Así lo han trasladado fuentes populares en declaraciones a Europa Press, a raíz de las informaciones publicadas en medios de comunicación sobre una conversación entre el expresidente, la diputada y su marido, José Juan Caballero, también investigado en el caso Lezo y que salió de la cárcel este lunes después de pagar la fianza de 100.000 euros, donde hablaron de la posibilidad de que tuviera lugar una operación policial.
El PP considera que, pese a la publicación de la conversación grabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho de Ignacio González el pasado 6 de marzo, la situación de la diputada no ha cambiado en relación con el código ético del grupo parlamentario, por el que los diputados populares adquirieron el compromiso de dimitir si resultaban investigados por delitos de corrupción o que generen alarma social.
En cuanto a su condición de miembro de la dirección del grupo parlamentario como portavoz adjunta, no hay ninguna posición definida. En su caso, podrían retirarle el cargo los diputados del Grupo Popular, si así lo deciden en una votación, pero no hay ninguna reunión de grupo convocada para abordar este asunto.