El Partido Popular acaba de poner en marcha su oficina de lucha contra la corrupción interna. El mecanismo responde al nombre de 'Oficina del Cargo Popular' y sus estatutos de funcionamiento han sido aprobados este lunes por el Comité Ejecutivo de la formación conservadora tras meses de inactividad. Los populares califican su oficina de asuntos internos como “inédita” en el resto de formaciones e invitan al resto de partidos a que tomen ejemplo.
La oficina está formada por miembros del partido sin cargos en la dirección del mismo. Se anuncia como un “organismo independiente”, ante el que los principales dirigentes de la formación deberán rendir cuentas sobre sus declaraciones de ingresos e intereses, así como sobre posibles incompatibilidades en los cargos ejercidos. Aunque en un primer momento se designó al exnúmero dos de Gallardón, Manuel Cobo, para dirigir la oficina, una dimisión por motivos de salud dejó al frente del organismo que ahora echa a andar al exdiputado Andrés Ayala. Tal y como ha desvelado eldiario.es, Ayala está vinculado a una empresa de bingos que recibió concesiones de AENA mientras ejercía de portavoz del PP en la comisión de Fomento del Congreso y fue fichado por Adif como consejero incumpliendo la ley al no comunicar su nombramiento, entre críticas de Podemos, que le llegó a calificar de “lobo cuidador de gallinas”.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha sido el encargado de anunciar en rueda de prensa las reglas de funcionamiento del nuevo organismo. Según el reglamento aprobado en Génova, la oficina tendrá la obligación de “trasladar a los órganos judiciales aquellos hechos sobre los que existan indicios razonables de ser constitutivos de delito”. Dicho en otras palabras, el PP tendrá que ejercer la acusación ante los tribunales contra aquellas actitudes de sus cargos que considere al margen de la legalidad.
La normativa interna hace hincapié en la obligación de los cargos adscritos a sus filas de “no aceptar regalos ni favores o servicios en condiciones ventajosas prestadas por la razón del cargo”. También se prohíbe “efectuar operaciones con países o territorios que tengan consideración de paraísos fiscales”.
El precedente: el código ético de Ana Mato
La creación de la Oficina del Cargo Popular es otro intento más del partido de Rajoy de crear estructuras internas que puedan luchar contra la corrupción. El primer intento fue la creación de un código ético a finales de 2009. En aquel entonces se puso a la exministra Ana Mato al frente de la propuesta y se le encargó la responsabilidad de presentarla ante el público. Ana Mato acabaría presentando su dimisión, tras ser considerada vinculada con los regalos de la Gürtel, y el código ético acabaría cayendo en el olvido.
Se da la circunstancia de que el PP pone en marcha su oficina anticorrupción solo unos meses después de que la justicia haya decidido sentarles en el banquillo por el borrado a martillazos de los ordenadores de Bárcenas. El anuncio coincide también con la procesión de cargos populares que estas semanas han tenido que explicar en juicios y comisiones de investigación su conocimiento sobre la presunta financiación irregular de la formación conservadora. Este martes, el turno es para Cristina Cifuentes, a petición de la comisión que investiga en el Congreso la presunta contabilidad B del PP.
El reglamento aprobado por la dirección del PP también tiene excepciones en su aplicación. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, es una de las principales beneficiarias en ese capítulo. La nueva norma es clara sobre la cantidad de puestos que puede aglutinar una misma persona. En el punto 7c del nuevo reglamento, aseguran: “La condición de Diputado al Congreso es incompatible con el desempeño de los cargos de presidente o secretario general autonómico del partido”. Cospedal es presidenta del PP de Castilla La Mancha y, además, diputada en el Congreso y ministra. A ella no le afecta la norma aprobada hoy por la dirección de Rajoy.
Según fuentes oficiales del PP, el caso de Cospedal se explica porque “tiene autorización excepcional del Comité Ejecutivo del PP”. Esa autorización, aseguran las mismas fuentes, “no es de ahora” y blinda a la ministra ante las incompatibilidades que la formación conservadora dice que improndrá al resto de dirigentes.