El PP cambia de postura y vota con Ciudadanos y Vox por un nuevo sistema de elección del Poder Judicial cuya renovación bloquea desde 2018

El Partido Popular, que hasta hace tan solo dos semanas negoció con el PSOE una inminente renovación de la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace dos años, ha decidido este martes modificar su postura en el Congreso de los Diputados votando a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección del máximo órgano de Gobierno de los jueces. La propuesta, que también ha sido respaldada por Vox, será sin embargo rechazada por el 'no' de PSOE, Unidas Podemos y el resto de fuerzas de izquierdas y nacionalistas que garantizaron la investidura de Pedro Sánchez. La votación celebrada este martes por la noche ha deparado 152 síes, 174 noes y 19 abstenciones.

“El cambio del sistema de elección de CGPJ coincide plenamente con el que proponemos nosotros”, aseguraba durante el debate la diputada popular Edurne Uriarte, que ha considerado que la propuesta de Ciudadanos “contribuirá a la independencia del Poder Judicial” y que ha cargado contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos al considerar “inconstitucional” su actividad por llegar a acuerdos con fuerzas independentistas y, en especial, con EH Bildu. “Cuando ustedes mencionan la Constitución me recuerdan a Iglesias, comunista confeso, invocando el artículo 128, y yo recordando a Hugo Chávez diciendo 'exprópiese'”, ha llegado a asegurar dirigiéndose al Gobierno, mentando a Venezuela.

El PP lleva dos años bloqueando la renovación del Poder Judicial, por lo que dicho órgano mantiene la mayoría conservadora que correspondía a la etapa de mayoría absoluta de los populares. En las elecciones de 2011, los populares se presentaron con un programa donde pedían exactamente lo mismo que plantea la iniciativa de Ciudadanos: que una parte del CGPJ fuera elegido por los jueces. Pero después obtuvo la mayoría absoluta e hizo exactamente lo contrario. En 2013 cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para aumentar el control político sobre la Justicia, tal y como denunciaron entonces asociaciones judiciales y partidos de la oposición.

Con la reforma de Rajoy –que sigue en vigor–, el número de vocales del máximo órgano de los jueces siguió siendo de 20, tal y como señala la Constitución, y se recogió que todos fueran elegidos por el Parlamento, a pesar de que en su programa electoral de 2011 el PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Hasta entonces, cada Cámara legislativa –Congreso y Senado– elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales presentaban candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también podían ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

Desde la reforma de 2013, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, no hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tenía en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, pudo nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie.

Por todo ello, Isaura Leal, la representante socialista que ha intervenido durante el debate de este martes para defender el rechazo a la iniciativa le ha espetado lo siguiente a la portavoz del PP: “Señora Uriarte, deje de invocar la Constitución y limítese a cumplirla”.

El texto de Ciudadanos pretendía que los miembros del CGPJ fueran elegidos en exclusiva por parte del propio poder judicial, excluyendo de la elección al poder legislativo. También buscaba imponer a jueces y magistrados una limitación al reingreso en la carrera judicial, “por un tiempo mínimo de dos años, así como la prohibición de incorporación a Juzgados y Tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que se estuviera o hubiera estado vinculado”.

“Es una de las grandes reformas pendientes en nuestro país, nos haría sentir orgullosos a todos los que estamos en el hemiciclo y sería un salto cualitativo en el país, además de una eficaz herramienta para luchar contra la corrupción”, aseguraba durante la defensa de la iniciativa la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. A su juicio, su reforma “es profunda y ambiciosa, es sencilla de acometer y no cuesta nada a los españoles”.

Su objetivo, ha dicho Arrimadas, es “eliminar el control de las zarpas políticas de la justicia española”. Por eso ha apelado a “recuperar el espíritu de la Transición” en el que, según ella, la pretensión era que “la mayoría de los miembros” del CGPJ “fuesen elegidos por los propios jueces”. Así fue, ha proseguido, “hasta que un Gobierno socialista decidió que los 20 fueran elegidos por los políticos”. Desde entonces, ha concluido, “hemos asistido a un vergonzoso reparto de jueces”.  

Santiago (Unidas Podemos), al PP: “Su actitud es sediciosa”

Esta visión de la líder de Ciudadanos ha sido refutada por los representantes de los partidos de la izquierda y nacionalistas. Especialmente duro contra el PP ha sido el representante de Unidas Podemos, Enrique Santiago. “Al no permitir la renovación del CGPJ están atacando a la independencia del Poder Judicial y desprecian los derechos políticos de Unidas Podemos y el PSOE igual que segregan los barrios de la clase trabajadora”, ha asegurado.

En su opinión, “negar el derecho a elegir a los que votan a otros partidos es una actitud sediciosa”, por lo que la reforma es “incompatible con los valores democráticos, eliminando cualquier participación del poder popular”. “El poder judicial tiene legitimidad si es elegido democráticamente. ¿Cómo se les ocurre que el poder judicial elija al poder judicial? ¿Van a pedir que el poder ejecutivo elija al poder ejecutivo?”, ha ironizado. “Las instituciones no son apolíticas, las apolíticas son las dictaduras”, ha insistido Santiago, que ha propuesto la modificación de la Ley del Poder Judicial en estricta aplicación que solo exige tres quintos de los votos de Congreso y Senado para la elección de los juristas del CGPJ.

En la misma línea se han expresado representantes de formaciones independentistas como ERC, EH Bildu o el BNG. El portavoz de la formación independentista vasca, Jon Iñarritu, ha recordado que “el bloqueo del PP para la renovación del CGPJ está encima de la mesa” así como “los nombramientos del señor Lesmes” –en alusión a los nombramientos de jueces–, “con repercusiones de 10 a 15 años”. También ha apuntado a “las presiones de la señora Madrigal” a la Fiscalía y al artículo de eldiario.es que recoge el monopolio del PP en el Tribunal Supremo con 25 años de bloqueos para controlar el Poder Judicial.

La portavoz de ERC Carolina Telechea, ha asegurado por su parte que el Poder Judicial “necesita más que una reforma”. “Los problemas que tiene son demasiados para un debate de toma en consideración. ¿Cómo va a ser independiente el Poder Judicial si es heredero del franquismo? Nunca hizo la transición para adaptarse a las exigencias de un estado democrático”, ha remarcado.