Entre los nuevos diputados que entraban y salían este jueves del Congreso para recoger sus credenciales, Pedro Gómez de la Serna entraba discretamente en el Parlamento. El número dos del PP por Segovia se negaba a hacer ningún tipo de declaración después de haber protagonizado una situación insólita durante la campaña electoral por las sospechas sobre su corrupción. Aunque fue apartado por su partido ante los indicios, logró revalidar su escaño al salir elegido junto a la cabeza de lista, Beatriz Jurado. Cuando se difundió el cobro de comisiones, Mariano Rajoy dio por buenas las explicaciones del diputado y, desde entonces, ha evitado pronunciarse. Los máximos dirigentes del PP se escudan en que según sus estatutos no pueden hacer nada hasta que actúe un juez.
María Dolores de Cospedal, que acudía este jueves a recoger su acta, se mostraba sorprendida al saber que pocos minutos antes el exdiputado del PP circulaba por los pasillos del edificio. Gómez de la Serna ya recogió su credencial el pasado 28 de diciembre mediante un procurador y no ha querido explicar para qué acudía al Parlamento. Preguntada por las medidas disciplinarias, la secretaria general del PP se encogió de hombros antes de responder que “más allá de enviarlo al Grupo Mixto, no, salvo que lo diga la justicia”. Solo la imputación por los indicios de cobro de comisiones millonarias a cambio de facilitar contratos a empresas permitiría el siguiente paso.
La apertura del expediente disciplinario por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP es la única medida que se ha tomado contra él y Gustavo de Arístegui por el momento. Génova decidió abrírselo el pasado 10 de diciembre, cuando el parlamentario ya permanecía “desaparecido” y no contestaba al teléfono a sus superiores. Mediante un comunicado, el PP informó de que quedaba apartado de la campaña en Castilla y León. Los posters con su imagen se retiraron de las calles, pero aun así, salió elegido.
Fuentes del PP recordaron que el partido “no puede condenarlo hasta que no lo haga un juez” y que una futura imputación solo podría conllevar la suspensión temporal de militancia hasta que no hubiera una sentencia condenatoria. Cospedal recordaba a eldiario.es la obligatoriedad de respetar los estatutos en este punto y recordaba las protestas en el caso de los socialistas que usaron una tarjeta black y fueron expulsados sin poder hacer alegaciones ante los órganos internos.
En el caso de que no pudiera formarse gobierno y las elecciones generales se celebraran de nuevo, el PP da por hecho que se caerá al elaborar la nueva lista electoral.