El PP ha pedido este domingo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que su partido presentará mañana una querella contra el PSOE por “financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias” en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. “Nos vamos a querellar para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes”, ha asegurado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Los populares denuncian al PSOE por esta presunta financiación ilegal tras las últimas novedades de las diversas presuntas tramas de corrupción o tráfico de influencias que rodean al Ejecutivo de Sánchez y a su familia desde hace unos meses, incluidas la investigación del juez Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, así como a las últimas novedades del caso 'Koldo', que acercan la imputación de José Luis Ábalos. “Él es el auténtico nexo de unión de todas las investigaciones de corrupción abiertas”, ha asegurado la secretaria popular en una rueda de prensa ofrecida al terminar la reunión urgente del comité de redacción de su partido.
El PP acusa así al PSOE de beneficiarse de esta presunta red corrupta del caso 'Koldo'. Gamarra ha hecho mención a unas supuestas cantidades de dinero de efectivo cargado “en bolsas” y entregado en la sede de Ferraz, haciéndose eco de una publicación del diario The Objective, que ha sido, según las palabras de Gamarra, el impulso final para la presentación de la querella.
“No caben cortafuegos, porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez. Su situación es insostenible y hubiera provocado la caída de todo el Gobierno en cualquier otra democracia”, ha afirmado Gamarra. “Por todas estas razones, el comité de dirección del Partido Popular reunido en esta mañana le pedimos a Pedro Sánchez la dimisión”.
“Feijóo no tiene autoridad moral para exigir explicaciones a nadie”
El PSOE ha respondido al anuncio de los populares y ha calificado la actuación de “sobreactuada”. “Feijóo no tiene autoridad moral en este país para exigir explicaciones a nadie. Es una anomalía en Europa que alguien con un amigo narcotraficante haya aspirado a presidir un gobierno”, ha dicho la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña. “Le quedan 30 causas abiertas al Partido Popular, 30 juicios donde espero que podamos descubrir por fin quién era M. Rajoy. Desde el Partido Socialista no perdemos la esperanza”.
Peña ha recordado que, tras la detención de Koldo García, su partido “tardó solo cinco días en suspender de militancia a José Luis Ábalos y abrirle un expediente de expulsión del partido”. “Cuando el PP actúe de esta manera contra la corrupción, podrá dar lecciones”, ha añadido en nota recogida por EFE.
Este viernes, la Guardia Civil entregó a la Audiencia Nacional un atestado que atribuye a Ábalos, exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, un “papel relevante y de responsabilidad” en la trama de venta de mascarillas durante la pandemia. Era la primera vez que la UCO señalaba a Ábalos como beneficiario directo.
El PSOE ha defendido estos pasados días, después de que los informes de la UCO hayan situado al exministro Ábalos al borde de la imputación, que ya actuó con “contundencia” con él. El propio Sánchez lo afirmó así el viernes desde Roma: “Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir desgraciadamente en mi Gobierno y absoluta colaboración con la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado”. Y añadió que el suyo es “un Gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción”.
Entre algunos de esos casos investigados por la Justicia que el PP ha enumerado esta mañana para argumentar la querella se encuentra también el del hermano del presidente, David Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz y fue denunciado por el pseudosindicato Manos Limpias por los delitos de “malversación, prevaricación y tráfico de influencias”. Se abrió una comisión de estudio que ya terminó el pasado junio, a pesar de que el PP no lo aceptó. La Diputación de Badajoz concluyó que la contratación de Sánchez se había efectuado con “transparencia, publicidad y respeto a la normativa”.
“Para el PP la corrupción solo existe cuando se trata de difundir bulos”, dijo al respecto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en septiembre.
El PP insiste sin embargo en que la cara del presidente del Gobierno es la de un corrupto: “Estamos hablando de un escándalo generalizado por su entorno más próximo, el clan de las primarias que le llevó hasta la Secretaría General del PSOE y desde ahí llegaron al Gobierno de España. Estamos hablando de un escándalo que afecta a su entorno más cercano, a su propia familia, el caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez. Estamos hablando de que él mismo tiene un alias dentro de toda esta trama de corrupción”. “Estamos por tanto ante auténticas autopistas de corrupción socialista”, ha asegurado Gamarra. Los populares no han hablado aun así de ninguna convocatoria social en la calle de momento.
Vox anuncia una querella contra Francina Armengol
La formación de extrema derecha ha anunciado una querella contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos firmados durante la pandemia de COVID-19 cuando era presidenta de Balears. Así lo ha anunciado la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, en una rueda de prensa, tras la entrega por parte de la UCO de su informe sobre el caso Delorme.
Vox, que está personado como acusación popular en la causa, defiende que este informe policial prueba la “intervención directa” de los participantes en la trama en la compraventa de material sanitario en Balears, cuando Armengol era la presidenta autonómica, ante lo que han avanzado que presentarán esta querella ante el Tribunal Supremo.
El nuevo portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, ha insistido en pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria “inmediata” de elecciones, a la vez que ha pedido “unidad” al PP para tratar de “desalojar” al jefe del Ejecutivo de La Moncloa.