El Partido Popular y Ciudadanos han vuelto a insinuar este martes que si los líderes del procés son condenados a raíz del juicio iniciado en el Tribunal Supremo el Gobierno de Pedro Sánchez prevé indultarles.
En rueda de prensa en la sede del PP, el número dos de los populares, Teodoro García Egea, ha afirmado que el bloqueo por parte del PSOE en el Congreso de las iniciativas del Grupo Popular para evitar indultos a condenados por rebelión y la tipificación como delito de la convocatoria ilegal de un referéndum evidencian la “intenciones” de los socialistas al finalizar el juicio.
“Esas iniciativas están siendo bloqueadas por el PSOE y nos lleva a pensar que hay cierta intencionalidad y causalidad entre el bloqueo que hace el PSOE y las intenciones que tienen con respecto al final del juicio. No se entiende que si el PSOE no estuviera pensando en indultar a los presos posiblemente condenados tras el juicio estuviese bloqueando estas iniciativas”, ha asegurado, para añadir después que ese bloqueo es “consecuencia directa” de las intenciones de los socialistas.
Albert Rivera, por su parte, ha rechazado en los pasillos del Congreso de los Diputados que, a cambio de apoyos parlamentarios, el Gobierno indulte a aquellos que resulten condenados por los tribunales, y ha asegurado que él no lo hará si alguna vez es presidente. “Lo único que espero es que se haga Justicia”, ha señalado el presidente de Ciudadanos.
El PP se ha atribuido este martes la celebración del juicio al procés iniciado en el Tribunal Supremo, a la vez que ha rechazado cualquier “presión partidista” sobre los jueces encargados de decidir sobre la culpabilidad de los líderes independentistas procesados. García Egea ha leído una declaración institucional en la que los populares consideran que “si este juicio empieza hoy es porque el Gobierno del PP lo denunció en septiembre de 2017”.
“Sin aquello no estaríamos hoy aquí. Fue un Gobierno del PP el que impidió, con la ley en la mano pero con determinación y la legitimidad de la Constitución, que fructificasen los presuntos actos delictivos que hoy se juzgan”, ha insistido durante una comparecencia en la sede nacional del partido de la calle de Génova de Madrid.
El PP ha dejado de manifiesto sus contradicciones sobre el juicio. Por un lado, García Egea ha rechazado las “presiones partidistas” sobre los jueces del Supremo y ha pedido a los políticos un “respetuoso silencio” para que la justicia pueda desarrollar su trabajo. Por otro, el número dos de los populares ha sentenciado que “los presos van a ser juzgados por el mayor ataque a nuestra Democracia que hemos vivido desde el 23-F”.
“Un golpe al Estado”, ha añadido, “en el que se ha pretendido romper el marco de convivencia de los españoles, destruyendo la Constitución y dejando a 7 millones de catalanes a merced de la arbitrariedad de unas instituciones que desbordaron sus funciones constitucionales”.
El proceso que hoy comienza, ha apuntado el número dos del PP “demuestra que el Estado de Derecho funciona en España” porque “el rasgo fundamental del Estado de Derecho es que los poderes públicos también están sometidos a la ley”. “Defendemos la imparcialidad de la Justicia y respetamos la plena independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, encomendadas por la Constitución y las leyes”, ha zanjado.
Además, ha querido rechazar “cualquier tipo de presión sobre el Poder Judicial que se pretenda ejercer”. Por ello, García Egea ha anunciado que el PP “velará, en todas las instituciones en las que está presente, porque los jueces puedan trabajar con todas las garantías e independencia que les confiere la Constitución Española, rechazando todos los actos de presión, coacción o violencia que, sobre el Tribunal Supremo, han emprendido los secesionistas”.
El número dos de los populares ha pedido asimismo al Gobierno “que garantice el normal funcionamiento del juicio, velando especialmente porque la sociedad española no sea víctima del chantaje al que los independentistas quieren someterla. Exigimos también al Gobierno que no interfiera en las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo negociando pactos o acuerdos secretos que desnaturalicen las actuaciones de la justicia”.