cuatro meses del año fueron rescatadas 15.982 migrantes, un 369% más que en 2023. Sin embargo, en los últimos 15 días el flujo de llegadas se ha ralentizado, con 280 personas rescatadas en dos semanas.
La escalada en el discurso anti inmigración del PP sí coincide con un momento clave en la negociación de la ley propuesta por el Gobierno canario y el central para hacer obligatorios el reparto de menores migrantes no acompañados por el resto de España, cuando la capacidad de acogida de los territorios llegue al 150% de sus posibilidades.
En la actualidad, Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 dispositivos repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia por “desprotección infantil” en un centro de Lanzarote, que incluye agresiones contra los chavales acogidos.
El Gobierno de Canarias ha decidido no cerrar este centro insalubre. Por el contrario, el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, en coalición con el PP, ha anunciado una nueva solución: montar carpas en los puertos de las islas para atender a menores no acompañados.
El portavoz del Gobierno en Canarias, Alfonso Cabello, anunció el lunes que habían solicitado a Puertos del Estado la cesión de suelo para poder atender en campamentos a los migrantes. Al día siguiente, la Autoridad Portuaria de Las Palmas informó de que ofrecería un espacio en el muelle de Los Mármoles, en Arrecife, a la Dirección General de Protección a la Infancia. “No nos podemos poner de perfil, sino todo lo contrario, echar una mano en todo lo que podamos”, dijo la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.
Esta propuesta se ha topado con el rechazo frontal de la Fiscalía de Extranjería. La fiscal Teseida García ha asegurado que no permitirá que menores migrantes no acompañados permanezcan en carpas en los puertos de las islas como si se tratara de “hogares” para niños. La fiscal de Extranjería ha apelado al sentido común. “El muelle de Arguineguín fue lo que fue, y no se puede repetir”, subrayó en relación al hacinamiento de 2.600 migrantes en un puerto de Gran Canaria en 2020.
La medida nunca antes se había planteado, ni siquiera en la crisis de 2020 y 2021, cuando llegaron a las islas 3.827 menores no acompañados. Tampoco en octubre de 2023, cuando se declaró la emergencia humanitaria ante el fuerte aumento de las entradas de cayucos, especialmente en la pequeña isla de El Hierro. Esta medida extraordinaria, que incumpliría las condiciones en las que debe atenderse a cualquier menor de edad, llega a una semana de la reunión del Gobierno central con las comunidades autónomas sobre el reparto de menores migrantes.
“Parece una especie de estrategia comunicativa ante la dificultad de sacar adelante la reforma de la ley que promueve el Gobierno canario para la distribución de los menores por la península, pero no nos parece razonable”, sostiene Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Meter a menores en carpas en un muelle no tiene asidero legal, ni tiene ningún tipo de racionalidad. Los menores tienen que ser atendidos en instalaciones adecuadas, como ya ha advertido la Fiscalía”, recalca.
Valiente destaca la difícil situación a la que se está enfrentando Canarias para acoger a casi 6.000 menores no acompañados ante la falta de solidaridad del resto de comunidades autónomas. “Lo razonable es una distribución para atenderles en mejores condiciones, no se va a conseguir nada con este tipo de planteamientos de carpas en un muelle, no tiene futuro ni tiene encaje legal”, añade.
Sobre el envío de buques militares para impedir las entradas a España, CEAR sostienen que se trata de una medida sin base legal. “Esta escalada en el discurso migratorio del PP no tiene encaje legal ni práctico. La obligación del Estado español es atender a las personas que se encuentran en embarcaciones en alta mar y aplicarles la legislación”, apunta su director general.
Desde la ONG consideran que tanto la propuesta del Gobierno canario (Coalición Canaria y PP) de alojar a menores bajo carpas levantadas en un muelle como la petición del PP de enviar a la Armada demuestra “la gran capacidad de desestabilización” de la extrema derecha. “Hay que buscar soluciones que no van a ser fáciles, pero este tipo de medidas muestran la capacidad lamentable de la extrema derecha para desestabilizar y la debilidad de muchos partidos que se ven arrastrados por los discursos anti inmigración y medidas que ni cumplen con la legalidad”, concluye Valiente.