El PP bloquea la reforma de la ley de extranjería y delega en sus barones negociar la acogida de menores

El PP repite desde hace meses que España, especialmente Canarias, padece la “peor crisis migratoria de las últimas décadas”. Una situación que, según el primer partido de la oposición, provoca una crisis humanitaria por el hacinamiento de miles de personas, muchas de ellas menores. Este miércoles se volvieron a reunir las partes implicadas, incluidos los representantes institucionales de Ceuta, para buscar una solución integral. Pero la rigidez del PP, a través de su negociador Miguel Tellado, ha bloqueado cualquier opción de acuerdo. Y quizá de forma casi definitiva, lo que aboca al Ejecutivo a buscar soluciones de urgencia con las comunidades autónomas.

Las expectativas ante la reunión de este miércoles eran nulas de antemano. El PP se había ocupado de dejar claro que solo aceptará reformar la ley para sistematizar la solidaridad interterritorial en el acogimiento de menores si el Gobierno renuncia a su política migratoria y asume la de Feijóo. Un planteamiento que el Ejecutivo rechaza de plano. “No sabíamos que teníamos que abrazar su política para poder gobernar”, apunta una de las personas presentes en la cita.

La reunión tuvo lugar en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, en un señorial edificio anejo al Congreso. El presidente canario, Fernando Clavijo, ejerció de anfitrión. También estuvieron presentes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la de Infancia, Sira Rego, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas (PP), además del propio Tellado y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Alós. 

El encuentro se prolongó cerca de dos horas, pero el resultado fue infructuoso. A la salida, y antes de viajar a Valencia a respaldar a Carlos Mazón en su primera comparecencia ante la dirección del PP autonómico tras la DANA, Tellado dejó clara la posición de la dirección que preside Feijóo: pidió un “cambio de política migratoria” y tachó de “error” el “empeño” del Gobierno en modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para “imponer un reparto”.

Esa reforma legal es el quid de la cuestión porque, hoy por hoy, no hay forma de obligar a las comunidades autónomas a acoger a los menores que se comprometen. De hecho, las comunidades gobernadas por el PP aún no han asumido el cuidado de los 400 menores pese a haberlo pactado el pasado mes de julio en una negociación que ya venía de más atrás. Entretanto, el Gobierno reparte el dinero comprometido con las regiones para sufragar gastos derivados de esta atención. 

Nueva propuesta de Clavijo

Tellado presumió antes de la reunión de acudir a la cita como representante de 12 gobiernos autonómicos más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero ante el bloqueo, el Gobierno y Canarias plantearon la necesidad de abordar un reparto de urgencia que, como el del pasado mes de julio, ayude a rebajar la presión asistencial tanto en las islas como en las ciudades autónomas del norte de África.

Fuentes presentes en la reunión aseguran a elDiario.es que Tellado dijo no poder asumir esa negociación y remitió a una futura conferencia sectorial entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo aseguran que dicha reunión se convocará pronto, aunque no antes de final de año.

Las partes salieron de la reunión con visibles signos de enfado. El presidente canario, Fernando Clavijo, que gobierna con el apoyo del PP, ni siquiera quiso atender a los periodistas que estuvieron esperando frente a la delegación madrileña de su Gobierno. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, permanece al margen de unas conversaciones que tutela directamente la dirección nacional. 

Clavijo ha intentado en el último año buscar una posición intermedia que pudiera convencer a todos. Primero presionó para que el PP aceptara una reforma del artículo 35 que los de Feijóo tumbaron junto a Junts. Después, firmó un documento con el propio Feijóo que incluía una serie de peticiones que en buena medida ya han sido cumplidas por el Gobierno central.

Este miércoles, Clavijo acudió a la reunión con una nueva propuesta técnica que permita establecer los parámetros de cuándo debe hacerse cargo de los menores la región receptora, a partir de qué presión se puede activar el mecanismo de reparto a otras comunidades y qué parte debe financiar el Gobierno central. 

Pero el partido de Feijóo ha preferido bloquear las negociaciones. De hecho, una de las personas presentes en la reunión por parte del PP dijo al salir que la de este miércoles sería la última cita de estas características: “Ya no hay más reuniones”.

