Pablo Casado dio la consigna horas después de que el Gobierno de coalición alcanzara un acuerdo interno sobre los términos exactos de la regulación de los precios del alquiler que regulará la primera ley estatal de vivienda. El texto todavía no se conocía, pero el Partido Popular ya sabía que lo iba rechazar. “Que cada uno haga lo que le dé la gana con lo que es suyo”, dijo el 6 de octubre durante una entrevista en Telecinco. Y anunció que la ley “no se va a aplicar” allí donde gobiernan, ya que la norma, cuyo trámite de aprobación acaba de comenzar, permite a ayuntamientos y comunidades autónomas aplicar o no a su libre voluntad las medidas que incluye.
Las cinco comunidades autónomas que gobierna el PP se han alineado con la consigna de Casado. 21,8 millones de españoles, el 46,1% de la población total, se quedarán así al margen de las principales medidas de control del alquiler que contempla la ley. No solo de la limitación del precio en las zonas tensionadas, sino también de los beneficios fiscales de hasta el 90% previsto para los arrendadores. En el lado opuesto, los propietarios que opten por tener sus propiedades vacías y no sacarlas al mercado del alquiler no verán recargada su factura del Impuesto de Bienes Inmuebles.
La primera en ponerse al lado de Casado fue Isabel Díaz Ayuso. No se sabe si por compañerismo (días antes habían teatralizado una paz interna que comenzó a resquebrajarse en cuanto se apagaron los focos), o por competir con su jefe de filas para ver quién le hace más oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, de quien se declara abiertamente antagonista siempre que puede.
La presidenta de Madrid ni siquiera esperó al argumentario prefabricado que cada día reparten desde Génova a dirigentes y portavoces. Incluso antes de que el PSOE y Unidas Podemos anunciaran su acuerdo, ella ya calificó de “ataque directo a la propiedad privada” la opción de regular los alquileres. Desde entonces ha mantenido la misma posición. “No aplicaremos los enunciados de esta norma”, dijo después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley.
En esta materia los matices dentro del PP no existen, o son muy livianos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, siguió a pies juntillas la doctrina de la dirección nacional. Rechazó la ley a priori y la calificó de “atropello”. Eso sí, dejó claro que ni él ni nadie conocía entonces el texto gubernamental. Una oda a la sinceridad, ya que el anteproyecto no pasó su primera criba en el Consejo de Ministros hasta el pasado martes, 26 de octubre. 20 días después de que todo el PP expresara su más absoluto rechazo a la norma. El Gobierno espera que esté definitivamente aprobado en el segundo semestre de 2022.
Ahora, el anteproyecto de ley ya es público. Y el rechazo de los autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP se mantiene en los mismos términos que antes de conocer su contenido. Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta aseguran a elDiario.es que el Gobierno gallego “no tiene previsto limitar el precio del alquiler”. “Lamentamos que el Gobierno central haya aprobado el anteproyecto sin antes consultar las medidas a impulsar con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia”, apuntan desde el mismo departamento, que anuncia “alegaciones en el actual trámite de información pública”.
Desde la Xunta esgrimen las críticas habituales contra la ley: la “apuesta por las medidas incentivadoras y no por las restrictivas” que “desincentivan” y la denuncia de que la “seguridad jurídica que se está viendo claramente afectada”.
En Andalucía tampoco se implantarán las medidas de la norma. La secretaria general de Vivienda de Andalucía, lo advertía el mismo martes: “No vamos a aplicar esta ley de vivienda”. Alicia Martínez venía a confirmar lo que ya había anticipado a principios de octubre su jefa, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien denunció que en lugar del consenso con las comunidades autónomas, se ha cedido a los “comunistas” y se ha optado por medidas que “intervienen en el mercado y que suponen un atropello a la propiedad privada”.
Tampoco Fernando López Miras se quedó atrás. El presidente de Murcia anunció hace un mes que bloqueará la ley en la Región. “El gobierno regional apuesta por la libertad de las personas, por la libre competencia, por la economía de mercado, porque cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que le dé la gana con lo que se ha ganado con el sudor de su frente”, dijo, sin desviarse un milímetro del discurso de Génova.
