El PP ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que califican de “abusiva” una futura mayoría progresista en el Tribunal Constitucional pero afirman que su mano “está tendida” para “intentar de nuevo que se supere el bloqueo” del Poder Judicial, tras la amenaza de Carlos Lesmes de presentar su dimisión en “semanas” si no se alcanza un acuerdo. El ultimátum de dimisión es el último episodio de un escenario de parálisis propiciado por el propio PP, que se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.
Bolaños ha respondido poco después calificando la carta de “Intento de aparentar de cara a la galería”. “Si quisieran renovar de verdad, que me llamen por teléfono y en una tarde renovamos el Poder Judicial. Han enviado un documento con once folios lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones. Respondo a Feijóo con tres palabras: cumpla la ley. O está usted con el estado de derecho o está usted insumiso al cumplimiento de la ley”, ha manifestado en una rueda de prensa en Logroño este viernes.
El ministro de la Presidencia ha pedido “dar tiempo” a que los vocales del Poder Judicial cumplan la ley y nombren antes del 13 de septiembre a los dos magistrados del Constitucional que les corresponden. “El Gobierno lo único que manifiesta es su máximo respeto. Tienen un plazo legal que establece la ley y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad y sin presiones y que por supuesto cumplan la ley”, ha señalado.
El PP llama “abusiva” a la mayoría progresista en el Constitucional
En la misiva, firmada por Esteban González Pons, el PP critica al Ejecutivo y califica de “abusiva” la mayoría progresista que se produciría con el relevo en el Tribunal Constitucional, ahora de mayoría conservadora. “Un régimen constitucional pleno exige un Tribunal Constitucional en el que todos los ciudadanos puedan confiar. Ganar el Constitucional para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca una tan abusiva como la que se plantea en estos momentos”, recoge la carta de Pons, vicesecretario de Política Institucional del Partido Popular.
El Constitucional está compuesto por once miembros tras la renuncia en julio del conservador Alfredo Montoya por motivos de salud. Hoy seis de ellos son conservadores y cinco progresistas. Los que tienen el mandato caducado son tres conservadores y un progresista y, derivado del sistema de elección establecido, debieran tomar posesión tres progresistas y un conservador en este turno. Esa mayoría de seis a cinco a favor de los conservadores tornará, por tanto, en otra progresista de siete a cuatro.
Aun cuando más adelante se respete la mayoría conservadora en el Senado que regía cuando fue elegido el cesante Montoya, y sea sustituido por otro magistrado a propuesta del PP, seguirá habiendo mayoría progresista de siete a 5 en el Constitucional.
La nueva composición del Tribunal Constitucional, cuando sea renovado, tendrá que decidir sobre asuntos tan relevantes como la Ley de Plazos del Aborto, recurrida por el PP hace 12 años, la conocida como Ley Celáa de Educación –por la ministra socialista que la aprobó–, la Ley de la Eutanasia o la reforma del CGPJ que aprobó el Gobierno para impedir que el órgano nombre a jueces con el mandato caducado, como estaba ocurriendo por la negativa del PP a renovar el Poder Judicial.
Las condiciones del PP
El PP pide como condición que en el proceso de selección para la renovación del Poder Judicial no se proponga “por el turno de juristas a jueces que no fueron candidatos respaldados por sus compañeros” y que la elección del presidente sea realizada por los vocales “sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo” tanto en el Poder Judicial como en el Constitucional. De manera simultánea a la renovación, proponen impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia.
Este miércoles, durante su discurso en la inauguración del año judicial, Carlos Lesmes pidió a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez que renovasen el órgano de gobierno de los jueces y aseguró que dimitiría en “semanas” de no producirse ese pacto. Un día después, el jueves, el pleno extraordinario del Poder Judicial acabó sin acuerdo respecto a los dos nombramientos que le corresponde realizar en el Constitucional. Tan solo se fijaron unas “reglas de procedimiento” sobre la designación de los aspirantes, pero no se debatió sobre sus nombres, de forma que se retrasará el proceso y hará imposible cumplir con la ley, que tras su última modificación fija la fecha tope en el próximo martes, 13 de septiembre. El Gobierno ha decidido no nombrar a sus dos magistrados del Constitucional hasta que el órgano de gobierno de los jueces designe a los suyos.