Acabar con los aforamientos es una de las seis condiciones de Albert Rivera para negociar la investidura de Mariano Rajoy. La postura del PP sobre esa cuestión ha pasado de poner en duda que fuera necesario a mostrarse dispuesto a reducirlos. El debate sobre la corrupción del PP y las exigencias de regeneración de Ciudadanos y PSOE les obligó a pasar del escepticismo a principios de la legislatura a acabar incluyéndolo en su programa electoral de las últimas elecciones.
La medida, sin ninguna concreción, también está incluida en el documento de 125 puntos que Rajoy remitió a Pedro Sánchez y Albert Rivera la semana pasada después de reunirse con ellos en el Congreso. Para llevarla a cabo no basta con reformar la Constitución, sino también los Estatutos de Autonomía.
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró en 2014 que su Ministerio trabajaba en la propuesta de pasar de los 17.621 aforados entonces a “sólo 22”. A ellos había que sumar además los de la Familia Real, por lo que en total quedaban en una treintena. El ministro explicaba que la condición de aforado, el derecho a ser juzgado por el tribunal distinto a uno ordinario, “no es un privilegio”. Aun así, admitía que la sociedad española “lo percibe como tal”, por lo que su idea era mantenerlo para los titulares de los poderes del Estado y presidentes autonómicos.
El derecho de aforamiento beneficia principalmente a políticos y miembros del ámbito judicial. Los primeros son unos 2.000, aunque el grupo más numeroso es el de magistrados, jueces y fiscales. El rey y su familia, el presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y sus vocales, el presidente del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y sus Salas, además de los presidentes de tribunales superiores, el fiscal general del Estado. Entre los políticos hay que contar al presidente del Gobierno, sus ministros, presidentes autonómicos y consejeros, parlamentarios, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas.
Rafael Catalá, sucesor de Gallardón tras su dimisión, también se mostró abierto a reducir el número de aforados, que consideraba “muy alto”. Pero al mismo tiempo calificaba de “artificial” el debate generado en torno a ello y ponía en duda que ser juzgado por el Supremo en lugar de por una instancia ordinaria suponga una ventaja.
La aparente disposición de los ministros de Justicia y demás miembros del Gobierno contrastó con algunos de los movimientos que el PP realizó y que evitaron el procesamiento de algunos miembros del partido. Fue el caso de la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, imputada por contratar con empresas de la trama Gürtel antes de que fuera redactado el concurso. La formación conservadora la colocó como suplente en la Comisión Permanente del Senado, antes del 20D. Esta jugada evitó que, al disolverse la Cámara Alta, la causa por la que era investigada volviera a la Audiencia Nacional, órgano que inició las pesquisas. Finalmente, la causa quedó archivada.
La campaña de las elecciones municipales y autonómicas sirvió para comprobar cómo el PP convertía en propuesta estrella esta medida que a la hora de la práctica era rechazada en las votaciones de los parlamentos. Cristina Cifuentes y José Manuel Moreno Bonilla hicieron bandera de ello en Madrid y Andalucía.
La encrucijada del PP con los aforamientos alcanzó su punto máximo con el caso de Rita Barberá. En enero de este año Esperanza Aguirre reconocía que las sospechas de corrupción que afectaban a la exalcaldesa de Valencia se resolverían “eliminando los aforamientos y dejando que declaren todos aquellos de los que hoy se murmura”.
Justo el mismo día en que se conocían estas declaraciones, Aguirre sentenciaba: “Fuera aforamientos, a ver si es verdad que se quitan ahora que todos están de acuerdo. Se puede hacer antes incluso de que haya Gobierno”.
El consejo de Aguirre no tuvo éxito. El propio Rajoy tomó la decisión de seguir protegiendo a Barberá, cercada por los indicios, para mantenerla a salvo. Mientras los cargos del PP competían a ver quién era más duro contra la exalcaldesa de Valencia, Rajoy recurrió de nuevo a la Diputación Permanente del Senado para parapetarla en el caso de que se repitieran elecciones y las Cámaras quedaran disueltas. Un mes después, el grupo parlamentario en el Senado votó en contra de una moción que proponía poner fin al trato especial que reciben diputados y senadores.