La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avanzado que el Grupo Popular y el diputado de esa formación Alberto Casero han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el “atropello democrático” que, consideran, se cometió en la votación de la reforma laboral que se celebró en el Pleno del Congreso. Un error del parlamentario en aquella votación permitió al Gobierno aprobar por la mínima el decreto.
En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha subrayado que “se conculcó el derecho” de su diputado, que avisó con “carácter previo” de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había “capacidad” para que Casero votara de forma presencial.
Gamarra ha confirmado que el PP ha dado ese paso poco antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que desmonta precisamente la teoría del “pucherazo” y rechaza que el diputado por Cáceres pudiera haber votado de nuevo presencialmente. El texto de los expertos considera que no hubo fallo informático en la votación de Casero y que el voto es “irrevocable”.
Poco después de que se haya hecho público el informe, el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida, ha comentado que el PP “respeta la opinión” de los letrados del Congreso, pero que estos no son infalibles. Durante un acto de campaña en Valladolid, Almeida ha recordado que un informe del Congreso también avaló que el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, podía mantener su escaño tras la condena que le impuso el Tribunal Supremo, pero luego rectificaron sus conclusiones en un segundo informe. Informa Aitor Riveiro.
Por su parte, Gamarra ha criticado que más de una semana después de esa votación de la reforma laboral aún no se haya reunido la Mesa del Congreso pero “sí se filtre de manera interesada” por la Cámara ese informe de los letrados. “Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática de nuestro país”, ha enfatizado.
Tras avanzar que el Partido Popular va a llegar “hasta el final” con este asunto, Gamarra ha afirmado que “ha quedado claro” que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha estado “al servicio de los intereses de su partido y no de los intereses de los españoles”. “Es inadmisible que la Mesa del Congreso todavía no se haya reunido para amparar al diputado”, ha abundado.
Los argumentos de Gamarra chocan sin embargo con lo expuesto por los letrados. El informe deja claro que “no resultaba ni jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa” para analizar la reclamación del diputado: “Habiéndose actuado conforme a precedente, al considerar que, no existiendo error técnico, no resultaba posible permitir que se repitiera la votación”.
Al ser preguntada sobre si cree que ese informe de los letrados puede restar fundamentación jurídica a los recursos del PP al TC, ha indicado que no cree que eso ocurra. “Lo que está claro es que se conculcó el derecho de un diputado a ejercer efectivamente el voto que quería emitir” y “se hizo despreciando su advertencia y la del grupo popular”, ha dicho.
Los letrados dicen que el voto de Casero es “válido” e “irrevocable”
El informe de los letrados, al que ha tenido acceso elDiario.es, desmonta de forma inequívoca los argumentos que tanto el PP como Vox han ido esgrimiendo desde lo ocurrido en el Congreso el 3 de febrero. “El voto del Sr. Casero fue válidamente emitido y produce plenos efectos. Tal y como ha quedado acreditado [el informe incorpora otro de los informáticos del Congreso], no se produjo un fallo en el sistema de votación, debiendo imputarse a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la voluntad que se quería manifestar”, apunta.
“Y tampoco resultó violentado el procedimiento de votación telemática, el cual se desarrolló de conformidad con el régimen jurídico vigente, siendo así que, tal y como ha venido ocurriendo desde el inicio de la pandemia, la comprobación personal a que se refiere el artículo 82.2 del Reglamento se realiza, no en los términos del apartado cuarto de la Resolución de la Mesa de 21 de mayo de 2012, sino mediante la introducción de usuario y contraseña en la intranet de la Cámara. Por tanto, el Sr. Casero ha ejercitado de forma correcta y plena el derecho fundamental que le reconoce el artículo 23 de la Constitución”, añade.