El pinchazo de la campaña de recogida de firmas contra los indultos a los dirigentes independentistas puesta en marcha el pasado 1 de junio por el Partido Popular se evidencia en el hecho de que el equipo de Pablo Casado espera recoger hasta este domingo 500.000 rúbricas, pese a que la formación conservadora sigue presumiendo de contar con más de 800.000 militantes y esa es la cifra que ofrece la dirección popular cada vez que se le pregunta por el número de afiliados. Es decir, que casi un mes después del inicio de la iniciativa, ni siquiera todos los afiliados del partido han firmado contra los perdones aprobados finalmente el pasado martes por el Consejo de Ministros.
El fracaso es aún más flagrante si se compara con la recogida de firmas puesta en marcha por el PP en 2006 –cuando el partido estaba liderado por Mariano Rajoy– en contra del Estatut. Entonces los populares lograron recoger 800.000 rúbricas en solo una semana, frente a las 100.000 conseguidas ahora en ese mismo periodo. En dos semanas, la dirección de Casado aseguró el pasado día 15 haber llegado a las 300.000 y cree poder alcanzar el medio millón en los próximos días.
Las cifras siguen estando muy lejos de las de la campaña de 2006, a pesar de que ahora el proceso de recogida se ha agilizado por la existencia de plataformas digitales –el PP habilitó un espacio en la web change.org– que no tenían tanto arraigo tres lustros atrás. Hace 15 años Rajoy acabó presentando en el Congreso cuatro millones de firmas contra el Estatut, recogidas en tan solo tres meses, que solo sirvieron para acompañar a una proposición no de ley instando al Gobierno a convocar una consulta de ámbito estatal sobre el texto estatutario y que ahora están almacenadas en el almacén de la Cámara Baja.
“Con el ritmo de firmas actual, esta semana llegaremos al medio millón de firmas contra los indultos, que es un sí a la Constitución”, explicaron este jueves fuentes de la dirección del PP, que está tratando de realizar un último esfuerzo para impulsar una campaña contra los perdones que ya se ha visto agotada por el pinchazo en la recogida de rúbricas, la ausencia de movilizaciones callejeras –exceptuando la de la Plaza de Colón del pasado día 13, que tuvo menor asistencia de la esperada y que estuvo monopolizada por la extrema derecha– o la pérdida de dos votaciones en el Congreso –la última, el pasado martes– ante iniciativas del PP censurando la medida de gracia, que fueron tumbadas por la mayoría de la Cámara.
Despliegue de mesas “en toda España”
A todo ello se suma que dos de los sectores tradicionalmente afinas a la derecha, el de la patronal y el de la jerarquía de la Iglesia Católica, han dado su beneplácito en los últimos días a los indultos, dejando prácticamente solo a Casado en su campaña contra esos perdones y arrinconado junto a la extrema derecha de Vox. Estos posicionamientos han hecho que el PP declarara la guerra a los empresarios, con acusaciones de que “no representan a nadie” o de que son “una platea subvencionada”, como dijo Casado el martes, o con la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instando a los empresarios catalanes a que “sufraguen con su dinero” el “camino a la independencia” por respaldar los indultos.
Con todo, el partido quiere mantener las mesas de recogida de firmas “en toda España”. “Se implicará la dirección nacional y altos cargos de la formación, para pedir la dimisión de Sánchez al sustentarse en una mentira”, explican en Génova 13, después de que el miércoles el líder del PP, Pablo Casado, introdujera durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso esa nueva variante en su estrategia contra los indultos: la de pedir al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones para que el apoyo a los indultos se mida en las urnas. La dirección popular es en cambio consciente de que Moncloa no contempla ningún adelanto electoral y que prevé agotar la legislatura, cuya culminación está prevista para el final de 2023.
Además de la recogida de firmas, el PP tiene aún esperanza de que prosperen sus recursos contra los indultos en los tribunales aunque, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los recursos tendrían muchas dificultades para poder prosperar. De momento, Vox y Ciudadanos llevan la delantera en esa estrategia judicial, porque presentaron el jueves sus respectivos recursos contra los perdones, mientras los populares siguen tratando de encontrar los argumentos que legitimen esa actuación ante la justicia.
Lo que quiere la dirección del PP es demostrar como sea que es víctima de esos indultos, porque a diferencia de las causas penales, la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la que se pueden recurrir los actos del Gobierno como el perdón a los presos del procés, es muy restrictiva a la hora de permitir la personación de los partidos políticos y lo más habitual es que el indulto lo recurra la víctima del delito.
Presentarse como parte afectada
Casado insiste en que él es un afectado directo de los perdones porque uno de los CDR investigados en la Audiencia Nacional buscó su nombre en internet. Y su número dos, Teodoro García Egea, sostiene, por su parte, que fue el PP quien “llevó a los independentistas ante el Supremo” desde el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que trata de equiparar al partido con el Ejecutivo. “La Fiscalía General del Estado fue la que actuó contra los independentistas y gracias a esa actuación del Gobierno estos señores fueron a la cárcel. Por tanto, el PP sí era parte del proceso a través del Gobierno de Mariano Rajoy y de las medidas que se tomaron en su momento como el 155”, apuntó este jueves.
Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por elDiario.es no se atreven a poner una fecha a la presentación de dichos recursos. “Lo primero es presentar la legitimación”, explican, algo que no sucederá previsiblemente hasta la semana que viene. Este viernes Casado mantuvo una reunión con el equipo jurídico del partido en busca de esos argumentos, que por el momento no se han hecho públicos.
La acción judicial del PP se basará, fundamentalmente, en el informe emitido el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, que se opuso de manera frontal a la concesión de los indultos. El PP, que “va a defender la igualdad de los españoles, considera que los indultos son un pago político a los independentistas para que Sánchez pueda permanecer dos años más en La Moncloa”.