El Partido Popular vio esta tarde cumplido su deseo de que jueces españoles no puedan investigar los crímenes cometidos por China en el Tíbet. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, en una votación muy dividida, el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos expresidentes y otros seis antiguos cargos del régimen chino por el genocidio en el citado país y la represión de los miembros de la secta Falun Gong. Nueve jueces frente a siete han interpretado que la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno les deja sin competencias para seguir unos hechos tipificados como genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Solo han pasado cinco meses desde que el Congreso aprobara la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba aún más la jurisdicción universal -el PSOE ya achicó su alcance en 2009-. La causa del Tíbet fue el auténtico motivo de la reforma de urgencia impulsada por el Grupo Popular en el Congreso. Pekín había trasladado su profundo malestar por lo que considera una injerencia y el Gobierno del PP se puso a trabajar para no ofender al país que posee el 20% de la deuda pública española.
Los ocho querellados en la causa del Tíbet y Falun Gong no son españoles, ni residen habitualmente en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas. Estos son los tres requisitos que deberían darse, según el nuevo texto, para que la Audiencia Nacional pudiera actuar.
En febrero el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun. Con anterioridad, había sido imputado en la causa el expresidente Hu Jintao.
En relación con el caso de Falun Gong, Moreno instruía una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo desde 1999. El procedimiento, que fue avalado en junio de 2006 por el Supremo, se dirigía, entre otros, contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002.
Continúa la investigación a Marruecos
Por contra, la Sala acuerda continuar con la instrucción de la causa por el asesinato el 8 de noviembre de 2010 del ciudadano español Baby Hamday Buyema en el asalto de Marruecos al “Campamento de la Dignidad” instalado cerca de El Aaiún por los saharauis. El hermano del fallecido se querelló contra varios ministros de Marruecos y mandos policiales del país. La Sala de lo Penal entiende que España sigue siendo administradora de derecho sobre el territorio del Sáhara, conforme a las normas de Naciones Unidas.
Por últimos, los 16 jueces que integraban hoy el Pleno de la Sala de lo Penal confirmaron la falta de jurisdicción de España para investigar a ocho egipcios que tripulaban un barco con casi diez toneladas de hachís por aguas internacionales próximas a España. El juez Fernando Andreu ya había acordado su libertad.