El PP aguarda una nueva sentencia de Gürtel asediado por las confesiones de excargos y empresarios

El tercer gran juicio al Partido Popular por las corruptelas de la trama Gürtel quedó este martes visto para sentencia. Durante más de dos meses, la Audiencia Nacional ha enjuiciado la actividad de la red en Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta y feudo histórico de la formación. Un procedimiento con casi 40 acusados y en el que el partido que ahora dirige Pablo Casado se expone a su tercera condena por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño. 

La tesis de la Fiscalía, que pide que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros, es que el partido se benefició de las mordidas que empresarios habrían pagado a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento, pues parte de ese dinero se habría destinado a pagar gastos de campañas relacionadas con el municipio. Las pesquisas revelaron que la red de Correa desplegó su actividad en la localidad madrileña al menos entre 2001 y 2009 causando un perjuicio a las arcas municipales de cuatro millones de euros. 

La formación conservadora, cuya defensa pidió este martes su absolución y descargó toda responsabilidad en determinados “servidores públicos” de comportamiento “execrable”, tiene ahora en su contra la catarata de confesiones de excargos del partido y empresarios que han reconocido los hechos por escrito y en el juicio buscando una reducción de sus peticiones de pena. Son los 16 ‘arrepentidos’ —todos menos el exalcalde Arturo González Panero— a cuyo relato la Fiscalía sí da credibilidad. 

Entre ellos, el líder de la trama, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, que reconocieron el amaño de adjudicaciones en Boadilla con el beneplácito de los cargos municipales del PP. Ambos cumplen largas condenas por otras ramas del caso y formaban parte de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de esas adjudicaciones. 

La fiscal Concepción Nicolás dio especial relevancia al testimonio de Crespo, también ex secretario de Organización del PP de Galicia, quien reconoció que los pagos al PP estaban en algunas ocasiones incluso escritos en su agenda personal y que admitió que se abonaban “en negro” actos del partido, según se encargó de recordar la representante de Anticorrupción. Y al de César Tomás Martín Morales, antiguo gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP en la localidad, que explicó las “necesidades económicas” del PP en el municipio y cómo la Gürtel sufragaba su “actividad interna”. 

De hecho, Martín Morales incorporó a su confesión un anexo en el que detalló las cantidades recibidas de la red tanto en precampaña y campaña electoral, como para sufragar “comidas, fiestas o viajes”. La fiscal lo interrogó durante su declaración por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero, entonces presidente regional del PP. “Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones”, afirmó ante el tribunal.

La Fiscalía también puso en valor la declaración de empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, que ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. “Ha venido a reconocer lo que pagó, que coincide con la carpeta azul, y cómo había hecho llegar cada una de las cantidades”, dijo la fiscal sobre el constructor. 

“A escondidas” del PP

Este martes, en su informe de conclusiones, la defensa del PP, que ejerce el abogado Jesús Santos, insistió en que el partido no podía ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. A este respecto, el letrado insistió en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”.

En este contexto, el representante del PP recordó que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos habría “un amplio colchón” para hacerlo, insistió.

La Fiscalía considera, sin embargo, que los testimonios de otros acusados, de los testigos, de los peritos y la documentación obtenida durante la larga instrucción de este caso ponen de manifiesto que existió un “lucro” para la formación y, en consecuencia, la “obligación” del partido es resarcir ese dinero aunque no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se estaban produciendo. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, aseveró la fiscal, que insistió en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aún cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A juicio de la representante de Anticorrupción, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. 

Esta fue la tesis que intentó rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— insistió en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gastos en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, aseveró. 

La última palabra, en todo caso, la tendrán los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que no ha dado demasiadas alegrías a los conservadores. El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la “contabilidad paralela” no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un “contexto” necesario para explicar la red de Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. 

Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —“intrascendente en el fallo”, advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura se basó “en la mentira”. Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución, la de la caja B del PP, ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el partido “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.