Otro de los perfiles supuestamente moderados y democristianos dentro del PP, Alfonso López Mañueco, también zanjaron el debate el mismo 6 de octubre. En su cuenta de Twitter dijo rechazar “las políticas intervencionistas” y defendió la gestión de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda.
Tampoco a nivel municipal parece que el PP vaya a aplicar la normativa, toda vez que se apruebe. Según el texto, serán los ayuntamientos los que tendrán que solicitar a gobiernos autonómicos que declaren una zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler. Sin este paso previo, incluso en aquellas regiones donde el Gobierno opte por aplicar la norma los alcaldes tendrán en su mano poner en marcha el proceso.
Madrid vuelve aquí a convertirse en la punta de lanza del PP. José Luis Martínez Almeida pasó de decir que no iba a hacer “nada” para regular los precios del alquiler en Madrid, a impulsar un plan que beneficia a los inversores del sector privado a los que ha puesto a su disposición cerca de 150.000 metros cuadrados de suelo municipal para la edificación de 2.500 pisos destinados al alquiler “asequible”. El plan fue presentado por el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, quien dijo que los pisos comenzarán a construirse, previsiblemente, “después del verano” y el Ayuntamiento establecerá una renta máxima de alquiler que siempre será menor que los precios actuales de mercado de cada zona.
El pasado miércoles, durante el Pleno del Ayuntamiento, Almeida insistió en que no iba a hacer “nada de lo que la izquierda plantea”, porque considera que la ley del Gobierno es intervencionista y son políticas fracasadas. Entre otras cosas, y más allá de la regulación de precios del alquiler, advirtió de que no penalizará a los propietarios de viviendas vacías de Madrid con un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Pero, ¿y más allá de Madrid? Algunos presidentes del PP se pueden encontrar con la presión de sus principales ciudades para que sí apliquen la norma. En Murcia, por ejemplo, el alcalde de la capital, el socialista José Antonio Serrano, aseguró que la norma “va a contribuir a regular precios y a aplicar bonificaciones, además de ayudar a colectivos como el de los jóvenes para que puedan independizarse”.
Sin límite del alquiler... ni beneficios fiscales
Parafraseando a su colega madrileño, Serrano apuntó: “Como responsable político y como alcalde aplaudo esta ley, lo que no nos vale es no hacer nada”. El PSOE gobierna la ciudad de Murcia en coalición con Ciudadanos, cuya dirección nacional sí rechaza la nueva norma.
La Ley por el Derecho a la Vivienda que ha arrancado ahora su tramitación es que las competencias en la materia son principalmente de ámbito autonómico, tal y como establece expresamente la Constitución. Así, la clave de la norma es la declaración de “zona tensionada”, a petición de los municipios, y para lo se tienen que cumplir dos requisitos: que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona; y que el precio de las viviendas haya aumentado más de un 5%, respecto al IPC de esa Comunidad. Una declaración que será necesaria para aplicar las deducciones fiscales para pequeños propietarios que recoge el texto aprobado por el Gobierno.
Así, los propietarios en zonas tensionadas en comunidades que no las declaren como tal, así como los municipios que no lo soliciten, no podrán acogerse a incentivos fiscales. Por ejemplo, los pequeños propietarios que en esas zonas saquen sus pisos al alquiler y firmen nuevos contratos habrá descuentos en impuestos.
Lo que sí podrán hacer los ayuntamientos, al margen de los gobiernos autonómicos, es elevar el IBI a los propietarios de viviendas vacías. Pero ahí el PP también ha cortado las alas a sus regidores. Un ejemplo vuelve a ser Madrid, pero no solo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, dijo tras conocerse el acuerdo del Gobierno de coalición: “Que no cuente conmigo Pedro Sánchez para castigar a los santanderinos”. Un día después, el 7 de octubre, concretó: “Aquí no se va a subir el IBI”. Toda una declaración de intenciones de cómo acogerá el partido una de las leyes estrella del Gobierno de coalición.
Con información de Beatriz Muñoz, Carmen Moraga y Santiago Cabrera.