Quien sí habló fue el presidente de Ceuta, el popular Juan José Vivas, aunque en un primer momento quiso esquivar a la prensa. “El Gobierno de la Ciudad Autónoma sale de la reunión frustrado, pero con la misma posición que tenía cuando entró”, dijo antes de irse, y zanjó: “Creemos que es necesaria la modificación del artículo 35 de la ley. Creemos que es necesario asumir que el fenómeno de la migración afecta a los menores. Es un asunto que compete, que concierne más que compete, a toda España, no solamente a Canarias o Ceuta. Creemos que se tiene que enfocar desde el punto de vista de la solidaridad, de la corresponsabilidad y del espíritu de la Constitución, ahora que la vamos a celebrar pronto”.

Vivas dijo no querer señalar a ningún culpable del fiasco de la cita.

Mientras, el Gobierno recibió la visita del presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, país al que ya viajó Pedro Sánchez el pasado verano en plena escalada de la salida de migrantes hacia España y con quien se han firmado diferentes acuerdos de cooperación.

El presidente mauritano no solo se reunió con el presidente del Gobierno. También con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Una recepción sobre la que la Casa del Rey no ha querido hacer comentarios y a la que asistió por parte española el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

El gobierno abre la puerta a la reforma por decreto

Después de un año de negociaciones baldías con el PP, en el Gobierno admiten que han dejado de tener expectativas sobre la voluntad real de los de Feijóo para alcanzar un acuerdo al que Pedro Sánchez otorgó la máxima prioridad tras su investidura. El presidente encargó personalmente al ministro Ángel Víctor Torres llegar a un entendimiento con la oposición sobre los mecanismos de acogida a los menores migrantes, un tema que el titular de Política Territorial conoce de primera mano como expresidente canario. 

Aseguran en el Ejecutivo que abordaron esas conversaciones con moderado optimismo. Porque los populares forman parte del gobierno canario y porque la vía de entendimiento con el presidente Clavijo se había demostrado fructífera en la investidura. Pero nada más lejos de la realidad. Fuentes del Gobierno al tanto de las negociaciones aseguran que durante el último año se han llegado a aceptar hasta una decenas de exigencias que el PP ha puesto encima de la mesa en diferentes fases de la negociación. La última, la de reclamarle a la presidenta de la Comisión Europea mayor implicación en la atención de los menores migrantes. 

Pero el resultado siempre ha sido el mismo. A cada exigencia de los populares cumplida por el Gobierno ha seguido una nueva demanda. La de este jueves, que Sánchez haga suya la política migratoria global de la oposición en materias como las extradiciones, el control de fronteras o la política de asilo, un debate que trasciende con creces el motivo de la negociación, centrado en la gestión de los menores migrantes. 

En el equipo de Pedro Sánchez sostienen que la actitud del PP durante toda la negociación obedece principalmente a dos motivos. El primero, su dependencia de Vox para sacar adelante los presupuestos de las Comunidades y Ayuntamientos en los que la extrema derecha es indispensable desde un punto de vista matemático. Los de Santiago Abascal habían “suspendido” las negociaciones ante la reunión de este miércoles. En verano, Vox ya rompió los Gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

Y el segundo, la influencia de Isabel Díaz Ayuso. Según las fuentes del Gobierno consultadas, es siempre el ejecutivo madrileño el primero en desmarcarse en las conferencias sectoriales de los mecanismos de solidaridad interterritorial que se plantean. Y que después de ese desmarque va siempre detrás la calle Génova. 

Por eso, y porque la situación de Canarias y de los menores migrantes llegados se agrava por días (a día de hoy se cifran en 6.000, según las fuentes consultadas), en el Ejecutivo abren ya la puerta a materializar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería por decreto. Ese decreto luego requiere del apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados, que ya rechazaron la toma en consideración de la reforma antes del verano con los votos en contra del propio PP pero también de Junts. 

Con los de Puigdemont, el Gobierno ultima un acuerdo previo a los Presupuestos Generales del Estado para la delegación de competencias a Catalunya en materia migratoria, uno de los compromisos adquiridos con los independentistas a cambio de su apoyo parlamentario. Y justo en ese contexto hay quien asegura en el Ejecutivo central que habría espacio para encontrar en Junts un respaldo a la reforma de la ley de extranjería que consideran prioritaria para dar respuesta a la crisis que afrontan territorios como Ceuta o Canarias y que mantiene en un limbo legal y en la más absoluta indefensión a casi 6.000 chavales migrantes.