“La ley no está redactada”. La frase es de un muy alto cargo estatal del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. Se refiere a la polémica ley que legaliza regadíos en Doñana y que ha recibido el rechazo no solo de la izquierda andaluza, del Gobierno de coalición y de la comunidad científica, sino también de la Comisión Europea. La recogida de cable, iniciada la semana pasada por Juan Manuel Moreno, no es compartida por toda la dirección, ni oculta la estrategia de la derecha: votos antes que emergencia climática. Incluso en el abril más seco de la historia.
El PP no iguala el discurso negacionista de Vox, que llega a defender que el CO2 es bueno para las plantas. Pero sí compiten por el apoyo de amplios sectores y comparten políticas, como es el caso de Doñana. La proposición de ley registrada en el Parlamento de Andalucía inició su trámite con el apoyo favorable de las dos derechas que han sobrevivido al nuevo ciclo electoral.
La votación se produjo con las elecciones municipales ya oficialmente convocadas. El presidente, Juan Manuel Moreno, defendió la bondad de la norma, y con él todo el PP, hasta que la Comisión Europea dictó sentencia: el proyecto contraviene las directrices comunitarias y provocará sanciones si sale tal y como está planteado.
La ofensiva contra el proyecto de Moreno ha llevado a revisar el cálculo inicial. El PP no contaba con la intervención de Bruselas y arremetió contra el Gobierno central y el PSOE por, dijeron, mentir sobre las implicaciones legales de la norma.
De hecho, este mismo lunes su portavoz estatal, Borja Sémper, aseguraba que la Comisión solo se pronunciaría cuando estuviera definitivamente aprobada. Unas horas después de su aseveración, un comunicado oficial zanjaba la falsa polémica. Y no precisamente a favor de la Junta. Pese a la reacción del comisario, el lituano agrarista Virginijus SinkeviÄius, hay quien dentro de la dirección del PP considera que habría que mantenerse firme, no recular “ni tocar una coma”.
Una posición minoritaria que, en cualquier caso, choca con el intento de sacar a Doñana de la agenda de las próximas cuatro semanas, cuando están convocadas las urnas. Porque, además, en Bruselas la ofensiva sigue y la guerra entre el PP y la Comisión que preside la conservadora Ursula Von der Leyen es ya total. La portavoz parlamentaria de Feijóo en Europa, Dolors Montserrat, compareció este mismo miércoles junto al líder del PP europeo, Manfred Weber, para arremeter contra la Comisión Europea que encabeza, y domina, el propio PPE.
El alemán cargó duramente contra el comisario lituano, lo que ha obligado a su compatriota Von der Leyen a defender a su Ejecutivo. La reacción de Feijóo: alinearse con Weber.
Centrales contaminantes, coches y suspender impuestos verdes
La respuesta de Bruselas, y la sobrerreación del PP, ha liquidado el intento de los populares de sacar la polémica sobre el Parque Nacional de la agenda. “Doñana ya está terminado, el ‘sí es sí’ durará hasta diciembre” era el nuevo ‘leit motiv’ del PP, para tapar la crisis a un mes de las elecciones. Pero el mismo día que se votó la contrarreforma de la ley de libertad sexual en el Senado, Feijóo se reunió con representantes de la mayor asociación de cooperativistas agrarios de España, ante quienes defendió un “Pacto Nacional del Agua” sin concretar, así como crear una “Autoridad Nacional del Agua” de competencias etéreas e invertir en infraestructuras hidráulicas sin determinar.
La reunión no estaba en la agenda pública del presidente del PP, y el partido la despachó con una nota de prensa que escondía otra propuesta: suspender el impuesto a los plásticos de un solo uso.
Un tributo de origen europeo y de obligatoria implementación que el PP insiste en no implementar en España. No es el único caso. En su deriva contra las instituciones comunitarias, Feijóo ya criticó en su momento los impuestos especiales a las empresas energéticas que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, dijo que habría que utilizar para “descarbonizar” la economía.
Mientras la dirigente alemana defendía el tope al precio del gas y la transición verde, Feijóo clamaba contra lo que el PP llamó “timo ibérico” y, en lugar de esta medida, pidió reabrir las centrales térmicas, las más contaminantes.
El dirigente gallego también se ha posicionado, por ejemplo, contra el plan europeo de prohibir la fabricación de vehículos de combustión. Mientras la UE lograba pactar un calendario, el líder del PP defendía la vigencia de estos motores contaminantes ante una patronal automovilística.
El líder de los populares llegó a pedir que se suspendieran las reglas medioambientales para toda la UE mientras durara la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, mientras este mismo martes en el Senado se lamentaba de que la Comisión haya levantado las reglas económicas a los gobiernos europeos, lo que ha permitido aprobar presupuestos expansivos.
El PP quiere asentar sus tesis políticas a través de su fundación tres veces refundada, Reformismo 21. La institución, cuya actividad hasta ha brillado por su ausencia, organizó este jueves en plena tormenta por Doñana un seminario moderado por el portavoz del PP, Borja Sémper, emitido por internet pero cerrado al público (al menos a los periodistas) y curiosamente centrado en la política medioambiental.
Sémper presentó el evento y mencionó una supuesta “leyenda negra de lo que representa un partido de corte libera-conservador” para el ecologismo, una “materia transversal” que “a todo el mundo le importa intuitivamente, le interpela” por lo que la gente quiere “representantes políticos con opinión acertada”.
Junto al también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, un representante del 'think tank' conservador Oikos y la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino, hoy vicepresidenta del Banco Santander, quien firmó en representación de España el protocolo de Kioto hace 25 años.
Tocino recordó que ella defendió a finales del siglo XX que “España tenía que seguir creciendo en emisiones”, elogió la política de Margaret Thatcher, alertó contra “las minerales secuestrados” por China y advirtió de las “nacionalizaciones” de las minas de litio que está protagonizando el gobierno de Gabriel Boric en Chile. En este sentido, Tocino habló de las “tierras raras” necesarias para ciertas industrias y cómo el fondo soberano noruego ha encontrado indicios de estos minerales “a 5.000 metros de profundidad en el Ártico”. La exministra de Medio Ambiente lamentó que “si salen unos ecologistas que no entienden, dicen que no se pueden tocar y no se podrá investigar más”.
Sémper apuntó que su misión es que el PP recupere el Gobierno de España. “Yo me pondré muy pesada para que así sea”, le replicó la vicepresidenta del Santander.
Para Feijóo, la transición ecológica debe ser “ordenada” y “poco a poco”. Hace unos meses, por ejemplo, arremetió contra el PERTE eléctrico (fondos europeos) por centrarse en el vehículo eléctrico y dejar fuera los motores de combustión, y pidió rebajas fiscales para estos. Era noviembre de 2022 y en Egipto se celebraba la Cop22. Casi medio año después, con el termómetro batiendo récords negativos en España, la posición del PP sigue siendo la misma en materia medioambiental.
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